Editorial: Una decisión muy dolorosa

Ante el fallo de la Corte de La Haya sobre San Andrés, hay que evitar que este asunto sea motivo de divisiones institucionales, precisamente cuando el país necesita estar unido.

No es fácil de pasar el trago amargo que ayer la Corte Internacional de Justicia le hizo probar a Colombia en La Haya. Como es conocido, el alto tribunal respondió a la demanda interpuesta por Nicaragua hace 11 años con un veredicto en el cual ninguno de los litigantes obtuvo todo lo que pretendía, pero que en su saldo neto nos representa una gran pérdida de un mar territorial en el que veníamos ejerciendo soberanía desde hace décadas.

Al respecto, lo más fácil es rasgarse las vestiduras y pedir que rueden cabezas en un Gobierno que, al llegar al poder, encontró trazada una hoja de ruta que -para bien o para mal- ya formaba parte de una política de Estado. Por tal razón, hay que tener cuidado con los oportunistas que buscan pescar en río revuelto, y evitar que este asunto sea motivo de divisiones institucionales, precisamente cuando el país necesita estar unido frente a una determinación dolorosa, pero inapelable.

También vendrán los debates sobre escenarios que a la luz de lo ocurrido son válidos para la discusión académica, pero que no tienen aplicación práctica. ¿Nos equivocamos al suscribir el Pacto de Bogotá en 1948? ¿Debimos intentar una negociación directa con Managua? ¿Existía una estrategia de defensa más efectiva a la hora de hacer valer nuestros legítimos intereses? Las respuestas que se intenten seguramente llenarán volúmenes, si bien no cambiarán en absoluto la realidad.

En consecuencia, hay que reaccionar con cabeza fría y hacer un buen balance del fallo leído en la ciudad holandesa. En tal sentido, hay que señalar que lo ocurrido le pone punto final a un contencioso que llevaba demasiado tiempo. Ahora, y con el respaldo del derecho internacional, Colombia tiene definidas las fronteras con sus vecinos centroamericanos.

Y más que eso. Nuestra soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -y de los siete cayos que también lo conforman- queda establecida sin admitir alegato alguno. Aunque hace cinco años había quedado claro que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 era válido y, por ende, la posesión de las islas habitadas, no ocurría lo mismo con las formaciones menores, en particular Quitasueño y Serrana.
La ratificación de que en estas últimas -y, de hecho, en todas las demás- seguirá ondeando el pabellón tricolor no es una victoria menor. Confirma que tenemos derecho a más de 200.000 kilómetros cuadrados de mar en esta parte del Caribe, por cuenta de nuestro superficie.

Dicho lo anterior, es lamentable -y a decir verdad criticable- que para la Corte los cayos en disputa no hayan sido habilitados como puntos válidos en el momento de trazar los nuevos límites, una postura cuestionable de la que salimos damnificados. Por cuenta de ello, algunos quedarán como enclaves, protegidos por una zona de 12 millas náuticas, pero rodeados de aguas nicaragüenses. Aunque los navíos de bandera colombiana no deberían tener problemas de acceso, la figura se presta para incidentes.
Esa posibilidad se convierte en un argumento de peso para buscar mejorar las relaciones con Nicaragua. La vecindad a perpetuidad obliga a tener mecanismos de entendimiento, incluyendo la posibilidad de que los pescadores artesanales del archipiélago puedan seguir faenando en zonas de las que han obtenido su sustento desde hace siglos.

Aparte de lo anterior, los isleños tienen que recibir todo el apoyo del Gobierno Nacional para que su calidad de vida no sufra deterioro alguno. Es hora de que lo sucedido sirva de acicate para cumplir con las promesas hechas desde el continente y dejar en claro que hoy, más que nunca, San Andrés es Colombia.