¿ACEPTAN USTEDES SU RESPONSABILIDAD?

Señores magistrados de poderes del Estado y líderes partidarios (todos necesariamente, como consecuencia de las determinaciones del pacto bipartidario, líderes del sandinismo-orteguismo o del PLC, incluyendo al Presidente de la República):

Ustedes nos han metido en el enredo en que ahora nos encontramos, de modo que la ciudadanía les pide que asuman sus responsabilidades en los delitos que están siendo investigados a raíz del descubrimiento por parte de la Policía Nacional, de actuaciones altamente delictivas, nada menos que ligadas con el tráfico de drogas, del ex magistrado suplente del CSE,  Julio Osuna. Las iniciadas investigaciones ya están levantando dudas serias sobre el comportamiento de algunos altos miembros del sistema judicial del país. Estos hechos arrojan tenebrosas sombras de duda sobre la solvencia moral y profesional de todos ustedes por la no excluible posibilidad de que más funcionarios del CSE o del Sistema Judicial del país o de otras instituciones del Estado, estén involucrados en una execrable alianza con el narcotráfico por una claudicación personal ante el ansia de obtener prebendas de poder o enriquecimiento ilícito.

Su responsabilidad comienza desde que ustedes aceptan el pacto bipartidario acordado entre Daniel Ortega, entonces Secretario General del FSLN, y Arnoldo Alemán, Presidente de la República. Este pacto excluyó de sus negociaciones a cualquier miembro de cualquier otro partido político, o de la sociedad civil apartidaría , o del gremio empresarial o negociante, o de los profesionales, o de la comunidad universitaria  o de cualquier ciudadano nicaragüense que no fuera miembro de la cúpula política de sus dos partidos. Lo que en ese pacto se negoció y se acordó es total y absolutamente la responsabilidad de ustedes. Y si en ese pacto se aceptaron condiciones que ahora están afectando con alta gravedad negativa la vida pública de esta Nación, eso es sólo responsabilidad de ustedes, y los ciudadanos que no hemos tenido nada que ver con ese pacto tenemos derecho a emplazarlos, pedirles explicaciones, exigirles que se sometan a investigación y que acepten sanciones si resultaren culpables, que pueden suponer la necesaria renuncia al puesto que ahora ocupan.

La peor de las consecuencias del pacto de la que ahora tienen que rendir cuenta y aceptar un veredicto negativo es la partidización de los poderes del Estado. El  hecho de que entonces los diputados de sus partidos representaran el 90 por ciento de los puestos de la Asamblea Nacional, no les permitía, ni desde el punto de vista de las normas de la democracia que nuestra Constitución ha adoptado ni desde las normas más obvias de la moralidad y la ética cívica y política que debe seguir cualquier ciudadano y cualquier partido político, excluir a las fuerzas políticas no representadas por ustedes y a todo el resto de la ciudadanía del país, de la posibilidad de ocupar cualquier puesto en el Estado (en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral y en los Consejos Territoriales, en la Contraloría de la Nación, en la Procuraduría de Justicia, en la Procuraduría de Derechos Humanos, en las direcciones de Entes Autónomos) para entonces y para todo futuro previsible. Esto lo hicieron no sólo aceptando entre ustedes normas que atentan groseramente contra el texto de la Constitución del país que exige pluralismo político y apartidismo absoluto en la nominación de los cargos del Estado, sino incluso cambiando en ese condenable sentido el texto de la Ley Electoral, que es una ley de rango constitucional.[1]

Por esa deleznable y escandalosa partidización, de la cual todos ustedes, comenzando con los actuales representantes del PLC y del FSLN en la Asamblea Nacional, han sido cómplices, la totalidad de los cargos de la CSJ, del CSE, de la Contraloría, de las Procuradurías, de la Fiscalía y de las presidencias y membrecía en directorios de entes autónomos del Estado, se ha repartido a mitades entre sus dos partidos. No puede negarse que en esta repartición, el objetivo de “premiar” a personajes “meritorios” de cada uno de los dos partidos, ha jugado un papel muy importante. Lógicamente, con este patrón se han colado irremisiblemente en altos puestos del Estado no pocos vividores y oportunistas que no poseían las credenciales éticas y profesionales para ocupar esos cargos. Las posibilidades estadísticas de que una gran mayoría de ciudadanos perfectamente calificados para esos cargos, hayan sido desplazados por los cargos distribuídos con el sistema Piñata entre los fieles a los caudillos de los dos partidos, son muy serias. Y las circunstancias han hecho brillar el cobre. Piénsese en el caso del ex magistrado Camilo Rogers Argüello del CSJ, quien se embolsó US$600 mil de un decomiso hecho al narcotráfico por el sistema judicial, en el cual él tuvo la oportunidad de participar al más alto nivel (que se sepa, Rogers A. fue tardíamente destituido, no por la AN, que era a quien le correspondía, sino por el Presidente Ortega, a quien no le correspondía, como tampoco le correspondía sanar la falta de treinta y tantos suplentes de magistrados con cargos vencidos; pero de devolución de los dólares nadie ha sabido nada). Piénsese también en el caso de los Magistrados Herrera (difunto al que hay que desearle que descanse en paz) y Marenco del CSE, que, reconocieron haber colaborado con Roberto Rivas por disciplina y lealtad con Arnoldo Alemán en la comisión del fraude electoral de 2008. O piénsese en el caso reciente que nos ocupa del Magistrado Julio Osuna, del cual ya hemos dicho lo pertinente. Y por eso creemos que no debemos excluir la posibilidad de que aparezcan más casos semejantes a éstos.

¿Aceptan ustedes, señores, su responsabilidad en este clavo? “Quien siembra vientos, cosecha tempestades” (refrán popular).

 

Iván García Marenco


[1] No puedo menos que relatar aquí una triste experiencia con el actual consejero económico de la Presidencia de la República, don Bayardo Arce Castaño. En un programa de televisión en el cual él participó dando información sobre el pacto recién acordado de su partido con el PLC, tuve la oportunidad de acceder a él por teléfono y en público y preguntarle cómo justificaba que se hubiera excluido de las condiciones del pacto a cualquier otro ciudadano que no fuera miembro de las dos cúpulas partidarios. El Sr. Arce me respondió, tal vez sin pensarlo mucho, que “no iban a ser babosos a renuncias a claras ventajas que el pacto ofrecía a su partido.” Éste fue el comportamiento ético que los actores del pacto y sus cómplices guardaban en ese momento con referencia al pluralismo político constitucional.