Una maquinaria anti constitucional

Onofre Guevara López

Un concepto de cajón: todo Estado se constituye sobre bases jurídicas acordadas según la voluntad política de los constituyentes, o sea, de gente con la representación popular formalmente adquirida en justas electorales para dotar al país de su Constitución Política. Y cuando el gobierno no sujeta sus funciones a los mandatos constitucionales, se vuelve ilegal y pierde legitimidad.  

Está comprobado que con sus violaciones a la Constitución, Daniel Ortega se ha puesto al margen y en contra de la legalidad y la legitimidad, por lo cual, y aunque parezca simple la conclusión, es una tragedia que Nicaragua esté gobernada de hecho, fuera de todo orden constitucional. Aunque socialmente aparecemos como una nación en paz, porque no hay reacciones violentas contra esta situación, somos una sociedad dominada arbitraria, autoritaria e ilegalmente.

Si el desconocimiento del gobiernos se expresara en una rebelión popular –cívica o armada—, no solo sería legitimada moralmente, sino que también sería cumplir un deber recobrar la constitucionalidad, con un nuevo gobierno. Todos sabemos que este fue el caso de la revolución popular sandinista de 1979, pero ahora no existen ni señales de una reacción popular en contra de esta dictadura establecida de forma incruenta.  

Esta regresión en aspectos ejecutivos, administrativos, políticos y legales al estado anterior al 79, pero nuevas condiciones, que no son precisamente las mejores. Ni siquiera durante el proceso de 16 años bajo gobernantes representativos de las clases históricamente privilegiadas y para sí mismos, se produjo tal retroceso.

Es cierto, desmantelaron proyectos de carácter social, entre tanto restituían parte del viejo orden económico-social; pero no pudieron hacer borrón y cuenta nueva con todo el orden jurídico revolucionario. Siguieron vigentes –aunque no cabalmente aplicados—  derechos políticos-sociales, como el pluralismo político, práctica y constitucionalmente reconocido. Pero hubo rectificación de errores respecto a las libertades de prensa y expresión, las cuales funcionaron solo parcialmente durante los años de revolución, pese a haber sido conquistadas por ella al derrotar al somocismo. Ahora hay una paradoja con una dosis extra de cinismo: un sector de los protagonistas de la revolución, con su retorno al poder, comenzó a desmantelar la Constitución, e incluso leyes progresistas del período pre-revolucionario.

Veamos si no: el pacto Ortega-Alemán atenta contra el pluralismo político con su reforma a la Ley Electoral, lo cual, de hecho, restituye el bi-partidismo post colonial; el orteguismo encabezó actividades junto a liberales, conservadores e iglesias católicas y evangélicas para penalizar el aborte terapéutico, igual que desconocen el laicismo del Estado, dos conquistas humanistas del Siglo XIX, y ambos respetadas hasta por la dictadura somocista.  

Solo estos hechos revelan la profunda reversión ideológica y política del orteguismo. Y este proceso reaccionario no lo ha parado ahí. Arremete contra todo el orden constitucional y legal creado por la revolución, con un sentido ultra reaccionario: lo hace imponiendo la voluntad y con el estilo religioso camandulero del clan Ortega-Murillo, decretando y creando leyes por encima o al margen de la Constitución de 1987.

Este clan político-familiar ha privatizado los poderes del Estado; nombra y prolonga cargos vencidos, un derecho que la Constitución solo concede a la Asamblea Nacional; hace negocios privados con la colaboración de Venezuela; protege a funcionarios corruptos con su desconocimiento de las leyes; y últimamente, su maquinaria demoledora en marcha va contra la Seguridad Social –por mandato del FMI—, y la Autonomía Municipal. Con esto, además, pretende convertir los municipios en sus instrumentos políticos, multiplicando por tres los concejales de cada uno. Igual como controla el  parlamento, el poder electoral y demás órganos del Estado, poblaría los concejos con sus activistas políticos identificados como CPC. 

Así responde el gobierno inconstitucional y autoritario a los proponentes del “diálogo”.  El sainete dialoguista cedió espacio a la arrogancia de los expropiadores del poder, y ante el reto orteguista de imponer su orden de ilegalidades por sobre el orden jurídico consensuado, no hay fuerzas políticas organizadas que le puedan hacer frente y pararlo.

Está demostrado que, como parte de la imposición fraudulenta del gobierno del clan Ortega-Murillo, la Asamblea Nacional pasó a ser su oficina privada adonde solo manda a ponerle sello a sus iniciativas de ley que van anulando la efectividad de la Constitución sin tener que reformarla, y creando paralelamente su propio “orden” institucional. Eso significa, que la Asamblea Nacional dejó de ser la instancia idónea para combatir por la democracia, y con su agresividad, el orteguismo solo está dejando las calles para luchar.

¿Pero hasta cuándo? He ahí una nueva tarea histórica pendiente.