Ya no más…

Onofre Guevara López

A la distancia de dos fraudes municipales, un fraude regional y un fraude nacional ya resulta reiterativo, un poco parecido a la necedad, insistir en que si la oposición no cambia de táctica y estrategia desaparecería con tal identidad. Sobreviviría, claro, pero con otra identidad más adecuada: la de una oposición mercenaria u oportunista, que para los efectos prácticos sería igual.

Y desde el poder, el mismo señor fraudulento continuaría pisoteando los derechos de todos los nicaragüenses. Pero ya no estaría muy tranquilo, como él quisiera, sino con la inquietud de quien se sabrá rechazado por la mayoría y visto en su entera ilegalidad por todo el mundo.

Tal situación, sin embargo –por muy mal visto que sea el fraudulento y se lo merezca—, no sería nada beneficiosa para los nicaragüenses, porque un pueblo no gana con que su opresor tenga mala imagen, sino que deje de oprimirle, aunque mantenga intacta su mala imagen, pero fuera del poder. Para una bien justificada aspiración como esta, hay suficientes argumentos de dogmática, justa y pura estirpe jurídica. Hasta pareciera haberse escuchado ya todos en las voces autorizadas de catedráticos del Derecho y abogados bien dotados de conocimientos constitucionalistas.

A lo mejor, todavía nos haga falta escuchar otras voces, pero es seguro que nos seguirían diciendo la misma verdad: que no hay esfuerzos que no deban hacerse de forma común y unida para restablecer los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Este argumento –con toda su importancia y su validez— no está dentro de las carencias cognitivas de los políticos. Lo saben.

Pero, ¿dónde están esos esfuerzos?, ¿qué significados tienen para ellos?, ¿cómo desplegarlos? Recuérdese que toda acción tiene su reacción, pero –contrario a esa lógica— las acciones electorales fraudulentas del orteguismo no han tenido de parte de la oposición una reacción proporcional al daño causado a la institucionalidad. Esta es una verdad de Perogrullo, pero de necesaria reiteración, porque la oposición no ha querido saldar esa deuda con sus votantes y con el pueblo nicaragüense. Mezquinos intereses se lo impiden.

Juraron que ahora sí, defenderían el voto, que no admitirían una burla más, que estaban listos para esa defensa.  ¿Y qué se ve y oye ahora? Los lamentos reciclados después de los fraudes anteriores.  Se sabe que es mucho pedir a esta oposición –salvo las excepciones de siempre— una convocatoria a los votantes burlados a manifestar su descontento y reclamar respeto a su voto, pero no tiene toda la disposición ni la capacidad de lucha. Los candidatos burlados de varios municipios reaccionaron auto convocados, andan con pruebas del fraude en manos, pero sus líderes nacionales sólo salen en las fotos, no los acompañan en las calles, donde se libran las luchas cuando la justicia es burlada. 

Poe eso sobran razones para justificar el surgimiento de una nueva forma de hacer oposición. Pero mientras se lleva a cabo esa larga y compleja tarea, la que ahora sabotean intereses políticos y de clases, se toparía con la nueva convocatoria para las elecciones de 2016, con los mismos u otros magistrados en el Consejo Electoral, siempre controlados por el mismo supremo Daniel. 

En ese caso, no sería ocioso recordar los aportes de los juristas para cimentar todavía más el criterio sobre la ilegalidad electoral y la urgencia de revertirla. Tampoco se pueden desechar las mismas u otras opciones de lucha –diálogos unitarios, protestas, denuncias, exigencias— para tener elecciones aceptablemente limpias.

Pero ningún esfuerzo de esa clase garantizaría el éxito ante un poder político autoritario, aun cuando cambiara “de dedo” autoridades electorales o regalara magistraturas.  Las dictaduras no son de fiar, y bien que lo sabemos. Eso exige reclamar los cambios con mayor  fuerza y decisión que la oposición no parece muy apta para ello. No obstante, no podrían ampararse en ningún pretexto para dejar de hacer algo firme, en lo cual solo aportarían voluntad:

No presentarse a ninguna elección sin nuevos y creíbles jueces; una reestructuración del aparato electoral; una nueva ley electoral; presencia de los observadores que quisieran observar. Sería una mínima forma de resistencia pacífica. ¿Cómo responderían a eso el gobierno? Ese es problema del orteguismo. El deber ciudadano es  enfrentarle, según fuere el carácter de su respuesta.