Las dudas sobre la economía de Nicaragua

Por Néstor Avendaño

Director Ejecutivo de COPADES

14 de agosto de 2010

Si la economía mundial volviera a caer en una nueva recesión, con optimismo puedo afirmar que la economía nicaragüense podría estancarse en 2011. Sin pensar en malos augurios en este momento, las dudas que tengo es sobre el rumbo de la política económica en el corto plazo, especialmente la política fiscal.

El próximo año hay elecciones presidenciales en nuestro país. El costo de elegir a un presidente, un vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano cuestan aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto, o sea aproximadamente 60 millones de dólares.

Con ese aumento del consumo público por el gasto electoral, el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscará condicionar un leve aumento del actual déficit fiscal anual de 290 millones de dólares o una contención del mismo, con el fin de impedir otra aceleración de la venta de bonos del Tesoro que ahora se vuelve tan importante como el saldo remanente de la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001. Hay que reconocer que el mayor endeudamiento interno del gobierno se debe en parte a la suspensión definitiva de las donaciones anuales de 60 millones de dólares líquidos de libre disponibilidad que otorgaba el Grupo de Apoyo Presupuestario.

¿Y cómo contener el déficit fiscal anual en 5% del PIB, o peor aún reducirlo aunado a la disminución de la deuda pública interna, como exigiría el FMI a pesar de los riesgos de una nueva recesión económica mundial? El policía financiero internacional hasta ahora sólo ha insinuado que será necesario aumentar la base de contribuyentes, pero eso es una tarea permanente de la Dirección General de Ingresos.

Es cierto que en este año se ha observado una muy buena disciplina fiscal, porque con menos ayuda externa se ha reducido el déficit presupuestario en el transcurso del año comparado al mismo período del año pasado. Sin embargo, la mayor recaudación de impuestos se debe no sólo a la tradicional subvaloración de los ingresos tributarios proyectados, una práctica permanente desde la década de los noventa con el fin de reducir las transferencias del Gobierno Central, sino también a los resultados de la reforma la Ley de Equidad Fiscal, al mejor desempeño de la economía (que crecerá más del 1% programado inicialmente por el gobierno) y a la mayor inflación acumulada para todo el año (que será mayor del 3% inicialmente previsto por el gobierno).

La duda que surge es que esa disciplina fiscal, basada en una mayor presión tributaria que se aproximará a 18.5% del PIB este año, aún no garantiza una mayor eficiencia del gasto público, que ya se acerca al 24% del PIB. El gasto público en educación y salud sería eficiente si esos servicios públicos fuesen mejores cada año, y una ineficiencia creciente del gasto conduce al aumento de la presión tributaria. Más aún, si el gasto público creciente requiere de un mayor endeudamiento público interno, la reducción del desequilibrio fiscal no se sostendrá en el mediano plazo.

Por eso, el FMI comete la imprudencia política de sugerir la “reevaluación” de las transferencias a las universidades y a la Corte Suprema de Justicia, equivalentes al 10% del gasto total del presupuesto nacional, pero tengo la seguridad que el gobierno no aceptará intromisiones foráneas en nuestros asuntos soberanos, o sea en nuestra Constitución.

Además, el FMI señala que una gran parte de los aumentos de depósitos del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN), que miden el esfuerzo fiscal para proteger las reservas internacionales, sea usada para pagar la deuda pública interna, lo cual es discutible por la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de la educación y la salud, y también de la justicia y la seguridad.

Lo que comparto con los técnicos del FMI en este tema es racionalizar las transferencias a las alcaldías con la identificación de las responsabilidades del gasto municipal, basar la política salarial en la Ley de Servicio Civil, mejorar la Ley de Contrataciones del Estado, fortalecer las auditorías del gasto público y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público.

No debemos olvidar que la mejor política social es la que permite a la gente progresar gracias a su trabajo, pero el desempleo global afecta al 28% de la población económicamente activa. El FMI, al reconocer que la administración pública actual ha establecido nuevas políticas sociales y nuevos programas de reducción de la pobreza, implícitamente acepta que el modelo económico neoliberal del Consenso de Washington no permitió que la gente consiguiera puestos de trabajo con mejores remuneraciones.

