GUATEMALA: EL VOTO NULO PARA PRESIDENTE ES EL VOTO DE LA LUCIDEZ

Por Juan Hernández Pico, S. J.

En el “Ensayo sobre la Ceguera”, la única persona

que no se vuelve ciega es la que con lucidez puede

descifrar la parábola de Saramago sobre la humanidad.

En el “Ensayo sobre la lucidez” esta misma persona

es la que clandestinamente sugiere a la población entera

votar en blanco en una elección de alcance nacional.

Al final acaba asesinada porque el sistema político

no puede aguantar ese desafío absolutamente lúcido.

Pienso que hoy en Guatemala la más inteligente, responsable y lúcida actuación de la sociedad civil sería acudir a las urnas y votar nulo en la elección presidencial –no abstenerse de votar, porque es preciso participar electoralmente de otras maneras, ni votar en blanco, porque cabría la manipulación fraudulenta. ¿Por qué?

El voto nulo contra el general Otto Pérez Molina

El voto por el general en retiro Otto Pérez Molina podría significar el regreso del autoritarismo militarista. El mismo anuncia que “mi gobierno será con mano dura; voy a combatir el crimen organizado y toda la violencia con el Ejército…se crearán estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz y garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos.” Habla incluso de usar “fuerzas de tarea” (task forces), una táctica militar utilizada por el Ejército contra la guerrilla en los años 80 y 90 del siglo pasado. Hacerlo hoy contra el crimen organizado y, en su interior, específicamente contra el narcotráfico, nos puede llevar a una situación de guerra total brutal como la que está padeciendo México, o retrotraernos a una represión militar indiscriminada como la que documentó la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999, en su informe “Guatemala, Memoria del Silencio” y que Pérez Molina considera equivocado. El gran problema es que el 55% de los habitantes en Guatemala es menor de 23 años. ¿Han conocido el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre el conflicto armado interno? ¿Ha sido ese informe incorporado en el pensum de la educación nacional, desde la primaria a la universidad? No por desgracia. Otto Pérez Molina lo rechaza porque piensa él que “no dice la verdad sobre lo que pasó en el país…porque el Ejército no participó… Y fui el principal crítico del Ejército. El Ejército se inhibió y no fue a explicar qué era el Plan Victoria 82”. El candidato militar en retiro afirma que “las masacres están concentradas en el área del EGP, donde esta fuerza guerrillera “involucraba hasta los niños y las mujeres…dentro de las acciones y dentro del campo de batalla”. Por lo menos la masacre de la aldea Dos Erres, algunos de cuyos autores kaibiles acaban de ser sentenciados en Guatemala a treinta años de cárcel por cada víctima a la que masacraron, no estaba en zona de influencia del EGP, sino en el Petén. Es difícil entender cómo se podían involucrar a bebés o a fetos en el campo de batalla. Y sin embargo fueron estrellados contra las paredes o los árboles y sacados a cuchilladas del vientre de sus madres. Por lo demás, las masacres de toda una población no pueden ser justificadas nunca o volveríamos al nazismo hitleriano que arrasó la ciudad de Lídice, porque de allí habían salido los que atentaron contra Heydrich, gobernador nazi de Checoslovaquia y lo mataron.

Para ser honesto, debo añadir que para otras personas el voto por el general Otto Pérez Molina puede ser un voto por un firmante de los acuerdos de paz. Pero esto, vistos sus programas, me parece a mí una falacia.

El voto nulo contra la señora Sandra Torres

El voto por Sandra Torres, si al final fuera inscrita su candidatura, significaría aceptar que se puede jugar con las instituciones, es decir con la prohibición de presentarse a elección presidencial para los parientes cercanos en línea colateral del actual Presidente (artículo 186, inciso c, de la Constitución) , y que se puede hacer trampa con algo tan importante como el matrimonio divorciándose del esposo presidente unos meses antes de la elección presidencial; significaría pura y simplemente que el fin justifica los medios: “me estoy divorciando del Presidente, pero me estoy casando con la gente, con el pueblo”. Es cierto que Sandra Torres es la única candidata a la Presidencia de la República que se acuerda de los pobres y presenta programas en su favor. Pero también ha sido muy sospechosa su conducta de no permitir auditorías de esos programas. Hace pensar que quería ocultar algo, por ejemplo la formación a cuenta de esos programas de un fondo ilícito para su campaña electoral. Una persona sin escrúpulos no representa ninguna garantía para el desarrollo de las instituciones democráticas en Guatemala, y por tanto tampoco para los pobres.

También para ser honesto, debo añadir que hay en Guatemala personas que preferían votar por Sandra Torres porque toman en serio su preocupación por los pobres. He dejado claro que para mí esto no es suficiente si no se respeta la Constitución ni la auditoría social y legal de sus programas.

