A 20 años del fin de la guerra en Nicaragua y de haber emprendido un proceso de transición política y democratización, nuestro país está desembocando de nuevo en un callejón político extremadamente peligroso. Las próximas elecciones presidenciales de noviembre 2011 se presentan en un escenario de descomposición institucional, violación de la Constitución Política de la República y la ausencia de mínimas garantías democráticas, con un Consejo Supremo Electoral que carga con el masivo fraude en las elecciones municipales de 2008, la corrupción y la ilegalidad de la continuidad en funciones de los magistrados que lo perpetraron.
Cuando las acciones arbitrarias, ilegales e ilegítimas del Gobierno de Nicaragua y sus aliados, han corrompido todo el sistema político y los principales Poderes del Estado, es muy difícil que pueda surgir del proceso electoral un gobierno legal y legítimo capaz de recomponer el fundamento de la autoridad y la credibilidad de las instituciones. En esta situación sólo unas elecciones limpias y observadas nacional e internacionalmente, podrían ser el delgado puente por el que transite la democracia y la estabilidad. Si ello no ocurre, los nicaragüenses tendremos que legítimamente reivindicar la impugnación de los resultados y de los que pretendan ampararse con ellos. Una crisis mayor de graves consecuencias estará planteada no como posibilidad, sino como situación real.
Queremos reconocer que en esta difícil transición, la cooperación internacional en todas sus formas ha acompañado a nuestro país. Ello permitió canalizar los conflictos derivados de la guerra, la pacificación y la transición política. También permitió amortiguar situaciones estructurales derivadas del subdesarrollo y la pobreza. No se puede ignorar que en este camino se cometieron muchos errores, pero el efecto amortiguador y estabilizador fue real.
Sin embargo, hoy en día estamos observando un creciente retiro de la comunidad internacional producto de la negativa del Gobierno de Nicaragua de cumplir los compromisos adquiridos, así como negar el apoyo a organizaciones civiles nacionales que trabajan en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la democracia, la gobernabilidad, la transparencia, los procesos electorales y la observación electoral nacional. Y contradictoriamente observamos a los organismos financieros internacionales que ignoran los estándares de gobernabilidad y democracia, a los cuales está obligado el Gobierno de Nicaragua, como parte de los convenios internacionales y la propia Constitución Política de la República.
Si la democracia y los derechos humanos son proclamados como valores universales y la base de una relación política internacional justa, entonces debe actuarse en consecuencia con esos principios, sin hacer concesiones contrarias a su espíritu. Los nicaragüenses hemos pagado un alto precio por refundar el país sobre nuevas bases, y ahora que éstas se tambalean, debemos hacer un nuevo esfuerzo, y sentimos que la comunidad internacional no contribuye si decide ignorar las verdaderas razones del retroceso democrático, sobre todo porque –la comunidad internacional- es un factor de peso en la realidad del país. Es un hecho objetivo que no podemos ni debemos eludir.
Aceptar gobiernos que desprecien el control y el balance de los poderes, que su propio poder no tenga límites, que actúen en contra de la transparencia de la cosa pública, es reforzar el poder discrecional, mientras se margina y castiga a la pluralidad de actores de la sociedad nacional. Con ello se profundizan las asimetrías de poder y se agrava la situación. Si es legítimo, justo y necesario, el apoyo a quienes luchan en contra de una dictadura, cómo se justifica dar la espalda cuando la democracia naufraga. Si la comunidad internacional asume una posición tibia y calculada, de hecho estará tolerando el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.
Las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense hemos recorrido un largo camino y hemos sido un actor valioso, a pesar de haber sido golpeadas y perseguidas por el gobierno, y debilitadas por la ingenuidad de parte de la comunidad internacional, en relación a la gravedad de la situación del país. Hay que tomar en cuenta que del fortalecimiento de sus tendencias más pluralistas e independientes del poder oficial y fáctico, depende el que puedan aportar en la construcción democrática del país.
Por ello, organizaciones civiles autónomas de Nicaragua reiteramos nuestro compromiso, y solicitamos a los gobiernos y órganos de cooperación internacional, que asuman el suyo, con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos; les pedimos que nos acompañen en la atención y denuncia de la violación de los derechos de la ciudadanía nicaragüense y que apoyen el trabajo de la sociedad civil nacional en su justa lucha por la democracia y el Estado de Derecho.
Es de vital importancia recordar los muchos compromisos suscritos en Accra, que nos permite sostener una relación de cooperación y de mutua responsabilidad sobre los principios, la eficiencia y los resultados de la cooperación, la urgencia de integrar y apoyar a la sociedad civil de cada nación en este diálogo entre pares, en los procesos de cooperación solidaria y comercial entre nuestras naciones.
En la nueva coyuntura internacional donde la sociedad civil es un factor determinante, junto a otros, en la lucha por un orden mundial más democrático, se hace necesario reinventar las solidaridades y las formas de cooperación vinculadas al desarrollo democrático, en vez de cruzar la calle ante los eventuales tropiezos con regímenes autoritarios.
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH),
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP),
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO),
Hagamos Democracia (HD),
Movimiento por Nicaragua,
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM),
Plataforma Nacional Juvenil (PNJ)
Juventud Democrática Nicaragüense (JUDENIC),
Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
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