Narcocédulas

Sofía Montenegro

• Dudosa identidad

La próxima vez que usted salga del país y en Migración lo pongan en una fila aparte, le revisen hasta los intestinos y chequeen con lupa sus documentos de identidad, piense en Daniel Ortega y su régimen de facto. Si usted es de los que cree que la política y las instituciones nada tienen que ver con usted, se equivocó: es por el desmantelamiento de las instituciones, la violación a la Constitución y las leyes y la falta de independencia de los poderes del Estado y el pacto Ortega-Alemán, por lo cual un sujeto como Roberto Rivas sigue usurpando la presidencia del Consejo Supremo Electoral y que otro sujeto como Julio César Osuna, no sólo llegó a ser magistrado sino que pudo proveer de cédulas al narcotráfico y trasegar sumas millonarias por la frontera. Como en este país nada ocurre en ningún poder del Estado sin la voluntad de Ortega, no es una simple ocurrencia que la emisión de cédulas esté bajo la responsabilidad directa de Rivas, que es lo que explica por qué han negado tan sistemáticamente las cédulas para ejercer el voto y les resuelven expeditamente a los Palidejos. El  proceso de “desciudadanización” de los electores con fines de fraude, lleva aparejado uno de “narcociudadanización”.  Por eso es que a partir del escándalo, su cédula o pasaporte no vale nada y lo ubica a usted como un sospechoso ante otros Estados.

• Poder delincuente

En la antigua Roma se denominaba “ambitus” a la corrupción en materia electoral y se reprimía duramente el empleo de medios ilícitos en la obtención de funciones públicas.  El fraude electoral se consideraba como un crimen capital (que lesiona el interés público) no un delito (que lesiona el interés privado) y por eso no se andaban con medias tintas: la pena para los criminales podía ser la muerte, la pérdida de la libertad, de la ciudadanía o el exilio. Igualmente se castigaba al ciudadano que votaba dos veces y a quien vendía o compraba el voto. En este tenor, tanto Ortega como sus operadores políticos en el CSE son en realidad criminales políticos tras los repetidos fraudesejecutados contra la voluntad ciudadana. Las narcocédulas emitidas por el CSE no son ninguna “pecata minuta” como han querido minimizar los magistrados usurpadores y hasta el invisible vicepresidente de la República, pues sumado a los anteriores, representan delitos contra el patrimonio, lavado de dinero, falsificación de documentos, delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, delitos contra la tranquilidad pública (crimen organizado) y delitos contra el estado civil (alterar datos registrales). Que estamos ante un poder ilegítimo y delincuente no creo que necesite más argumentos.

• Narcopolítica

El tráfico de cédulas y el tráfico de drogas sólo puede generar lo que con toda propiedad puede tipificarse como “narcoelecciones”, pues en las condiciones actuales con un árbitro corrupto, un sistema político monopartidario (los grupos clientelares no cuentan como partidos), sin verdadera alternancia ni alternativa al poder, las elecciones devienen en un estupefaciente. Narcótico significa “adormecedor”, pues es una sustancia que puede provocar sueño, tiene la capacidad de alterar el estado psíquico y físico, embotar la sensibilidad o generar excitación motriz, entre otras cosas. Si no lo cree, mire cómo se obnubilan las “bases” de los partidos narcodependientes por ser “candidatos” en el sueño opiáceo de las elecciones municipales y cómo las dirigencias (¿?) afirman que están obligadas a participar porque así se lo “exigen” aquellas. En la situación presente, ¿quién le puede asegurar a usted que las “franquicias” partidarias participantes ya no han sido compradas por decir algo, por la Familia Michoacana? ¿Quién le puede asegurar que algunos candidatos a alcaldes y concejales que se van a “reelegir” y aquellos  seudo-opositores que van a dejar ganar, no son quienes dicen ser y/o están emplantillados por el narco? Las elecciones municipales en Nicaragua pueden significar el control territorial que faciliten el trasiego de drogas y es una excelente inversión si se trata de un gran capo. Repudiar estas elecciones y a sus participantes es pues un deber ciudadano y un acto de legítima defensa y seguridad nacional.

• Ley de Murphy

El fraude electoral del 2011, la imposición del régimen de facto y la narcobomba de las cédulas, marca el tránsito de un Estado con corrupción endémica y parasitaria a un Estado mafioso, donde comienza a darse la simbiosis de gobierno y crimen transnacional sobre la base del debilitamiento de la institucionalidad. Es oportuno  entonces aplicar al futuro con Daniel Ortega en el poder la Ley de Murphy, cuya principal máxima dice que “todo lo que puede suceder, sucede” o “si algo puede salir mal, seguro saldrá malísimo”.  Sin legitimidad nacional e internacional, con la cooperación externa reducida, los waivers para los préstamos en la cuerda floja y con Chávez próximo a la tumba, ¿de dónde cree usted que sacará Ortega 500 o más millones de dólares para mantenerse en el poder y su esquema clientelar? Seguro no va a ser sólo clavándonos más impuestos. Para mantenerse “bendecido, prosperado y en victoria”, según la Ley de Murphy como la tostada con mantequilla que cae al suelo, caerá del lado de la mantequilla. El asunto de los waivers sólo le preocupa a Ortega por razones de legitimidad, puesto que el financiamiento duro es de Chávez. Por eso es que necesita que la empresa privada vaya a Washington a hacer el ridículo, mientras sustituye al cuasi-difunto Chávez por un nuevo mecenas.