El voto nulo contra el resto de los candidatos

Por desgracia el resto de los candidatos o no da la talla (Suger, Baldizón, etc…) o no tiene posibilidad alguna pragmática de ser electo. Pensaba yo hasta hace poco que el Doctor Eduardo Suger era un hombre honesto. Sin embargo, en su hoja de servicios en la USAC hay borrones serios, como por ejemplo inasistencia a impartir clases para poder seguir jugando en las canchas deportivas. Su estilo de campaña, por otro lado, lo acerca cada más al militarismo que no queremos que se reproduzca en este país. Por lo que toca a Manuel Baldizón, su actitud tránsfuga en el Congreso –electo diputado bajo la bandera de la UNE y fundador de otra bancada diferente, LIDER- no ayuda a pensar bien de él como Presidente: si se puede abandonar al propio partido, qué fácil será no atenerse a las promesas electorales. Sobre el candidato Harold Caballeros pesa la sombra del rechazo de su inscripción porque la Constitución no permite a líderes religiosos (sacerdotes, pastores, etc.) aspirar a la Presidencia de la República. El Tribunal Supremo Electoral cree que este es el caso de Caballeros, aunque dejó de ser pastor hace varios años, entregando a su esposa el liderazgo de la Iglesia que había fundado (El Shaddai). El caso no ha sido definitivamente resuelto aún en la Corte Suprema o en la Corte Constitucional. Me gustaría poder decir que Rigoberta Menchú y su alianza de izquierdas y de políticos indígenas sería una opción atractiva. Sin ir más lejos, en El Salvador la existencia de una alternativa entre partidos fuertes de derecha y de izquierda, ha dado al electorado opciones claras y distintas sobre la base de diferentes maneras de ver el mundo y la sociedad, lo cual es profundamente democrático. No es el caso en Guatemala, donde lo más que han alcanzado las candidaturas de la izquierda desde los acuerdos de paz es un 15% de los votos en la elección del año 2000.

El mensaje a la clase política y a la sociedad civil

Pienso entonces, que sería importante enviar a la clase política de nuestro país un mensaje lúcido con nuestro voto nulo para que los candidatos presidenciales: dejen de jugar con el pueblo de este país, dejen de jugar con la sociedad civil. Y al mismo tiempo enviar a la sociedad civil un mensaje no menos lúcido invitando a sus miembros a pretender el poder del Estado a través de las elecciones si para ello tienen vocación y cualidades; y buscar ese poder para servir a las mayorías y no para servirse de él codiciosa o narcisístamente. Y al mismo tiempo difundir lo más posible el volumen-resumen del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico “Guatemala. Memoria del Silencio”. Con base en él se debería impugnar “socialmente” la candidatura de Otto Pérez Molina.

Con un voto nulo presidencial, es posible votar después con responsabilidad por aquellos candidatos al Congreso por jurisdicción nacional o de nuestra jurisdicción, y por los de la Alcaldía de nuestro municipio, que nos merezcan confianza. Y de lo contrario, si no existen, seguir votando nulo.

Naturalmente esta opción de lucidez tendría su peso auténtico si fuera seguida al menos por medio millón de votantes y mejor aún por un millón. Si sólo unos pocos miles lo hicieran, se perdería en el resto de los resultados. Abogar por esta opción es, sin embargo, un deber de conciencia para mí.

La impugnación en los Tribunales de la candidatura de Sandra Torres

Desde que escribí en envío en junio recién pasado, el panorama electoral en la carrera hacia la Presidencia de la República que culminará el próximo 11 de septiembre en primera vuelta, ha cambiado radicalmente.

Primero el oficial a cargo del Registro para inscripción de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral, declaró ilegal la inscripción de la candidatura presidencial de Sandra Torres Casanova, porque su intento de superar, con el divorcio en abril del Presidente Colom, la incapacidad de correr como candidata presidencial por ser cónyuge del actual presidente, constituye “fraude de ley”, es decir una trampa ilegítima para sortear su impedimento constitucional. Después el Tribunal Supremo Electoral ratificó por mayoría el fallo de su oficial de Registro. Mientras tanto, Sandra Torres y toda la coalición UNE-GANA continuaron en campaña y ella apeló esos dos fallos ante la Corte Suprema de Justicia. El día mismo de la vista, 29 de junio, la Corte Suprema por 12 votos contra 1 rechazó la apelación y dio por buenos los fallos de las autoridades electorales. No le queda ya a Doña Sandra más que la apelación de esta sentencia, es decir la petición de amparo, en la Corte de Constitucionalidad. Para ello tiene la candidata 3 días hábiles. Es decir que todo llegará a una resolución definitiva en los primeros diez días de agosto, probablemente.