Por otro lado, no debemos preocuparnos sobre la política monetaria, que se ha excedido en la contracción de dinero para cumplir la condicionalidad de mantener un nivel de reservas internacionales brutas igual a 2.2 veces la base monetaria (o sea del saldo de la emisión de dinero y del saldo de encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas), ya que en la actualidad es igual a 2.8 veces y el gobierno recibirá 42 millones de dólares para apoyo presupuestario de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 36 millones de dólares para apoyo de balanza de pagos de parte del FMI porque, en mi opinión, ha cumplido satisfactoriamente sus compromisos establecidos en las dos últimas revisiones pendientes del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA).

Sin embargo, la gente busca refugio en el dólar aunque la inflación medida en córdobas es de un dígito, mientras que las expectativas inflacionarias son bajas y las tasas de interés para los prestatarios son muy altas y poco competitivas, por lo cual espero que el BCN, con su nueva ley recientemente aprobada, coordine eficientemente la política financiera. Es fácil prever que el crédito bancario se contraerá de nuevo este año y existe bastante probabilidad que siga contrayéndose el próximo año.

En el ámbito financiero, comparto la opinión del FMI de mejorar la supervisión bancaria, aplicar pruebas de estrés financiero a los bancos comerciales, legislar para proteger la privacidad de los consumidores financieros y regular las transferencias de las remesas, pero estoy en desacuerdo de aumentar el número de personas inmunes en nuestro país (al contrario, habría que reducir ese número) al proponer que se dé protección legal a los oficiales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y, peor aún, extender esa protección al superintendente después del cumplimiento de su mandato.

En cuanto a la política cambiaria, no se visualizan riesgos en el manejo de la máquina para emitir dinero, se observa una aceptable posición de las reservas internacionales brutas que financia un poco más de 5 meses de importación de bienes CIF y, por lo tanto, no hay lugar a especulaciones en el mercado cambiario ni habrá que dar importancia a los posibles rumores de una devaluación que se esgrima políticamente en un ambiente electoral. Sin embargo, el FMI sólo “aconseja” en salvaguardar la competitividad empresarial en el corto plazo con la contención de las presiones salariales, incluyendo la del salario mínimo, y en el largo plazo con la implementación de reformas estructurales para mejorar la infraestructura y la productividad.

Creo que la misión de técnicos del FMI no se atreve a dar consejos de preparar las condiciones para reducir el alto porcentaje de la sobrevaluación del córdoba, como lo hace con ahínco para reducir el déficit fiscal. No plantean a los políticos el dilema de “dolarizar” oficialmente la economía o “recordobizar” la economía. En 2009 el córdoba valía 19% más de lo que debió valer, por lo cual los empresarios tienen un mayor incentivo para producir bienes no transables que bienes exportables o importables y, así, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, se profundiza el déficit en la balanza comercial, se desincentiva la inversión extranjera, se produce una fuga de capitales y el crecimiento económico es anémico.

En síntesis, la sobrevaluación del córdoba, que se ha mantenido en altos porcentajes desde 2005, significa una apreciación del tipo de cambio real o una pérdida de competitividad internacional, al aumentarse los costos de producción interna de los bienes exportables. Las devaluaciones nominales del córdoba no se traducen en devaluaciones reales porque el tipo de cambio es rehén de los mecanismos de indexación de precios con respecto al precio del dólar, especialmente el de la cláusula de mantenimiento de valor, y debo reconocer que esto impide la corrección del tipo de cambio real en el corto plazo. Pero también reconozco que el largo plazo comienza hoy y, por lo menos, hay que preparar las condiciones para resolver este problema cambiario en el futuro.

Finalmente, la calidad institucional está entre el fuego político y es tema de preocupación nacional. Sin duda alguna, Nicaragua tiene un sólido respeto por los derechos de propiedad, pero la falta de negociación entre los políticos del país no atrae suficientes inversiones. Vemos también a políticos que tienen asuntos pendientes con la justicia, se escudan en sus inmunidades y aspiran a los más altos cargos públicos, lo cual no es correcto en un ambiente democrático.

La economía nicaragüense ha crecido 3.7% promedio anual entre 1994 y 2009. Eso no es crecer sino reactivar el aparato productivo de un país que salió de una cruenta guerra hace veinte años y aún tiene un gran ejército de desempleados y mucha gente pobre. Hasta hace poco tiempo se inició la solución de los graves problemas estructurales de la generación de energía eléctrica, y a partir de ahora se pretende resolver el futuro problema de la seguridad social. Sin embargo, persiste el reto de fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad, lo cual no es preocupación del FMI sino exclusivamente de nosotros.