Onofre Guevara López
La amenaza de instalar una dictadura está agotando la ruta hacia su meta. Una dictadura puede ser aunque carezca de presos políticos y de la primacía militar en el poder, pues basta tener todo el orden constitucional bajo arresto, porque así se le priva de las libertades a todos de una vez. Lo esencial de una dictadura, es desconocer y pisotear el orden constitucional, ignorar los derechos individuales y las libertades públicas, e imponer el continuismo del poder omnímodo de un caudillejo, gestor de corrupción y autocomplacencias.
La forma descarada, ilegal y cínica con que el orteguismo ha logrado ir más allá de la captación de la obediencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de convertir el Poder Legislativo en una bolsa de valores, confirma el avance hacia una plena dictadura. Tras ese objetivo, la Constitución Política, columna principal de la estructura jurídica del Estado, es la primera en carecer de vigencia plena.
Nunca una Corte Suprema de Justicia y un tribunal electoral –ni cuando los duros días bajo la dictadura militar somocista— se habían convertido en unos entes públicos tan indignos de respeto, al extremo de sentirse vergüenza ajena cuando a los magistrados y a los usurpadores les mencionan sus nombres, precedidos del adjetivo “honorables”. Y, en esta postración moral en que han caído estas instituciones, sería ingenuo imaginar que Ortega podría tener el interés y el ánimo de hacer una rectificación del rumbo de la ilegalidad que ha tomado. Menos, habiendo partidos “opositores” que actúan con evidente complicidad.
El ánimo y el interés no son autónomos de la ambición de poder político, del poder de la riqueza acumulada y del ansia por acumular aún más y protegerla. La vida de opulencia, bienestar y despilfarro de los líderes del orteguismo, ya forman una sólida gama de hábitos bien arraigados. Y a estas alturas, ningún conjunto de poder político y económico de esta naturaleza, creado a fuerza de una aviesa voluntad, se disuelve fácil, sino por la acción conjunta de la mayoría del pueblo. En los resquicios mentales de los posesionados de ese poder, no cabe la duda de mantenerlo al costo que fuere. Por eso, el orteguismo ya es sinónimo de mafia plutocrática y dictadura política.
Los conceptos plutocracia y dictadura política se hacen tangibles a través de los hechos, y toman variadas medidas, que van desde grandes negocios de importación, hasta el negocio con el pan cotidiano; desde mansiones de extraordinario valor y de comodidades propias de su estirpe habitacional burguesa, hasta modestas propiedades urbanas; desde universidades para quienes tengan buenos ingresos, hasta centros escolares para todos los niveles educativos e ingresos salariales; desde la disponibilidad de los recursos del Estado para ofrecer puestos de trabajo burocráticos (eso de “trabajo” es un decir) con salarios arriba de los cinco mil dólares, hasta humildes y peligrosos puestos de vigilancia nocturna con salarios de hambre. En todos los casos, los ven como prebendas para ganar incondicionales. En fin, tienen desde hoteles cinco estrellas, hasta humildes “casas para el pueblo”; en el primer caso, la cúpula es dueña absoluta de sus ganancias, y en el segundo, es su área de tráfico de influencias para el enriquecimiento de jefes segundones, parientes y agentes políticos.
Y en medio de los negocios extremos, tienen los ingresos del Estado, de la cooperación venezolana y los ingresos municipales para su monstruosa política de carácter electoral de todo el año, desde su ascenso al gobierno, hasta el aún lejano período electoral oficial, en la que destaca la promoción del culto a la personalidad de Daniel Ortega. Esta promoción va más allá de la candidatura presidencial que aún no tiene ni lo puede tener, según lo ordena la agonizante Constitución Política. El esfuerzo se orienta a erigirle a Ortega una imagen de “dios” terrenal, con pretendida bendición del Dios celestial, a quien Ortega invoca en sus actos políticos.
Dentro de este esfuerzo por crear idolatría en torno a la imagen de Ortega, es que surgen –y se explican a la vez— dos tareas ejecutadas durante los casi cuatro años que lleva de nuevo en el poder. Una, defender el supuesto derecho de permanecer indefinidamente en calidad de presidente de una república, a cada instante más parecida a una hacienda privada; la otra, sustituir en la lucha ideológica los principios básicos de la revolución, por un lenguaje elaborado con la rara mixtura de propaganda y lenguaje seudo religioso.
De ahí que tengan al país saturado de rótulos, “jingles” radiofónicos y “spot” televisivos que hablan de una revolución que no se ve ni se puede sentir, porque no existe. Las palabras “cristianismo, socialismo y solidaridad” están zurcidas sobre una realidad en la que no se reflejan ni se pueden reflejar, sino como meros conceptos. La propaganda orteguista es tan burda como costosa para los nicaragüenses, no para ellos, que disponen de los millones de dólares del pueblo venezolano, y no les cuesta más que las gracias. (Las desgracias serán para las generaciones de nicaragüenses de hoy y del futuro).
Ante la evidencia de la falta de cambios estructurales en Nicaragua, con lo cuales se pudiera imaginar siquiera un proceso revolucionario, resulta demencial y ridícula la afirmación de que esos “cambios” no se hacen ostensibles, porque se trata de una “revolución pacífica”. La suponen “pacífica”, porque en esta su “segunda etapa” no está bajo el ruido de armas, pero creen ocultar que se produce a diario la destrucción del orden constitucional, como sólo es posible verlo y sentirlo durante la ejecución armada de un golpe de Estado.
Aunque fueran ciertos los cambios y el avance revolucionario pacífico, no valdría la pena tenerlos en detrimento de los derechos y las libertades. Tampoco lo vale, dejarlas al arbitrio de cualquier caudillejo. Esos derechos irrenunciables para el nuestro y cualquier otro pueblo.
A medida que con dislates, perversidades y el dinero venezolano el orteguismo viene estructurando su dictadura, se hace más obligado pensar sobre cuánta responsabilidad corresponde al presidente Hugo Chávez –y a los gobiernos que apoyan a Ortega—, respecto a nuestra situación política. No pienso en la responsabilidad inmediata y directa de lo que aquí ocurre, porque de eso somos responsables los nicaragüenses por permitirlo, sino en cuanto al fortalecimiento de sus ambiciones dictatoriales.
Por ahora, eso no será posible saberlo. Pero mientras el dinero siga fluyendo hacia los bolsillos de Ortega, será más evidente la responsabilidad de quienes, desde el exterior, ajenos a nuestra realidad y a nombre de una solidaridad pervertida, estimulan a los que pretenden seguir ilegalmente en el poder, atropellándolo todo.
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