El panorama político de los dos primeros contendientes después de la resolución judicial

En Guatemala hay gente bien informada que pensaba que al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad votará favorablemente al derecho de Sandra Torres a ser candidata a la presidencia de la República. Afirmaban que hay 3 votos seguros a favor de esta posición, de los 5 que forman la Corte. La misma candidata ha defendido su candidatura alegando que el artículo de la Constitución que impide candidaturas de gente relacionada con el Presidente por parentesco consanguíneo o colateral, no menciona directamente el parentesco de cónyuge. Y que por ello se le está privando de su derecho a ser candidata. Pero naturalmente es incongruente con esta posición que ambos cónyuges hayan recurrido al divorcio para allanar en todo caso el camino. De todas formas el resultado de la sentencia está en el aire totalmente porque la Corte trabajará como Corte ampliada de 7 miembros, para lo cual ya fueron electos dos de los suplementes.

Mucho más honesto habría sido que la coalición UNE-GANA se hubiera presentado a las elecciones presidenciales con un candidato cuyo derecho a la candidatura estuviera fuera de sospecha de ilegalidad, mientras que Sandra Torres hubiera presentado su candidatura al Congreso y hubiera esperado a 2015 para correr para Presidenta, proyectando entonces su interés programático en las mayorías empobrecidas de Guatemala después de haberlo promovido desde el Congreso. Claro que entonces no habría tenido el apoyo del Gobierno, pero este apoyo es una de las cosas que hace poco atractiva su candidatura a votantes honestos, que no faltan.

Las encuestas: el ascenso de Otto Pérez Molina y el descenso de Sandra Torres

Por otro lado las encuestas, con excepción de la última, han ido presentando cada vez más un ascenso de la candidatura de Otto Pérez Molina, general en retiro, y un descenso de la de Sandra Torres. A fin de mayo (102 días antes de las elecciones), La Encuesta Presidencial 2011 (contratada por Prensa Libre) mostraba estos datos de intención de voto: Otto Pérez Molina 36.9%; Sandra Torres 17.6%; Suger (6.2 %) y Baldizón (4.3 %) peleaban por el tercer lugar. Rigoberta Menchú, candidata de la alianza de la izquierda y del partido indígena Winaq, sólo llegaba al 1.5%. Pero los indecisos alcanzaban un 23.5 %.

Según la misma Encuesta, el 29 de junio, Otto Pérez Molina tenía una intención de voto del 42.5% y Sandra Torres del 15.1%; Suger (7.7%) y Baldizón (6.1%) seguían en su disputa del tercer lugar. Rigoberta Menchú alcanzaba un 1.7% de intención de voto.

Sin embargo, según CID-Gallup, hacia el 20 de junio la diferencia era bastante menor: Otto Pérez Molina alcanzaba 34% y Sandra Torres 25%. A mitad de Julio, Vox Latina encuentra que Otto Pérez Molina tiene una intención de voto de 40.1% y Sandra Torres de 15.2%. Baldizón y Suger disputan el tercer lugar con 4.7% y 4.2%. Se mantiene el alto porcentaje de indecisos.

La última encuesta disponible Encuesta Presidencial de Prensa Libre) ha salido a la luz pública el 1 de agosto y fue trabajada del 22 al 26 de julio. En ella Otto Pérez Molina desciende a un 37.6 % de intención de voto, mientras que Sandra Torres asciende a un 17.2%. Suger (9%) y Baldizón (8.4%) se disputan el tercer lugar. Rigoberta Menchú sube al 2.3%. Sin embargo, cuando se pregunta “por quién cree usted que nunca votaría”, un 23.9% responde que por Sandra Torres, un 9.6 % responde que por Otto Pérez Molina, y un 8.3 % que por Rigoberta Menchú. El mayor rechazo se dirige, pues, a candidaturas femeninas, militaristas y racistas. Por otro lado, en la capital un 46% piensa que se debería dejar presentarse a Sandra Torres; un 51% que no, y un 3% no sabe o no responde. En cambio, en el resto de las áreas urbanas, las respuestas son 46%, 49% y 5%, mientras que en el interior rural, las respuestas son 63%, 29% y 8%. En esta Encuesta uno de los datos más importantes es el dato del rechazo que ha acumulado Sandra Torres a lo largo de su gestión al frente de Cohesión Social durante el gobierno de su exesposo, el Presidente Colom.

Si al final, Sandra Torres no fuera inscrita como candidata, una encuesta de Vox Latina encontraba que Otto Pérez Molina ganaría las elecciones presidenciales en primera vuelta con un 60% de los votos. Sería esta la única vez en que una candidatura presidencial ganara en primera vuelta desde Arévalo y Arbenz en la década rovolucionaria (1945-54). Aunque las filtraciones para la historia indican que también el General en retiro Efraín Ríos Montt ganó en 1974 las elecciones presidenciales en primera vuelta como candidato de la Democracia Cristiana y de la Social Democracia, pero le fueron arrebatadas por fraude durante el periodo del autoritarismo militar, que no permitió triunfos diferentes a los de los candidatos propuestos por el Ejército.

