Carlos A. Lucas | 20/10/2010
Segunda y última entrega
Otro golpe de gracia al campesinado es lo que sucedió con los Títulos de Reforma Agraria, sin validez legal, porque el gobierno sandinista nunca reformó el Registro de las Propiedades confiscadas, ni extendió verdaderos títulos de propiedad. Realmente los trabajadores nunca fueron dueños de esos medios de producción, aunque les dieron a entender que sí lo eran, en esos respectivos momentos. El celo estatista era tal, que el FSLN no autorizó títulos de propiedad, “para no reconstruir la propiedad privada ni el capitalismo en el campo”, según Jaime Weelock, poderoso ministro sandinista de la reforma agraria de los 80.
Poco a poco, la desorganización, la desesperanza, la especulación, fue mermando los antiguos grupos colectivos de trabajo y la repartición individualista se acelera. Los especuladores y oportunistas endulzan los oídos de muchos, para acelerar este nuevo reparto y movimiento de reconcentración de la propiedad.
El endurecimiento de las políticas bancarias privadas, hacia las empresas surgidas del reparto de los 80 y comienzos de 90, no hace más que acentuar la marginalidad. La parcela por sí misma no le da de comer a la antigua familia de reforma agraria de la etapa sandinista, mientras no ha habido opciones relevantes y masivas de empleo asalariado en el campo. La mera propiedad de la tierra, por sí misma, no lo libera de la miseria. Es el cerco estratégico que logra la privatización del capital bancario contra ese potencial competidor de negocios, contra los restos de Reforma Agraria.
Eso obliga al beneficiario de la reforma agraria, a negociar en desventaja con los antiguos dueños reclamantes de las tierras o con nuevos especuladores que acuden billete en mano a ofrecerle su liberación del vínculo de propiedad.
En 2001, según declaraciones de Orlando Núñez Soto, antiguo funcionario sandinista de la Reforma agraria, el mercado de tierras por la contrarreforma agraria había absorbido sólo ese año más de 350 mil ha., un 17% del total reformado (Ver: Observador Económico No. 14). Sin embargo, un reporte de la FAO-Nicaragua hablaba para esa época, de una reversión del 60%.
El reparto sandinista del último momento en 1990 (Leyes 85, 86 y 88) y con las características citadas, marcó el campanazo histórico del fin de las transformaciones revolucionarias que atisbaron en los años 80.
La constitucionalidad revolucionaria de la propiedad de la tierra, ¿sólo literatura?
El artículo 108 de la Constitución de la República de Nicaragua establece:
ARTICULO 108.-Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria.
Literalmente, no suena mal este saborcito a enfoque social de la propiedad. Pero igual, este mismo artículo podría ser argumentado por el estamento “tradicional” como justificante para que los sectores beneficiarios de la reforma agraria sandinista al fin vayan perdiendo sus propiedades: Si no las trabajan productivamente…Si no las trabajan eficientemente…Si los bancos no tienen que ver con eso…
Por eso no ha sido difícil que se hayan venido dando arreglos bilaterales mediante el cual los ocupantes se retiran de las propiedades, si los antiguos dueños o sus herederos les pagan algo de efectivo. O bien la conservan mediante el pago estatal de cuantiosas indemnizaciones a los viejos propietarios, o con reposición de otros activos, o con los así llamados Bonos de Pago de Indemnización (BPI), costo social, económico y político que debe sumarse al efecto de los originalmente llamados Cenis, otros bonos pagados por las mayorías empobrecidas a las minorías propietarias de bancos quebrados.
Pagando la contrarevolución (¡Qué caro es este FSLN! )
Los Bonos de Pagos de Indemnización (BPI) son obligaciones emitidas por el Estado Nicaragüense en beneficio de las personas confiscadas en el período sandinista y a las que se les reconoció el derecho a recibir una compensación por haber sido victimas en el gobierno del FSLN, de la pérdida de sus propiedades o capitales.
Es decir, los nicaragüenses debemos pagar no solamente el costo de haber tenido al FSLN en el poder, sino el costo que en 1989 lo haya perdido. De estos bonos, casi nadie habla. Menos el FSLN.
Para dimensionar la magnitud de la mencionada contrarreforma rentista (bancos+ tierras), mencionemos que el número acumulado de reclamantes de devoluciones o indemnización del estamento de “tradicionales” es de unas 8,000 personas. Este selecto grupo de personas forman parte de la lista de beneficiarios de los BPI.
Las indemnizaciones se estiman en US$1,300 millones de dólares, respaldados por dichos BPI, el 58 por ciento de la deuda interna del Estado. Comparativamente, los beneficiarios de la Reforma Agraria anduvieron en el orden de las 112,000 familias, más de 500,000 personas, abandonadas de nuevo a su suerte desde inicios de los 90.
Campesinos y trabajadores…¿rentistas?
Un panorama muy dramático, una paradoja extraña que ejemplifica esta circularidad regresiva en Nicaragua, es el caso de algunos beneficiarios de la reforma agraria que, viendo que no podrían trabajar las tierras directamente, pero tampoco querían deshacerse de ellas, optan por alquilarlas y devengar ingresos rentistas por esa vía2. El campesino revolucionario o trabajador colectivistas resultan transformados en este juego, en típicos rentistas.
En la actualidad, podemos ver en perspectiva cómo la Revolución Popular Anti Somocista, devenida en “sandinista”, a lo largo de estos años, giró sobre sí misma y llegó casi al punto de partida. Los dueños confiscados por la Reforma Agraria de los años 80, han sido generosamente indemnizados, sus propiedades les han sido devueltas o han recibido otras propiedades o bienes en también generosa compensación.
En contraste, los campesinos expropiados por el somocismo, reivindicados y titulados como “poseedores” de sus tierras por el sandinismo, nuevamente expropiados por el liberalismo post sandinista, emigran a Costa Rica, El Salvador, Honduras, sin vínculo alguno ni a la tierra, ni al capital. Estos son los estamentos de “pobres” de hoy, que se ilusionaron con las transformaciones revolucionarias de los inicios de los 80.
La retaguardia social, los atrapados sin salida, son los clientes favoritos de programas que de manera asistencialista, les hacen llegar “ayudas”, no soluciones, con los recursos del Estado y como dádiva del partido gobernante. Por allí anda también el asistencialismo, que se presenta como responsabilidad social empresarial, nada despreciable por cierto, pero huérfano también de mecanismos de liberación económica y socio política.
El pueblo está pagando caro la experiencia de los años 80 y la reversión de los años 90. En el siglo XXI, están visibles los dos facturadores históricos de esa amarga experiencia: el sandinismo y la derecha, el FSLN y el PLC, como expresiones políticas, quienes están actualmente coludidos hasta conformar de hecho, en la actualidad, un cogobierno en Nicaragua. Esto define que el proceso de reversión continuará y ni aun con la crisis alimentaria en perspectiva, al menos desde el seno del sandinismo, surgirá ni de lejos, una reedición de Reforma Agraria Integral. No es un panorama muy agrarista o campesinista.
El campesinado nicaragüense es la ofrenda propiciatoria que el mercado mundial, sea de precios libres o de “precios justos”, demanda. El sandinismo tiene el dilema de Job ante el altar de los sacrificios. Y la voz que resuena en los mandatos para asestar el golpe no es la del manso del Gólgota, sino la cruda voz del FMI, Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales.
La verdad es que no hay avance ni en el capitalismo ni hacia el socialismo, sin reforma agraria. Sólo que en las nuevas condiciones de Nicaragua no se trata de un mero reparto de tierras, sino complementada esa redistribución, con la modernización e industrialización del agro.
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