Onofre Guevara López
La demanda que el
Gobierno de Reconstrucción Nacional planteó a Colombia ante la Corte
Internacional de Justicia en 1980, por San Andrés y los cayos adyacentes, lo
perdió nuestro país con el fallo de 2007. Pero quedó pendiente lo de la
frontera marítima. Y el 19 de noviembre 2012 la CIJ falló ampliándole esa
frontera a Nicaragua hasta el paralelo 79.
Junto al fallo anterior, el tribunal de La Haya completó su fallo
salomónico.
Este ha sido un conflicto
en cuyo entorno se ha expresado un superficial espíritu de unidad nacional. Después
que el primer gobierno de la revolución plantó la demanda por San Andrés, todos
los gobiernos han proseguido la demanda de restitución de derechos, con más o
menos el mismo interés.
El último fallo ocurrió
en medio del conflicto generado por el fraude electoral del 4 de noviembre. Y causó
júbilo nacional por la importancia económica del mar recuperado, por la reivindicación
a medias de un derecho y por el respeto de nuestra soberanía en el mar Caribe. Pero
el fallo no hace total justicia a Nicaragua.
Eso pareciera un
tácito reconocimiento a la voluntad de los Estados Unidos que, además de ocupar
militarmente a Nicaragua en 1928 y obligarla a entregar San Andrés a Colombia, ya
se había quedado con los cayos Serranía (1869), Roncador y Quitasueño (1871). Después,
Ronald Reagan cedió esos cayos a Colombia para enfilarla en su política
contrarrevolucionaria. Todo eso, es parte del tejido de intereses coloniales-imperiales
en el Caribe.
La negativa de Juan
Manuel Santos, presidente colombiano, a reconocer el fallo, es remanente de esa
conjura, y actitud carente de respeto por el derecho internacional, para no
causarle mayor pesadumbre a sus compatriotas. Hasta podría ser para no perder
imagen ante sus interlocutores de la FARC, en las negociones de paz en La
Habana. ¿O será que espera alguna reacción de su viejo cómplice, los Estados
Unidos, mayor responsable del conflicto?
Aquí, el fallo causó mucha
satisfacción, pero también dio apoyo a la proyección de la imagen de Ortega, para
echarle una cortina de patrioterismo a sus violaciones del orden constitucional.
Comenzó convocando a celebrar el fallo a ex presidentes y ex cancilleres, tratando
de dar la imagen de presidente con espíritu de unidad nacional, pero los sentó al
lado de sus banderas partidarias.
Ortega no tiene ningún
interés por asimilar ese supuesto espíritu de unidad nacional a los conflictos internos.
Hizo loas a la justicia, la equidad y el derecho del fallo de la Corte Internacional
de Justicia, pero ni las imagina como valores transferibles a los fallos de su
Corte Suprema de Justicia ni su Consejo Electoral. Ortega mantiene una barrera entre
esos valores que asoman en el fallo profesional e imparcial de la CIJ, y los fallos
injustos y partidarios de los tribunales e instituciones bajo su control.
De otra parte, todo
lo que se dijo y se hizo en torno al litigio nica-colombiano –antes y después
del fallo de la CIJ— dejó al margen la voluntad, el sentimiento y el criterio
de los habitantes de San Andrés acerca de si querían ser nicaragüenses o si
quieren seguir siendo colombianos. Al parecer, su opción es por lo último, pues
median situaciones históricas objetivas imposibles de ignorar: los sanandresanos nunca tuvieron atención de
parte de gobiernos nicaragüenses, como tampoco la han tenido debidamente los de
nuestro litoral caribeño. Han ignorado si los vínculos familiares entre los
habitantes de San Andrés y nuestros compatriotas caribeños, son más fuertes que
los vínculos económicos, sociales, políticos y familiares que han desarrollado
con los colombianos.
También ignoran que si
los habitantes de San Andrés desearan ser nicaragüenses, lo hubieran expresado de
cualquier forma, sin esperar ningún fallo internacional. Si el fallo de 2007 hubiera
dejado San Andrés a Nicaragua, no hubiera habido decreto posible que los convenciera
de su nicaraguanidad. Si existieran dudas, sobre esto, dilucidarlas corresponde
a los sanandresanos. Pero no se sabe
que esa duda exista o hubiera existido. Tomando en cuenta estos aspectos,
reconozcamos que el falló de la CIJ también resolvió un problema humano. Aunque
San Andrés se quede para siempre como un enclave colombiano dentro del mar nicaragüense.
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