El contexto de las elecciones presidenciales en Guatemala: No Estado fallido y sí sociedad fallando

¿En qué contexto sucederán las elecciones en Guatemala? Las elecciones se celebrarán por séptima vez (aunque el presidente electo será el octavo) a partir de que se redactó y se aprobó la Constitución de 1985 para transitar desde más de 30 años de gobiernos autoritarios militaristas, de los que se concebían como de “Seguridad Nacional”, a gobiernos civiles. Los dos primeros gobiernos civiles estuvieron aún parcialmente bajo la tutela del Ejército, puesto que no se había dado fin al conflicto armado interno, aunque ya habían comenzado las conversaciones de paz. Fue esta también la situación durante el tercer gobierno civil, brotado constitucional pero no electoralmente del intento fracasado de golpe de Estado “fujimorista” del entonces Presidente Jorge Serrano. Al final del primer año del cuarto período presidencial civil se firmaron los Acuerdos de Paz (Alvaro Arzú, 1996). Los Acuerdos de Paz, convertidos en Ley Marco de la República durante el sexto periodo presidencial (Oscar Berger, 2006), constituyeron un auténtico Programa Nacional de Gobierno. Por desgracia han quedado muy lejos de su cumplimiento, tanto en el fracaso de conseguir las reformas constitucionales para hacer de Guatemala un Estado multiétcnico, pluricultural y multilingüe, como en el terreno de un auténtico plan de desarrollo agrario, en la oferta de empleo al interior del país capaz de hacer descender la migración al exterior, y ahora el Presidente Colom, el séptimo de los presidentes civiles, los está haciendo retroceder al hacer crecer el techo financiero dedicado al Ejército en el presupuesto nacional, en lugar de seguir aumentando los porcentajes dedicados a salud y educación.

Sin embargo, el más importante de los fracasos ha sido sin lugar a dudas la incapacidad de todos los gobiernos civiles de alcanzar un pacto fiscal, que incluya tanto una mejor recaudación de los impuestos actuales como un ascenso progresivo de los impuestos a las grandes fortunas y a las empresas más rentables, por ejemplo las azucareras, y una administración fuera de la mayor parte de sospechas de corrupción e ineficiencia, para alcanzar así un aumento de la carga tributaria. Sin una carga tributaria que nos haga cruzar la barrera del 12% del PIB, es imposible un Estado fuerte, capaz de invertir, por lo menos, en la mayor difusión y en la mejor calidad de la educación y de la salud. Pero el 2% de las clases sociales que acumulan los ingresos más elevados del país, rechaza en forma recalcitrante el deber solidario de entregar al Estado en impuestos más elevados lo que han ingresado no sólo gracias a su inteligencia inversora y a la puesta en práctica de sus mejores ideas administrativas y tecnológicas, sino también al trabajo físico y no menos inteligente de los jornaleros, de los obreros, y de los empleados de sus empresas, de los campesinos, de los compatriotas que trabajan por cuenta libre o en la economía informal y de los migrantes y sus remesas.

En un artículo importante sobre “Estado fallido o sociedad fallando”, publicado en El Peridódico (24/07/11), Edelberto Torres Rivas, ofrece esta cifra oficial, que comenta: “En 2005 la remuneración de los asalariados fue del 31.9% y la ganancia del empresariado del 39.1%...del PIB: En todos los países esa relación aumenta históricamente a favor de los trabajadores. En 2009, la cuota que recibieron los trabajadores se redujo al 30.6 % y la ganancia privada aumentó a 40.7% ¡El salario se redujo en un 1.6%!” Torres Rivas ofrece este dato para apuntalar su opinión de que no es el Estado el fallido en Guatemala sino que más bien la sociedad está fallando.

La larga sombra histórica de la violencia

Una parte importante del contexto en que Guatemala se apresta a celebrar las séptimas elecciones desde 1985, es la tremenda cuota de violencia que abruma a la sociedad y que el Estado intenta controlar pero no ha podido lograrlo. La violencia, que algunas veces se afirma que cobra más víctimas diarias que durante la guerra, se ha convertido en el tema más invocado del malestar social que nos domina.

Lo que voy a escribir a continuación puede parecer una escapada fácil del problema. Pero acudo a la historia para enfrentar mejor el problema. No creo, en primer lugar, que la violencia es de hoy. Y, en segundo lugar, creo que la violencia está en Guatemala, y en otros países centroamericanos como El Salvador y Honduras, íntimamente vinculada con la pobreza. Creo que sin considerar seriamente estas dos afirmaciones no podemos prepararnos para empezar a cambiar esta violencia que nos abruma.

