“Aquí no hay ningún rico que tenga más que el ALBA. Ninguno.
Ni sumados todos los bancos juntos llegás a tener la capacidad
económica que significa la importación de petróleo.
¿Cómo se maneja? ¿Quién la maneja? ¿Dónde se invierte?
¿Cómo se va a pagar? Ese el verdadero misterio que hay que resolver,
por razones de interés nacional,
porque algún día se va a tener que pagar eso”
Dionisio (Nicho) Marenco.
Corría el mes de Enero del 2007 y un día después de la toma de posesión como presidente de Nicaragua, Daniel Ortega firmaba junto al presidente venezolano Hugo Chávez Frías, principal invitado al evento, quince convenios de cooperación, entre ellos el que garantizaba el suministro de petróleo al país a precios y plazos de pago como nunca antes mandatario nacional alguno había visto y la donación de 32 plantas de generación eléctrica. Tal a como fueron firmados, protocolo incluido, los mismos fueron entre los representantes de ambos estados, ya que Ortega no firmaba en representación de su familia, sino en representación del pueblo nicaragüense, por lo que la absurda privatización que vino después, además de ilegal, es inmoral e inconstitucional. Meses atrás, el mismo Ortega junto a Nicho Marenco habían ofrecido al entonces presidente Bolaños la firma del convenio entre los Estados de Nicaragua y de Venezuela, pero la soberbia ideológica pudo mas, o quizás el hecho de que uno de los proponentes era precisamente el que estuvo a punto de echarlo de la presidencia en una asonada institucional, dejándonos un entuerto a todos los nicaragüenses que ha sido muy bien aprovechado por el comandante.
Una vez en el poder y empezando a manejar un enorme y cada vez más creciente flujo de efectivo constante y sonante, la privatización del convenio no se hizo esperar y los inmensos beneficios empezaron a fluir en las arcas de la familia, quienes quizás influenciados por las viejas enseñanzas de los dinosaurios del PRI mexicano, vieron de inmediato la oportunidad de oro que se presentaba y dieron inicio a la veloz carrera por tratar de consolidar el modelo clásico de unir al Poder con el Dinero y construir un proyecto político hegemónico de largo plazo. Del desorden administrativo inicial, se pasó a la construcción de una gran corporación, el Grupo de Empresas del ALBA, una suerte de Holding empresarial millonario que abarca y abarcará todos o casi todos los giros de negocios que se les ocurra, dirigido directamente por los principales miembros de la familia gobernante, en la que juegan un rol importante muchos altos mandos militares pasados a retiro.
El esquema es sencillo: primero, a través del abuso del poder, garantizar la hegemonía política, con el agregado de que los errores del pasado han sido aprendidos. Segundo, con el dinero de la cooperación venezolana, consolidar el grupo empresarial más grande y poderoso del país, que facilite acceder a la hegemonía económica. El proyecto político, por razones que solamente la familia conoce, pero muchos intuyen, lo encabeza la primera dama, quien construye una plataforma de dominio del estado, del gobierno y de las alcaldías municipales, estas últimas serán agregadas el próximo 4 de Noviembre en no menos de 135 de las 153 municipalidades en juego. Control total y absoluto en todas las instancias del poder político nacional y territorial, basando su fuerza en una juventud sin memoria histórica, fácilmente moldeable y sin espíritu crítico que cuestione las orientaciones de la “compañera Rosario”.
No caben en este proyecto las viejas generaciones de sandinistas, combatientes de la lucha contra la dictadura somocista y de la guerra de los años 80’s. La vieja guardia que estuvo en ambas gestas heroicas no tiene cabida, pues compiten con amplia ventaja frente a una juventud sin historia ni trayectoria y en el viejo Frente Sandinista la preferencia la tienen los que combatieron. En este nuevo experimento familiar-político-ideológico, la preferencia la tienen los nacidos durante los años 80s, que no por casualidad serán aproximadamente el 65 % de los votantes en el 2016. Bajo esta perspectiva y cálculos, las expresiones, tímidas por ahora, de impulsar la candidatura de doña Rosario a la presidencia, se verán a partir del 2013 con mayor fuerza, en detrimento del “otro grupo” de sandinistas que, abierta o solapadamente, la adversan.
El proyecto económico es más sencillo aun. Se basa en la consolidación de un monopolio en una industria estratégica para la economía nicaragüense, que prácticamente nos convertiría en rehenes de los propietarios del mismo. Petróleo y Energía, son las fuentes de poder que hacen de la familia Ortega – Murillo, por amplio margen, la más rica y poderosa de Nicaragua y una de las primeras en Centroamérica. El inmenso cuerno de la abundancia viene de la mano del monopolio de la importación del petróleo venezolano, 12 millones de barriles anuales, que a 100 dólares promedio el barril dejan en los bolsillos Cristianos, Socialistas y Solidarios la bicoca de 600 millones de dólares al año, los restantes 600 hay que pagarlos. A medida en que baja el precio del petróleo, bajan las ganancias de la familia y para compensar las pérdidas disponen del 30 % de la capacidad de distribución de combustibles, cuyos precios al consumidor no bajan al ritmo de la baja del barril de crudo. Según especialistas en el tema, la facturación mensual del Grupo por la distribución de combustible es de aproximadamente 21 millones de dólares.
Aparte del monopolio de la importación de petróleo y la enorme cuota de mercado en la distribución, tienen el monopolio del almacenamiento del crudo que viene de Venezuela, lo que les permite tener en sus manos dos de tres elementos claves de esta industria; el tercero, el del procesamiento no lo necesitan por ahora, ya que la refinería existente garantiza el trabajo de convertir el petróleo en combustible. Pero además, otro además más, al día de hoy disponen de una capacidad instalada de 600 MW de generación de energía eléctrica, lo que los convierten en el mayor generador del país, pudiendo abastecer, solo ellos, casi por completo la demanda nacional. Plantas que fueron donadas por Taiwán y Venezuela y que deberían de estar beneficiando al pueblo nicaragüense, no enriqueciendo a la familia. Plantas cuyo pago millonario por “inversión” cuesta a los usuarios del servicio eléctrico y que es abonado mes a mes en la factura de energía, siendo materialmente imposible que el costo de la energía baje, al menos en los próximos quince años, plazo estipulado para cancelar la “inversión” realizada por la instalación de las plantas.
Vistas así las cosas, el proyecto pretende volver imprescindibles en la vida económica y política del país a la familia Ortega – Murillo, ya sea por el monopolio que manejan, por las deudas que ilegalmente el estado ha contraído con el Grupo, por el inmenso poder político que tendrán a lo largo y ancho de toda la geografía nacional o sencillamente porque nada se moverá en Nicaragua sino están ellos de por medio. Un proyecto hegemónico y perverso, cuyo sueño o quizás desvelo, es convertir a Nicaragua entera en el patrimonio exclusivo de la familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario