Onofre Guevara López
Daniel Ortega, es el nicaragüense más consciente de la ilegalidad de su pretensión de reelegirse. A la vez, el menos consciente del daño que le está causando al país, a su orden constitucional y al pueblo que lo habita, y lo habitará aún cuando ni él ni quienes no admitimos su pertinaz y antipatriótica aspiración estemos vivos. Ortega es una antinomia viviente.
Este lío en que Ortega ha metido a la nación, incluso a su Ejército, quedó confirmado oficial e ilegalmente el recién pasado18 de marzo. Para llegar a esta situación, sus primeras víctimas han sido hombres y mujeres capaces del FSLN, que aún los hay en el orteguismo, aunque escondan sus cualidades por cobardía o detrás de su servilismo, y ellos mismos contribuyan con Ortega en justificar su descalificación moral, Ahora suma a los militares, los cuales, indirectamente, son representados por Omar Halleslevens.
El orteguismo siempre hizo exclusiones, Ortega ha expulsado a los aspirantes a candidatos, y ha sembrado el miedo para que nadie se atreva anteponérsele en su camino. Con ese método se permitió erigirse en candidato único y eterno. Aquí nace la diferencia entre lo que podría ser una lucha sandinista por la continuidad de su gobierno, y el continuismo de Ortega, para seguir haciendo y deshaciendo con su poder personal dentro de su falange y en contra el país.
Así ha logrado todo: poder político, poder económico, autoritarismo no cuestionado en su falange y, por ende, absoluto. Por eso, las dificultades de Ortega no emanan de su “partido” ni de los partidos de “oposición”, sino de sus contradicciones con la institucionalidad del país, y la sociedad nicaragüense.
Dentro del texto constitucional, la prioridad para su ofensiva ha sido el Artículo 147, porque es el que contiene el tajante y contundente el rechazo jurídico a su reelección. ¿Qué argumenta el orteguismo contra esta prohibición constitucional? Alega que le impide hacer uso de la igualdad que la Constitución garantiza a todos los nicaragüenses. Muchos juristas han desbaratado este argumento, fundados en principios jurídicos, pero siempre hay espacio para la opinión de los legos, y poder expresarse con la franqueza y la lógica más simple: para que Ortega pudiera alegar con razón tener derecho a la igualdad que, supuestamente, le es coartado por el Artículo 147 Cn., él no debió haber sido presidente ninguna vez, y millones de nicaragüenses adultos, ¡tendrían que haber sido presidentes dos veces cada uno! Absurdo y ridículo.
Y aunque el argumento parezca una broma, es incuestionable para demostrar que la prohibición constitucional a la reelección no lesiona a Ortega ningún derecho, sino lo contrario: él lesiona la Constitución. Quien de hecho, hizo una broma macabra fue el puñado de magistrados incondicionales de Ortega de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –ni completa ni legítimamente integrada—, al declarar inaplicable el Artículo 147 Cn., para ”rescatar” la igualdad de derecho para Ortega. Desnudos de ética y de principios jurídicos, le regalaron ese absurdo fallo a su patrón político, porque antes, Ortega les había regalado la reelección ilegalmente a ellos y otros magistrados, ya que la Constitución no lo autoriza para ello. Una doble ilegalidad tras un espurio propósito.
Como un lenitivo a su fracaso jurídico, Ortega recurrió también a la demagogia, la cual, por muy retorcida o ingeniosa que pueda ser, tampoco le da legitimidad. Montó una serie de seudo congresillos y un congreso sui géneris para intentar demostrar –como patéticamente lo intentó el señor Tomás Borge—, que la “voluntad popular” está por encima de toda ley, incluida la Constitución, porque la “revolución” es fuente de derecho. Pero la tal “revolución” es mítica, sólo está en la mente de sus inventores. Pero aunque existiera, después de veinte y cuatro años –desde 1987— la única fuente de derecho es la Constitución, la cual institucionalizó la vida de los nicaragüenses, y a la cual todos debemos respetar.
La única forma de comprobar la “voluntad popular”, es una justa electoral. Léase bien: justa electoral, por demás imposible aquí con jueces comprados y corruptos. Pero ya la hubo como parodia, y en la elección del 2006, de donde emanó el mandato actual de Ortega, fue por una “voluntad popular” disminuida al 38% de los aptos para votar. La otra “voluntad popular” del 62%, le fue contraria, aunque dividida.
Lo que más destaca en la actualidad, es que, después de su propia falange, la institucionalidad de Nicaragua es la segunda víctima de Ortega –en orden cronológico, no en orden de importancia, en primer lugar, su Constitución Política. Enseguida, vienen todas sus demás víctimas, y una de las últimas la busca en el Ejército Nacional.
Dentro de ese contexto ha escogido a Omar Halleslevens como su fórmula electoral, a lo cual el general en retiro tiene derecho. A lo que don Omar no tiene derecho, es traicionar a la Constitución avalando a Ortega con su aceptación. También es una traición a sus compañeros militares, a quienes –en su momento— educaba con el criterio de que deben actuar como profesionales, aún después de haber dejado de ser miembros activos del Ejército. Pero ahora, traicionándose a sí mismo, les envía un mensaje contrario a sus ex subordinados, ante quienes también criticaba a ex militares que pasaron a organizar partidos políticos, a los que pasaban a integrarse a partidos políticos de oposición, con el argumento cierto de que afectaban la imagen del Ejército.
No obstante, Halleslevens ya había expresado en público su apego a Ortega en el 2008, cuando en el acto de aniversario del Ejército le clonó su discurso contra los medios de comunicación. Al optar ahora por acompañarlo en su atropello a la Constitución, le confirma su fidelidad con un negativo doble mensaje a la cúpula del Ejército: a) les incita a hacer “méritos” ante Ortega en su actividad militar, y esperen su recompensa con un buen cargo cuando pasen a retiro; b) les incita a demostrar fidelidad formal a las leyes, pero en la práctica les enseña que vale más ser fiel a la voluntad de Ortega.
Halleslevens podría demostrar eficiencia en su nuevo cargo, pero no agregará a Ortega ni un ápice de legitimidad. En noviembre de este año, Ortega podría sacarse de la manga de su Consejo Electoral la “voluntad popular”, para situarse por encima de la Constitución, pero, ¿de dónde podría sacar legitimidad a su “presidencia”? No hay de dónde, no existe lugar en dónde, ni en este ni en ningún otro mundo.
En cambio, la ficticia popularidad de Ortega tendrá derivaciones negativas inevitables: nos dará la fisonomía de un país con falsas autoridades; con una legalidad simulada; bajo una democracia fingida; y viviendo una aparente normalidad. Nuestro país tendrá la peor condición de seudo república que jamás haya tenido
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