No hay caminos eficaces hacia la solución. La violencia no es de hoy, repito. Tiene raíces seculares. La conquista fue violenta hace cuatrocientos noventa años e imprimió violencia en los corazones, es decir en las actitudes colectivas de las culturas que coexistieron sin fundirse. La era colonial fue violenta. No podemos olvidar que el historiador Severo Martínez Peláez documentó en un libro importante más de 300 motines de indios en Guatemala hasta el de Patzicía de 1944. Si hubo tantos motines es porque las condiciones de mala vida impuestas a los indios por los españoles y criollos eran sencillamente insoportables. En este país sólo ha habido dos “reformas agrarias” legales exitosas, la primera que, a través de la “encomienda”, creó los grandes latifundios coloniales, y la segunda que, engañando a los indios analfabetas, puso a la venta en una Gaceta inaccesible para ellos las tierras que la Corona les había asegurado. Lo hicieron para que fueran compradas en un mercado inaccesible para los indios por los cafetaleros.

No podemos olvidar la violencia impuesta a la sociedad por los gobiernos conservadores y luego por los Reformadores de la era republicana. El tomo tercero de la trilogía de novela histórica de Francisco Pérez de Antón, “El sueño de los justos”, muestra claramente la violencia sobre la que impuso su dictadura “liberal” el general Justo Rufino Barrios (1871-1885). Violentas fueron las dictaduras posteriores del lic. Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y del general Jorge Ubico (1930-1944). Hasta 1945 era legal el trabajo forzado impuesto a los indios en las fincas y en las obras públicas, y obligatorio su registro en cartillas, sin las cuales no podían transitar seguramente por el país. La tercera “reforma agraria”, la que legisló el decreto 900 en tiempos del Presidente Arbenz a favor del campesinado mayoritariamente indígena, ¿no fue revertida violentamente por medio de un Golpe de Estado que inició treinta y tres años de gobiernos autoritarios militaristas de la Seguridad Nacional con sus respectivos “escuadrones de la muerte”? ¿Podemos olvidar que en Guatemala, después de los diez años revolucionarios hubo un partido “de la violencia organizada”, como llamaba Mario Sandoval Alarcón a su propio Movimiento de Liberación Nacional (MLN), un partido de extrema derecha? Nos horroriza hoy en Guatemala como en cualquier otro país del mundo la forma como un fanático o loco, de nombre Behring, mató a más de 60 jóvenes de entre 14 y 16 años, para extinguir la semilla del partido laborista noruego de izquierda. ¿Pero no tendremos memoria para recordar los asesinatos múltiples de jóvenes de secundaria y de la universidad cometidos en Guatemala en los setenta y los ochenta por los “escuadrones de la muerte” y por las diversas organizaciones policiales, y las masacres brutales cometidas por el Ejército sin perdonar siquiera a bebés absolutamente incapaces de ser “agua para el pez” guerrillero? ¿Podremos olvidarlo precisamente ahora cuando el Ministerio Público ha investigado y ayudado a la captura por la Policía Nacional Civil a instancias de un juez del jefe de uno de esos grupos policiales tenebrosos, Pedro García Arredondo, ex jefe del que fuera llamado Comando Seis de la Policía Nacional durante los gobiernos autoritarios militaristas de Seguridad Nacional de los generales Laugerud y Lucas (1974-82)? ¿Podemos olvidar, finalmente, que el cartel narcotraficante de los Zetas está integrado por antiguos soldados guatemaltecos kaibiles, por antiguos militares y policías mexicanos?

Hasta aquí lo que toca a las profundas raíces de la violencia, entintadas también de racismo. No es demagogia esto último, porque lo que hace que culturalmente sea mirada como justificable la opresión y la enorme desigualdad en Guatemala es probablemente el racismo, que divide a seres humanos entre superiores e inferiores.

La conexión de la violencia con la pobreza

Pero está también la pobreza. La pobreza que conduce a que el 49% de la infancia en este país esté malnutrida, ¿no es violencia? La falta de empleo digno que empuja a la migración enfrentando la amenaza aterradora de “la Bestia” –el ferrocarril donde en México se amontonan tantos migrantes, no pocos de los cuales terminan lisiados al caerse de su techo-, de los ataques de la policía mexicana y de los marcos, y de los inhumanos riesgos del desierto de Arizona, ¿no es violencia? ¿No se habla, en palabras de Juan Pablo II, de un capitalismo “salvaje”, y no es ese adjetivo, “salvaje”, sinónimo de violento? ¿No es violencia la economía del suelo que obliga estructuralmente a vivir a tanta gente en 20 metros cuadrados, con láminas hirvientes sobre los cuerpos amontonados en los asentamientos urbanos o en ranchos insalubres en no pocas fincas de la bocacosta y la costa? Y sobre todo, ¿no es violenta la actitud profunda de una minoría que no considera extraño ni mucho menos inhumano que haya una minoría de familias que ocupen para vivir cuatrocientos metros cuadrados edificados o más mientras una gran mayoría vive reducida a un espacio edificado de 20 o 40 metros cuadrados? Y es precisamente ahí, en los asentamientos hacinados marginales de las ciudades y en los ranchos de la Guatemala profunda donde hoy, en la violencia actual, pululan las maras. Jovencitos, varones y mujeres, que ven salir de sus casitas a sus madres a las 4 o cinco de la mañana para trabajar diez o doce horas en la economía informal y cuando las ven llegar en la tardecita se encuentran con que ellas no pueden darles cariño porque vienen cansadas e irritables y tienen que cocinar para la familia con sus piernas varicosas y sus espaldas prematuramente artrósicas. ¿No es violento seguir acumulando tierras urbanas para venderlas con plusvalía creciente a malls o a torres de apartamentos habitacionales o a repartos exclusivos, mientras esos terrenos podrían ser habilitados socialmente para miles de familias empobrecidas en multifamiliares dignos?

