Onofre Guevara López
“Si la corrupción es la basura del Estado,
y es más perjudicial de lo
que fue la basura
de La Chureca, ¿por qué
pudieron sanear La Chureca,
y no pueden sanear al Estado?”(*)
Con el gigantismo de la corrupción estatal,
cualquier robo en una institución secundaria parece insignificante, aunque sean
igualmente dañinos. Y en ambos niveles son igualmente condenables. Pero hoy, solo
son moralmente condenables, porque es imposible pasar más allá de la denuncia.
Los gobernantes guardan silencio ante las denuncias y pruebas de corrupción en
los altos niveles administrativos—. Y aunque toda denuncia está destinada al
vacío, no hacerla es tolerar la corrupción, por no decir, hacerse cómplice.
Si la Corte Suprema de justicia, la
Contraloría y la Procuraduría de Justicia, ven correcto que la colaboración
venezolana la maneje el titular del Ejecutivo fuera del Presupuesto General de
la República, como su negocio privado, y sepan, como todo el mundo, que de tal práctica
se deriva corrupción, ¿qué puede interesarles el manejo de los recursos en instituciones
menores? Algo más, que no es asunto de menos: algunos lo toleran en sus propios
predios.
Desde el Alba grande, donde la transparencia
nunca ha visto amanecer, y desde las Albitas, solo salen los lamentos sobre los
malos manejos administrativos. Un pequeño espacio semanal como este no es
idóneo para reportear sobre la corrupción. Pero, como la falta de investigación
periodística sobre esa basura estatal se está escondiendo debajo de la información
sobre la basura física medioambiental, no hay más remedio que hacer denuncias
en cualquier espacio.
Desde una de las Albitas,
Alba-Transporte, se dice que allí transitan muchos abusos. Que allí, taxistas y
buseros, según los contratos de adquisición de vehículos nuevos tienen
“garantizados” repuestos y servicios en los talleres. Pero que hay ejemplos de pequeñas
piezas del motor que en el comercio cada una no cuesta más de 80 córdobas, son vendidas
en ¡mil cuatro córdobas! , por lo cual el 90% de los concesionarios prefiere
perder las “garantías” del contrato.
Sin embargo, se dice, eso no preocupa a los
administradores –más bien parece convenirles—, pues pasan a otra opción del
negocio: vender piezas de automotores fuera de los contratos oficiales, sin
control. Por eso, según denuncias, se ven desfilar motores de los viejos buses amarillos,
entregados por los cooperativistas a cambio de los nuevos, hacia destinos que,
se supone, son transportistas de los departamentos del país.
Cuando alguna autoridad superior de
Alba-Transporte se siente abrumada con la certeza de las denuncias, cambia al
gerente y al director de los talleres, tal como ocurrió en agosto de 2012. Pero
cambiar no es señal de rectificación de abusos, sino que hasta se vuelve ventajoso
para quienes los cometen, porque además
de no ser penados, ni obligados a devolver nada, son indemnizados. Y con una constancia “del partido” de buenas
conductas hasta pueden lograr otro buen puesto de trabajo.
Esos fueron los casos de los
funcionarios despedidos, me informan, pese a que también les robaron a los
trabajadores su cotización “al partido”. Durante año y medio, les quitaron la
cotización de cuyo destino sospechan que fue consumida en cervezas, en los juegos
dominicales de “sofball” que practicaban los funcionarios con sus amigos. Este abuso
quedó impune, porque los trabajadores quedaron ante la alternativa de recuperar
el dinero o perder el trabajo. Y es imaginable cuál fue de su decisión.
Ahora ya no se cobra la “cotización del partido”, pero no por falta de ganas,
sino porque los trabajadores ya no lo permiten. Eso no significa, dicen, que ahora
todo está en orden. Siguen funcionando los negocios, y hasta los familiares de
los funcionarios reciben servicios de reparación de sus vehículos y de
repuestos, según los denunciantes, de forma gratuita. Todo funciona sin órdenes
de trabajo firmadas y selladas, solo bajo órdenes orales. No quedan huellas, solo
los daños.
(*)
“Don Procopio”, Onda Local, Radio La Primerísima, 22/02/2012.
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