El lunes 28 de junio se cumplió un año del golpe de Estado en Honduras.
Contrariamente a las intenciones de sus promotores, el primer gran
acontecimiento político de la era Obama hacia América Latina -que en eso ha
devenido- creó una situación de efervescencia y radicalización política y
social de las masas en el país centroamericano, sin precedente por su
magnitud y profundidad. O tal vez sería más acertado decir que en eso
desembocó gracias a la fecunda estrategia y táctica construidas por el
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Ello permitió crear una gran
acumulación política y cultural de energía trasformadora a partir de las
singulares condiciones de indignación y rebeldía social provocadas por el
brutal derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, que había
conseguido ya, pese a su origen oligárquico, ser querido y apreciado por el
pueblo en virtud de una sensibilidad y obra sociales que lo diferenciaban
ostensiblemente de los gobernantes anteriores. Un amplio y consciente sector
del pueblo y la juventud rechaza el actual orden oligárquico y dependiente
del imperialismo, del cual Porfirio Lobo no es más que un empleado, como lo
demuestra un año de combativa resistencia.
Así que este gobierno ha continuado los rasgos principales del de
Micheletti: el desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales, el
sucesivo empobrecimiento de la gran mayoría de los hondureños, el uso del
ejército y la policía para reprimir protestas populares y desplazar a
campesinos de sus tierras, el cierre de radios alternativas y comunitarias y
otras muchas violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos
nacionales e internacionales. Según la cuenta de estas organizaciones, bajo
Lobo se han registrado alrededor de 760 casos de agresiones por razones
políticas, entre ellas asesinatos de opositores, sindicalistas y nueve
periodistas. El actual gobierno tampoco ha hecho nada por investigar, mucho
menos por reparar a las víctimas, de las miles de violaciones a los derechos
humanos, incluyendo decenas de asesinatos de miembros de la resistencia
perpetrados a partir del golpe. Lejos de ello, ha reciclado a conspicuos
militares golpistas en importantes cargos de la administración pública. Esto
no debiera sorprender a nadie puesto que Lobo fue impuesto en la silla
presidencial mediante un amañado y fraudulento proceso electoral organizado
y dirigido por los propios autores del golpe de Estado, al que no concurrió
el 60 por ciento de los electores, que acataron el llamado al abstencionismo
del FNRP.
Mientras tanto, Estados Unidos hace una desaforada campaña por el
reconocimiento de Lobo frente a la oposición de todos los gobiernos
integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y
la mayoría de los de América del Sur, incluidos Brasil y Argentina. Así,
hace un mes la secretaria de Estado Hillary Clinton instaba a los miembros
de la OEA, sin éxito, "a dar la bienvenida al retorno de Honduras dentro de
la comunidad interamericana". Y el colmo, a un año exacto del golpe Obama
recibía en ceremonia oficial en la Casa Blanca las credenciales del
embajador de Tegucigalpa con estas palabras: "Admiro el compromiso del
presidente Lobo de promover la reconciliación nacional, la prosperidad y
seguridad de todos los hondureños y todo lo que ha hecho hasta el momento
demuestra que va encaminado al cumplimiento de esos objetivos. Estados
Unidos apoya... la pronta reintegración plena de Honduras a la comunidad
internacional y haremos lo que sea necesario... para que esto se logre".
Si creemos en sus declaraciones de apoyo a Zelaya "como único presidente que
reconozco" en las semanas posteriores al golpe podríamos suponer que Obama
no tuvo que ver con su gestación pero de lo que no cabe duda es que lo hizo
suyo, todo suyo, a partir de la artera mediación de Arias instrumentada por
la señora Clinton y en consecuencia ha actuado. Lo mínimo que debe exigirse
al actual gobierno hondureño como base para considerar su reconocimiento
internacional es el regreso incondicional del presidente Manuel Zelaya y los
más de 200 exiliados políticos, una de las principales demandas del FNRP.
El regreso de Zelaya sería una gran victoria política. Pero el FPRP ha
dejado claro que con o sin su valiosa presencia mantendrá incólume su
exigencia de la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de
"refundar" el país. Ni más ni menos.