¿No es violento que Guatemala tenga un índice de Gini, es decir un indicador de desigualdad entre los cuatro o cinco más altos del mundo? La violencia no es de hoy. Tiene raíces profundas. ¿Podremos seguir admirándonos de que haya violencia en un país tan desigual y con tanta pobreza, en una época en que la globalización permite que los medios de comunicación globales informen a los jóvenes hundidos en la pobreza de que no sólo en Guatemala sino alrededor del mundo existen posibilidades de vida humana digna diferente? ¿Y en unos tiempos en que esos mismos medios de comunicación muestran la violencia como distracción nuestra de cada día? ¿Y en una época donde el crimen organizado pone a disposición de tantos jóvenes el tráfico de armas para que se gradúen en el asesinato a través del rito de paso del poder que da un arma de fuego? No podemos extrañarnos de que el 57% de los muertos en Guatemala, están entre los 17 y los 30 años. Para afrontar esta desgracia nacional, esta lacra de Guatemala, pienso que es imposible quedarse satisfecho con la estrategia de la “mano dura”, combatiendo “el crimen organizado y toda la violencia con el Ejército” y creando “estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz y garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos.” Cuando el general Otto Pérez Molina habla incluso de utilizar “fuerzas de tarea” (task forces), está revitalizando una táctica militar usada por el Ejército contra la guerrilla en los años 80 y 90 del siglo pasado.

El complicado camino hacia una solución: Ejército, Policía, Organismo judicial, Ministerio Público, Abogados, Instituciones procesales y penales.

Si no se quiere resucitar la guerra en Guatemala, no se puede poner toda la receta contra la violencia en el Ejército. Bastante sería con que el Ejército fuera desplegado eficaz y eficientemente a lo largo de las líneas fronterizas del país y en sus costas así como en sus cielos, para tratar de impedir la infiltración al país del crimen organizado con sus diferentes tráficos, de drogas, de armas, de niños, de mujeres, de dinero (lavado transnacional) y de múltiples contrabandos. Eso sería actualizar o poner al día la tarea tradicional y constitucionalmente encomendada principalmente al Ejército: defender las fronteras de la patria. La violencia, sin embargo, requiere ser combatida con una Policía Nacional Civil reformada, con sueldos humanos, con puestos de policía humanos, con academias de policía de alta calidad y de condiciones humanas y con una depuración insoslayable de elementos altos y bajos corruptos. La violencia requiere ser combatida con un organismo judicial depurado, donde continuamente se luche contra la corrupción y donde se haga justicia rápida y equitativa. La violencia requiere ser combatida con un Ministerio Pública depurado y mantenido durante muchos años a la altura de la dura tarea que le espera. Tanto la investigación rápida del asesinato de Facundo Cabral como la reacción profundamente conmovida de la sociedad civil ante este asesinato, muestran algo del fundamento necesario para afrontar la violencia

La violencia requiere ser combatida con abogados penalistas y defensores altamente formados e impenetrables a la corrupción. Requiere ser combatida con instituciones de rehabilitación juvenil liberadas del sadismo que las ha distinguido cruelmente, con posibilidades de alcanzar grados académicos y técnicas para combinarlos con oficios bien remunerados. La violencia requiere ser combatida con instituciones penales donde se luche contra la corrupción de los alcaides o directores y de los guardianes, donde los que esperan juicio o los que han sido ya sentenciados no vivan en condiciones inhumanas, ni se permita tampoco ahí el florecimiento de células mafiosas o dependientes del crimen organizado. La violencia requiere ser combatida con instituciones penales que no reproduzcan o incluso empeoren las condiciones de hacinamiento de la vida en los asentamientos urbanos marginales. La violencia requiere ser combatida con la separación cuidadosa de criminales endurecidos del resto de la población penal capaz de rehabilitación.

Un presupuesto financiero elevado para un Estado fuerte reformado

La violencia requiere ser combatida, por lo tanto, con un presupuesto estatal específico mucho más elevado que el actual, administrado con mucha mayor eficacia y eficiencia, y proveniente, por lo tanto de una carga tributaria bastante mayor. La violencia requiere ser combatida por un Estado competente y fuerte así como éticamente fortalecido, donde se luche por reformar y poner al día el código procesal y el código penal, y donde se persiga a aquellas fuerzas organizadas mafiosas que reclutan en las cárceles y a aquellas personas empleadas que niegan los derechos humanos de los presos en espera de juicio o de los ya sentenciados. Las cárceles y penitenciarías no pueden seguir siendo ni semilleros del crimen ni gimnasios para guardianes sádicos. Insistamos que nada de esto se puede ni planear ni administrar sin un aumento serio de presupuesto, que compruebe con hechos reales que la violencia es un serio y grave problema de gobierno y no un lema o una consigna para ganar elecciones aprovechándose de la inquietud e intranquilidad de la población, que teme llegar a ser víctima de ella. La importancia de este punto queda clara cuando nos damos cuenta de que, de acuerdo a informaciones confiables, la narcoeconomía mueve en Guatemala tres veces la cifra del presupuesto nacional. No puede ser contrarrestada con peanuts. La misma importancia de soluciones plenamente humanas la descubre la triste estadística de que un 70% de los encuestados están a favor de la “limpieza social”, una forma de disponer de los criminales aún más primitiva y brutal que la pena de muerte.

Sin aumento en el presupuesto de salud, y especialmente de salud para las parturientas y de salud neonatal, no hay lucha eficaz contra la violencia. Sin aumento en el presupuesto para la nutrición de niños y niñas entre 0 y 5 años no se disminuirá la tasa de desnutrición del país. Y tampoco se disminuirá sin una redistribución del presupuesto de las familias de clase media y alta para ayudar en esta tarea del Estado. Sin aumento del presupuesto de educación hasta llegar al menos a un 7% del PIB destinado a este rubro de gobierno, a la formación de un magisterio competente, honesto y responsable, no se disminuirá la cantidad de niños y adolescentes que desertan del sistema educativo público del país. Y tampoco sin aumento de solidaridad entre las escuelas y colegios privados de alta calidad con las instituciones públicas educativas del país. Sin aumento de la inversión en la creación de empresas y, por consiguiente, de empleos bien pagados y sin una transformación radical en la escala de salarios familiares humanos, no disminuirá ni se detendrá el flujo migratorio que hace que Guatemala exporte sobre todo personas. El ex diputado suizo del partido socialista y relator de la ONU para la alimentación de 2000 a 2008, Jean Ziegler, afirmó hace unos años que en el mundo de hoy la muerte de hambre de solo un niño es simple y sencillamente un asesinato. Es tal la superproducción de alimentos en el mundo actual, que la incapacidad de repartir los excedentes solidariamente apunta con claridad a lo que hemos venido analizando: la vinculación entre pobreza y violencia. Pero, en vez de aumentar la solidaridad global, resolviendo, por ejemplo, en la Ronda de Doha los problemas que causan a los países del Sur los subsidios a la producción alimentaria en los países del Norte, lo que está ocurriendo es el crecimiento de la codicia global con el desmesurado aumento de los precios de los alimentos. Una vez más el capitalismo “salvaje”.

La pregunta honrada por la violencia y la pobreza

Pero además no se puede programar una solución –dejemos ya los términos militares de ataque y combate- a la violencia sin reconocer su vínculo con la pobreza, con el despojo de la dignidad humana, con el racismo que justiifica la desigualdad con la ideología de la superioridad de una minoría sobre la mayoría de la población. Hay que ser honrados con la realidad. Es cierto que las encuestas de opinión pública dan como resultado que la gente señala la violencia como su problema principal. Pero eso sucede porque se pregunta por la violencia como un problema único y total. No se pregunta así por la pobreza, sino que se fragmenta la pregunta en la preocupación por la pobreza, por el empleo, por el salario, por los altos precios, por la economía, etc., etc. ¿Qué ocurriría si se fragmentara de igual manera la pregunta por la violencia y se preguntara por los asesinatos, los secuestros, las extorsiones o “renta”, las amenazas, los asaltos, los sobresaltos por la suerte de los parientes o amigos presos, los incendios o sabotajes, etc., etc.?

El factor regional y la integración centroamericana

Hace un mes se reunieron en Guatemala los jefes de Estado de los países centroamericanos más Belize y Panamá. Alvaro Colom, Presidente de Guatemala, fue el anfitrión. Asistieron también los Presidentes de Colombia y México y, durante cuatro horas, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. El tema fue la lucha contra el narcotráfico y la violencia que produce. La zona centroamericana está considerada como la región más violenta del mundo con la excepción de las zonas donde hay guerra o represión gubernamental (Afganistán, Los Grandes Lagos en Congo, Ruanda y Burundi, Darfur en Sudán, Irak, Libia, Siria, etc.). Honduras tiene el record con 58 asesinatos u homicidios por cada 100 mil habitantes al año; le sigue El Salvador con 52 por 100 mil, y Guatemala con 48. Afortunadamente en Nicaragua la tasa es de 12 por cien mil, probablemente porque han sido tenidos en cuenta mucho más los problemas de la pobreza desde la Revolución del 79, pero también por diferentes actitudes culturales entre ricos y pobres.

