Destrucción institucional y diversionismo cómplice

Onofre Guevara López

Cada día que avanza hacia una meta electoral no oficializada, sino impuesta por la fuerza de las ambiciones de Daniel Ortega, se observa un panorama político más desequilibrado de lo habitual. Se evidencia que los razonamientos jurídicos en defensa del orden social y de la institucionalidad del país no valen nada para el orteguismo, mientras pretende dotar de legitimidad a sus acciones ilegales destructivas.

Nada de esta situación llegó por azar. Todo es efecto de un proyecto soñado, construido y pulido durante los diecisiete años que Daniel Ortega, gobernó “desde abajo”. Todo en armónico desarrollo con un poder económico levantado con los bienes arrebatados al Estado, como “capital semilla”. Cuando la oportunidad buscada llegó en el 2007, la cooperación venezolana fue para el orteguismo como “maná del cielo”, en el momento más oportuno que alguien pudiera haber soñado. Y su capital económico se agigantó, aún más que su capital político, y lo utiliza a manos llenas.

Luego de mejorar las condiciones políticas a su favor, por medio del pacto con Arnoldo Alemán, el presidente Ortega puso manos a la obra. El proceso de construcción de su proyecto político personal se inició paralelamente a la destrucción de las bases constitucionales, sobre las cuales se pudo haber desarrollado un proceso democrático.

Con la ilegalización de partidos políticos, el fraude electoral del 2008, las represiones físicas y legales, más el soborno de políticos y diputados, Ortega acentuó el desequilibrio de las fuerzas políticas de oposición. A un sector lo hundió en la corrupción, cuyos hilos los maneja a perfección con un factor básico del cual emanan otros factores: dinero, dinero y dinero.

Ríos de dinero en prebendas, sobornos, propaganda demagógica súper abundante con mensajes seudo socialistas, engaño a las masas con su falsa religiosidad y propagación del pordioserismo en la mentalidad de la gente más humilde. Para ello, aprovecha festejos tradicionales, combinándolos y acentuado sus matices de paganismo, politiquería y religión, para obtener, de esta forma inmoral, un producto: la enajenación de los sectores más humildes. Todo esto es conocido, y que ya no impresiona a nadie por su novedad, pero lo reitero porque no existe otra realidad.

Lo sucintamente relatado en cuanto a manipulación, no es todo ni mucho menos. Esa es la fase de la destrucción moral de la sociedad nicaragüense para levantar y consolidar su poder político, pero la destrucción institucional –aunque no está separada de la primera—, la comenzó el orteguismo aplicando su bola de hierro contra la Constitución Política, base de la institucionalidad del país.

El momento en que el orteguismo empezó a aplicar sus golpes contra la Constitución, fue cuando Daniel Ortega, habló respecto a que cinco años son pocos para desarrollar un programa de gobierno que pretenda transforma a la sociedad nicaragüense. Después, y cada vez más abiertamente, comenzó a propagar su deseo de reelegirse. Ahí, Ortega cometió el delito de atentar contra la Constitución en tres fases:

1) Ejerciendo la presidencia, hizo caso omiso de la prohibición a ser candidato para una reelección continua; 2) desentendió la prohibición de querer una segunda reelección, siendo que está en ejercicio de su primera reelección (acápite a), artículo 147), aparte de haber presidido la Junta de Gobierno durante cinco años; y 3) utilizó a sus agentes políticos disfrazados de magistrados de la CSJ para producir el fallo más absurdo en la vida constitucional de un país: declarar sin efecto el artículo 147. Efecto real: declarar inconstitucional la Constitución.

Eso no significa que el orteguismo no hubiese violado antes la letra y el espíritu de la Constitución. Lo hizo en la toma de posesión, el 10 de enero de 2007, cuando, en tan importante acto oficial, tres jerarcas de la iglesia católica lo presidieron junto al presidente de la Asamblea Nacional. Aunque tampoco este fue el primer acto violatorio, la violación del artículo 14 cn., que prescribe que el “Estado no tiene religión oficial”, ha sido la confirmación de su voluntad política de instaurar un Estado confesional, con todos los matices reaccionarios que esto representa.

Ninguna de las demás violaciones constitucionales son desconocidas; también han sido refutadas y jurídicamente fundamentadas por el ciudadano común, los profesionales del Derecho, sin faltar, lógicamente, los políticos no orteguistas. Sin temor a parecer categórico, se puede afirmar que nada nuevo ni más exacto jurídicamente es posible argumentar más de lo ya argumentado contra el desmantelamiento institucional. Tampoco la respuesta del orteguismo ha sido ejemplarmente jurídica, sino francamente atropelladora. No se ve en este gobierno ningún interés por darle una justificación legal a sus medidas, sino poner en marcha la decisión política de arrasar toda legalidad, como su maquinaria política fría y despiadada.

Por su actuar con la fuerza, al margen de toda legalidad, en todos los terrenos y contra todo derecho, es que el orteguismo se ha merecido el calificativo de dictadura. Y ante las críticas por su dictatorial actuación, el orteguismo reacciona como reaccionaría una banda de malhechores: con más violencia contra el orden constitucional, porque está consiente de su condición de ilegalidad, y por ello no necesita de razones para defenderse, sino de la violencia contra las leyes.

De sus atropellos han sido cómplices –por acción u omisión— fuerzas políticas de la oposición, ubicadas en los partidos y fracciones liberales. Mientras el orteguismo atropella el Poder Judicial, están enfrascadas en “elecciones primarias”, dejándoles las manos libres, con la sola y débil resistencia de sus magistrados. Fuera de eso, no ha hecho resistencia activa, no ha convocado al pueblo a levantar protestas y acciones que paren a la maquinaria orteguista en su marcha sobre el orden institucional.

Le temen a la acción del pueblo, viven de espaldas a sus demandas y lo siguen viendo como el proveedor ocasional de votos, los que de nada han servido ni servirán, si se embarcan otra vez en una campaña electoral bajo la tutela del corrupto tribunal electoral. Esta es la situación de los partidos de oposición: buscan oportunidades, candidaturas, prebendas y figuración. Desmentir lo dicho, es fácil: actuando ahora mismo, haciendo algo para detener la maquinaria orteguista, pero con los sectores populares. El brujuleo de cúpulas no sólo no cambia nada, sino estimula la dictadura y es una de las tantas formas de traicionar al pueblo y a Nicaragua.