Las denuncias del fraude electoral del 2011 en Nicaragua y la propuesta republicana de suspender la ayuda económica de Estados Unidos al país son más sentencias de muerte para los nicaragüenses que medidas efectivas para presionar al presidente Daniel Ortega —reelecto inconstitucionalmente—, según analistas políticos.
Esta semana, el senador Marco Rubio colocó el fraude electoral reciente y la reelección inconstitucional de Ortega como tema prioritario para la agenda de la Cumbre Iberoamericana. Además, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, insistió en presionar al gobierno de Barack Obama para eliminar la ayuda económica a “la dictadura de Ortega”.
El diputado ante el Parlamento Centroamericano, Mauricio Díaz, considera que “está bien que no se premie a un gobierno que viola los derechos humanos, civiles y políticos dándole más recursos en la cooperación bilateral”. Sin embargo, opina que “Estados Unidos tendría que buscar otros mecanismos para que sus medidas no afecten al pueblo trabajador”.
Díaz subraya que “nadie nos va hacer la tarea a los nicaragüenses”, porque “la democracia debería estar en manos de quienes nos hacemos llamar demócratas”.
“Daniel Ortega no es un presidente demócrata. Él solo entiende por medio de la presión social, pero aquí la presión social está liquidada”, lamenta.
OBAMA NO HA PRESTADO ATENCIÓN A NICARAGUA
El jurista Carlos Tünnermann cree que en el caso de Nicaragua, la Administración Obama ha centrado su interés en que este Gobierno saque buenas notas en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, y Ortega ha encontrado la manera de satisfacerlos en esos aspectos.
Por eso, estima que “mientras ellos (los funcionarios de la Administración de Obama) consideren que en ese campo Nicaragua se porta bien y con eficiencia, no se van a interesar mucho en la política” nicaragüense.
Mauricio Díaz valora que es una presión “retórica y política”.
“No veo una buena noticia para los nicaragüenses y tampoco un resultado real. Las medidas que se tomen para presionar a Ortega serían para castigar al pueblo y no a la nomenclatura que ostenta el poder en Nicaragua”, dice Díaz.
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