¿Minados?

Mario Urtecho*

En conferencia de prensa, los comisionados generales Glenda Zavala y Ramón Avellán, precisaron que mediante una operación simultánea en Managua, Rivas y Carazo, capturaron, por los delitos de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, a nueve nicaragüenses y dos colombianos vinculados a la agrupación colombiana Los Fresas. La droga la trasladaban de Costa Rica a Nicaragua, y Los Charros la movilizaban al Norte. Su modus operandis incluía: ofertar el estupefaciente a carteles mexicanos, guatemaltecos y hondureños; importar vehículos de lujo averiados, y repararlos en Nicaragua, para justificar la circulación de dinero, y asociarse con transportistas, como Henry Fariñas, sobreviviente del atentado en el que falleció Facundo Cabral, supuestamente ordenado por El Palidejo -líder de la célula y preso en Guatemala- porque aquél se le habría apropiado de un cargamento de drogas. La captura en esa operación de Julio César Osuna, magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), en mala hora, prueba que el narcotráfico internacional minó, al menos, a una institución del Estado nicaragüense.

Según la acusación del Ministerio Público, el magistrado, además de emitir cédulas a miembros del crimen organizado, usaba su pasaporte diplomático para viajar dos veces por mes a Costa Rica, donde entregaba, cada vez, entre 700 mil y un millón de dólares a la red de El Palidejo. Los dólares eran traídos de Honduras a Nicaragua por el conductor-escolta del magistrado, y éste los trasladaba en una Toyota del CSE y en dos vehículos más. Osuna era acompañado por “José”, quien viajaba con pasaporte nicaragüense. Según la acusación, ambos rompieron relaciones, porque al magistrado “le robaron una gran cantidad de dinero”. Al ser capturado su hermano, José Francisco Osuna, la Policía le ocupó un carnet de la Dirección General de Migración y Extranjería, encargada de emitir los pasaportes.

Semanas antes, Henry Fariñas y otros, fueron capturados por narcotráfico internacional. Una de sus hermanas denunció que era torturado en la cárcel, y que con su captura alguien intentaba impedir que declarara contra El Palidejo, lo que contribuiría a que éste obtuviera su libertad. Además, lanzó graves acusaciones contra altos mandos de la Policía, al afirmar que tenían grabaciones y fotos que los involucraba con el narcotráfico y hasta en un complot para derrocar al presidente Ortega. Karla Fariñas, también hermana de Henry, fue capturada la semana pasada por meterle un balazo a un tipo que, según dijo, llegó a su casa como miembro de la Interpol e intentó secuestrar a su madre. Fue liberada, pero recapturada días después, pues años atrás, a solicitud de Osuna, sirvió de testigo para que al Palidejo le dieran cédula nicaragüense. Su hermana declaró que quieren amedrentarlos, y que la policía busca las filmaciones, pero que éstas ya las tienen en el extranjero.

El presidente del CSE, Roberto Rivas -cuestionado por su desmesurado enriquecimiento, compra de aviones, mansiones e introducción de autos de lujo a Costa Rica, presuntamente evadiendo impuestos por medio de la embajada de Nicaragua, donde su hermano es embajador- declaró ante la prensa que “no somos apañadores de delitos”, y si Osuna está acusado por facilitar documentos de identidad a extranjeros narcotraficantes, es problema de él y no de la institución. Su declaración fue desafortunada, porque el CSE tiene métodos de dirección, seguimiento, control y evaluación, y como magistrado Presidente, él es responsable de lo que allí ocurra. A inicios de 2010, Carlos Larios (El Nuevo Diario), desarrolló una acuciosa investigación que identificó que en el CSE, al parecer por dinero, emitían cédulas convirtiendo a adolescentes en mayores de edad, las que luego prostituían dentro y fuera del país. En febrero de ese año, paradójicamente, autoridades del CSE denunciaron por Falso Testimonio a la joven Daysi Ramírez, quien cooperó para evidenciar esa corrupción. Por razones desconocidas esa acusación no siguió curso legal.

¿Tramitó Osuna cédulas de los colombianos Alberto Bermúdez, El Cojo, jefe de las FARC y Amauri Paudd, narcotraficante que en la comunidad caribeña Walpasiksa, asesinó a dos oficiales del Ejército Nacional? ¿Hay más gente involucrada? ¿Por qué la Policía no se ha pronunciado por las graves acusaciones contra sus mandos? ¿Se despojarán voluntariamente de su inmunidad los magistrados del CSE para ser investigados? La alerta debe estar al rojo vivo.

* Escritor