Más de medio millón de personas carecen de documentos para poder votar - Los observadores internacionales tendrán restricciones de movimiento
CARLOS SALINAS MALDONADO - EL PAIS
Daniel Ortega busca una reelección que viola la Constitución
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El Consejo Electoral es acusado de estar a las órdenes del presidente
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Muchos de los indocumentados viven en bastiones de la oposición
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Algunos vecinos de Siuna llevan seis años esperando el carné de identidad
Mientras, en Managua, Ortega, quien busca su reelección violando la Constitución, arremetía contra los organismos internacionales de observación electoral. Los observadores tendrán que someterse a un reglamento de "acompañamiento" que limita su trabajo, hasta el extremo de que será el CSE el que establezca las rutas que podrán recorrer el día de la elección.
Siuna es una comunidad selvática de difícil acceso, a seis horas en coche desde Managua, por caminos pedregosos y cubiertos de fango. Forma parte del llamado corredor de la Contra, comunidades donde se movía la guerrilla derechista financiada por EE UU durante la cruenta guerra civil de los ochenta. La zona es un bastión opositor al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega. Nadie en Nicaragua prestaba atención a las necesidades de este poblado, hasta que sus vecinos ocuparon las portadas de los diarios con sus protestas. "Siuna no va a aguantar más este atropello a sus derechos", dijo Felipe Morales, uno de los líderes de las protestas en Siuna. "Urge que toda esta gente que no tiene identificación pueda sentirse nicaragüense".
Cansados de ser considerados como ciudadanos de segunda, los habitantes de la localidad levantaron retenes durante nueve días en las principales vías de acceso al poblado y se enfrentaron a balazos y machetes con los transportistas, que exigían liberar el paso tras nueve días de protestas. Los choques dejaron al menos cuatro heridos, además de varios autobuses y camiones destruidos.
La lluvia de balas y piedras que se registró en Siuna fue el capítulo más violento de un descontentó que empezó hace ya un mes, y que ha hecho que centenares de nicaragüenses de las zonas más remotas cierren sus poblados en protestas por la falta de cédulas. Antes se habían revelado San Fernando y San José de Bocay. También se han registrado protestas en Managua, aunque con menor intensidad, frente a la sede del CSE, donde los manifestantes han pedido la renuncia del presidente de ese organismo, Roberto Rivas.
Rivas es acusado de responder a las órdenes del presidente Ortega y de fraguar el supuesto fraude electoral denunciado por la oposición en las elecciones municipales de 2008, cuyos resultados favorecieron al Frente Sandinista. Rivas y otros seis magistrados del CSE se mantienen en sus cargos debido a un decreto presidencial emitido por Ortega en enero de 2010, conocido en Nicaragua como el decretazo, en el que extendía de facto el periodo de una veintena de funcionarios de Estado a quienes se les había vencido su mandato constitucional. Según los analistas, Rivas es una pieza básica en los planes de reelección del mandatario nicaragüense. Fue él quien afirmó que la candidatura de Ortega "está escrita en piedra", a pesar de que el artículo 147 de la Constitución prohíbe la reelección continua y en el caso de que el candidato haya ocupado la presidencia en dos ocasiones, que es el caso del exguerrillero sandinista.
Ortega se enfrentará en las elecciones al empresario Fabio Gadea, quien según las encuestas tiene mayores posibilidades de plantar cara al caudillo sandinista, y al expresidente Arnoldo Alemán, despreciado por gran parte del electorado. Alemán, quien estos días ha perdido mucho peso tras someterse supuestamente a una operación gástrica, pide a los nicaragüenses una segunda oportunidad para gobernar el país. El controvertido político, caudillo liberal y aliado de Ortega, con el que selló un pacto en 1998 para repartirse el control de todos los poderes del Estado, fue condenado por corrupción durante su Administración (1997-2002), y más tarde liberado por un cuestionado fallo judicial a cambio de entregarle al Frente Sandinista el control de la Junta Directiva del Parlamento.
El político liberal se dio un baño de masas en Matagalpa el fin de semana, en el arranque oficial de la campaña, esperando con eso expiar sus culpas y obtener los votos que lo devuelvan al poder en Nicaragua.
Mientras tanto, la calma ha ido regresando a Siuna. Ante la violencia desatada, los magistrados del CSE accedieron a enviar a la localidad equipos para la identificación de al menos 1.096 personas. En algunos casos, hay ciudadanos que solicitaron el documento hace seis años. Además, los funcionarios electorales se han comprometido a iniciar los trámites para entregar carnés a unas 8.000 personas. Sin embargo, de cumplirse esta promesa, los documentos serían entregadas a inicios del próximo año, después de las votaciones. Al alcalde de Siuna, el liberal Julián Gaitán, las promesas del magistrado Rivas le generan poca confianza: "No le creo a Roberto Rivas absolutamente nada", dijo.
Por el momento, los campesinos han levantado los retenes y guardado sus revólveres y machetes, pero han dejado claro que volverán a las calles si el CSE no cumple lo prometido. "Vamos a defender nuestros derechos. Aquí está la Contra, la Contra no se ha muerto. Estamos en pie de lucha", dijo Humberto Zelaya, uno de los campesinos de Siuna que participaron en las protestas.
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