En Guatemala se llegó a la creación de tres mecanismos, un fondo en que los países y organismos contribuyentes seleccionan los proyectos de seguridad que apoyarán con sus recursos; otro en que la selección de proyectos se hará en diálogo entre los países contribuyentes y los centroamericanos; y un tercero que se ocupará del buen gobierno de los proyectos y de la administración de los recursos. No hay claridad en los informes sobre el papel del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Algunos informan que el SICA se ocupará de la coordinación de todo el proyecto, y otros dicen que serán los gobiernos quienes recibirán directamente los fondos con el fin de evitar mayor burocracia. El Banco Mundial ofreció 1500 millones de dólares y el BID otros 500. EE.UU. aportará 40 millones que se añadirán a 260 ya comprometidos anteriormente. Sin embargo, la Secretaria Clinton dejó absolutamente claro que su gobierno espera que los empresarios y las clases privilegiadas de América Central “deben pagar su parte de los impuestos y convertirse en socios integrales en este esfuerzo que debe ser de la sociedad como un todo. La seguridad no puede ser financiada por los pobres.” El Comisario de Comercio de la UE reafirmó esta perspectiva al decir que se necesita “una reforma fiscal en los países centroamericanos para poner a disposición de la seguridad y justicia mayores recursos financieros extraídos de los presupuestos nacionales.”

Lo que es importante aquí no son tanto los montos financieros de este esfuerzo sino la idea de que sólo la región centroamericana en su conjunto podrá afrontar problemas comunes como los de la violencia y la pobreza. Si bien la violencia no tiene una presencia tan grande en Nicaragua a estas alturas, empieza a tenerla en forma creciente en Costa Rica. Y ciertamente todo el istmo centroamericano, incluidos Belize y Panamá, es un corredor del narcotráfico desde Colombia hacia los Estados Unidos. Sólo una confederación o federación de estados centroamericanos podría hacer frente de alguna manera a largo plazo a los problemas de seguridad y de distribución equitativa de la riqueza que acosan a esta parte del mundo. Si trabajáramos como una unidad regional seríamos el quinto grupo poblacional (alrededor de 35 millones de habitantes) de América Latina, después de Brasil, México, Argentina y Colombia y multiplicaríamos el valor de nuestras políticas. De Washington nos viene un enfoque militarista de combate a la violencia producida por el crimen organizado y en particular por el narcotráfico. Pero ese enfoque es acogido con entusiasmo por nuestros círculos actuales de poder. Hay un peligro de que la ayuda contra la violencia se concrete solamente en más y más armamento, así como se ha hecho en el Plan Colombia.

Lo que nadie se plantea: la ausencia de imaginación política

Y nadie se plantea el descenso a largo plazo de la violencia que se produciría si las drogas –al igual que el whisky escocés, el ron nicaragüense, o el tabaco de Virgina y Carolina del Sur- quedaran liberadas en el mercado y dejaran de ser la mercancía clandestina que hoy hace subir su precio por las nubes y lo aumenta a medida que se cruzan obstáculos fronterizos. Un kilo de cocaína vale 250 dólares en Colombia, 2500 en Panamá, 25000 mil en frontera Guatemal-México, y 250 mil en Tijuana. Sin hablar del flujo de lavado de dinero que engrasa, entre otras, la economía de los Estados Unidos. ¿No es probable que disminuyera la violencia de los carteles de la droga si se convirtieran en comerciantes legales de bienes “marcados” como el alcohol y el tabaco?

Es evidente que habría que destinar un presupuesto mayor a los males psíquicos y físicos creados por el consumo de drogas, como se destina hoy para contrarrestar el peligro del cáncer y el del manejo de automóviles con ingestión de alcohol. Y es probable que la pérdida de ingresos por los precios caídos provocara una violenta lucha agónica a corto plazo. Pero una vez más, lo que se muestra al no pensar siquiera en estas medidas radicales es la falta de imaginación política y los enormes intereses de la industria del armamento, aquel famoso “complejo industrial-militar” que el Presidente Eisenhower, militar retirado él mismo, denunció en 1961, poco antes de dejar la presidencia de los EE.UU. No olvidemos que más de dos terceras partes de las armas usadas por los narcotraficantes en México y Centroamérica han sido compradas en el Sur de los Estados Unidos a comerciantes que no preguntan por qué uso se les va a dar.