Contrariamente a las intenciones de sus promotores, el primer gran
acontecimiento político de la era Obama hacia América Latina -que en eso ha
devenido- creó una situación de efervescencia y radicalización política y
social de las masas en el país centroamericano, sin precedente por su
magnitud y profundidad. O tal vez sería más acertado decir que en eso
desembocó gracias a la fecunda estrategia y táctica construidas por el
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Ello permitió crear una gran
acumulación política y cultural de energía trasformadora a partir de las
singulares condiciones de indignación y rebeldía social provocadas por el
brutal derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, que había
conseguido ya, pese a su origen oligárquico, ser querido y apreciado por el
pueblo en virtud de una sensibilidad y obra sociales que lo diferenciaban
ostensiblemente de los gobernantes anteriores. Un amplio y consciente sector
del pueblo y la juventud rechaza el actual orden oligárquico y dependiente
del imperialismo, del cual Porfirio Lobo no es más que un empleado, como lo
demuestra un año de combativa resistencia.
Así que este gobierno ha continuado los rasgos principales del de
Micheletti: el desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales, el
sucesivo empobrecimiento de la gran mayoría de los hondureños, el uso del
ejército y la policía para reprimir protestas populares y desplazar a
campesinos de sus tierras, el cierre de radios alternativas y comunitarias y
otras muchas violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos
nacionales e internacionales. Según la cuenta de estas organizaciones, bajo
Lobo se han registrado alrededor de 760 casos de agresiones por razones
políticas, entre ellas asesinatos de opositores, sindicalistas y nueve
periodistas. El actual gobierno tampoco ha hecho nada por investigar, mucho
menos por reparar a las víctimas, de las miles de violaciones a los derechos
humanos, incluyendo decenas de asesinatos de miembros de la resistencia
perpetrados a partir del golpe. Lejos de ello, ha reciclado a conspicuos
militares golpistas en importantes cargos de la administración pública. Esto
no debiera sorprender a nadie puesto que Lobo fue impuesto en la silla
presidencial mediante un amañado y fraudulento proceso electoral organizado
y dirigido por los propios autores del golpe de Estado, al que no concurrió
el 60 por ciento de los electores, que acataron el llamado al abstencionismo
del FNRP.
Mientras tanto, Estados Unidos hace una desaforada campaña por el
reconocimiento de Lobo frente a la oposición de todos los gobiernos
integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y
la mayoría de los de América del Sur, incluidos Brasil y Argentina. Así,
hace un mes la secretaria de Estado Hillary Clinton instaba a los miembros
de la OEA, sin éxito, "a dar la bienvenida al retorno de Honduras dentro de
la comunidad interamericana". Y el colmo, a un año exacto del golpe Obama
recibía en ceremonia oficial en la Casa Blanca las credenciales del
embajador de Tegucigalpa con estas palabras: "Admiro el compromiso del
presidente Lobo de promover la reconciliación nacional, la prosperidad y
seguridad de todos los hondureños y todo lo que ha hecho hasta el momento
demuestra que va encaminado al cumplimiento de esos objetivos. Estados
Unidos apoya... la pronta reintegración plena de Honduras a la comunidad
internacional y haremos lo que sea necesario... para que esto se logre".
Si creemos en sus declaraciones de apoyo a Zelaya "como único presidente que
reconozco" en las semanas posteriores al golpe podríamos suponer que Obama
no tuvo que ver con su gestación pero de lo que no cabe duda es que lo hizo
suyo, todo suyo, a partir de la artera mediación de Arias instrumentada por
la señora Clinton y en consecuencia ha actuado. Lo mínimo que debe exigirse
al actual gobierno hondureño como base para considerar su reconocimiento
internacional es el regreso incondicional del presidente Manuel Zelaya y los
más de 200 exiliados políticos, una de las principales demandas del FNRP.
El regreso de Zelaya sería una gran victoria política. Pero el FPRP ha
dejado claro que con o sin su valiosa presencia mantendrá incólume su
exigencia de la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de
"refundar" el país. Ni más ni menos.
Fuente: La Jornada
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