Octavio Enríquez
Los canales de televisión abierta en Nicaragua guardan obediencia al control que ejercen dos grupos económicos, el de la familia de Daniel Ortega y el del empresario mexicano Angel González, una sintonía en la que la única excepción es Canal 12, considera doña Nanda Valle, una de sus propietarias, que lamentó la falta de apoyo privado.
“Desafortunadamente no tenemos apoyo de la empresa privada, porque no hay publicidad para canal 12”, explicó Valle en declaraciones telefónicas a Confidencial.
Valle se preguntó si tienen que “guardar la compostura” o “sencillamente no tienen permiso de darle publicidad a Canal 12”, cuyo noticiero, Noticias 12, es transmitido en Nicaragua, Estados Unidos, República Dominicana y Canadá.
“Todos (los canales) están en la misma sintonía, ves más de lo mismo: la misma retórica, el mismo mensaje, y la misma obediencia y si hablamos de los sucesos, nunca me ha gustado por respeto a la familia, es doloroso ver a un familiar de uno que te lo vendan de esa manera”, dijo Valle.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), desestimó los argumentos de la directora de Canal 12, aunque subrayó que su postura no representa la de las empresas que forman la institución que dirige.
“Yo respeto mucho lo que está diciendo doña Fernanda, pero hay otros canales que tienen opinión sobre sí mismos, que ellos también son independientes. El COSEP ha pautado en todos los canales incluyendo Canal 12, pero las campañas han sido nacionales y esto significa que hemos contratado a medios de comunicación locales, con los pocos recursos que tenemos”, declaró.
El día nacional del periodista, celebrado el primero de marzo, encontró a la televisión con un monólogo cuasi religioso en lugar de programas de opiniones y entrevistas que han desaparecido dejando al ciudadano sin información, indicó el periodista Alfonso Malespín.
No es una novedad en la cultura del manejo del poder en el país, donde la falta de acceso a la información pública es evidente seis años después de la aprobación de la ley que supuestamente la permitiría.
El duopolio Ortega-González
Secretismo y presiones. Valle sostuvo que antes se diluían más porque había más canales críticos al sandinismo.
Sin embargo desde 2007, cuando Ortega inició su segundo mandato, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ha entregado la mayoría de frecuencias del espectro televisivo a dos grupos económicos relacionados al mandatario.
La familia presidencial controla Canal 4, 8, 13 y el estatal 6, mientras su ex socio el mexicano Ángel González va por delante con la adjudicación del 7, 9, 10, 11, 17, 19, 25, 32, 33, 38. Recientemente Canal 2, el penúltimo canal independiente del país, dobló su rey.
“Antes no solo estaban encima de nosotros, la presión es para Canal 12 porque es el único medio independiente que existe en Nicaragua”, sostiene Valle.
Orlando Castillo, el director ejecutivo de Telcor, es un antiguo empleado de Ortega en Canal 4. Durante 2011, cuando otorgó las licencias a un canal dirigido por los tres hijos de Ortega, alegó que igual “Mariano Valle (esposo de Fernanda) en el Canal 12, tiene el Canal 12, el 5 y varias radios”.
Durante siete años la administración Ortega en general, incluido sus ministros, tampoco ha otorgado publicidad al canal 12. Valle que reconoció a “ciertas personas” en el sector privado como quienes la apoyan.
Ausente la agenda ciudadana
La concentración de medios ha dado paso a una agenda que excluye los temas prioritarios de la población.
Además de la nota roja, señalada por Valle, Malespín dice que en los medios de comunicación del duopolio no se habla del desempleo, ni de la creciente inseguridad ciudadana, la impunidad del poder o los negociados con la cooperación venezolana.
“El contenido apunta a la propaganda, enlatados y uno que otro programa de producción propia que podría beneficiar al turismo. Se desea vender que Nicaragua es un país con paz social, libertades y bondades naturales”, sostuvo el periodista.
Para Malespín, Ortega y el mexicano González se parecen en el proceso de concentración de medios, pero persiguen objetivos distintos.
“González quiere hacer negocio para hacer dinero. Daniel quiere a los medios —pagados con fondos públicos— para que proyecten incansablemente su imagen de síntesis de todos los héroes de la historia de Nicaragua mientras su entorno se convierte en el principal grupo económico del país”, explica Malespín.
Actividades exclusivas para Canal 4
El control de esa imagen es estricto. Los funcionarios de Ortega impiden la cobertura efectiva de los eventos oficiales que son noticia, incluso internacional, a los reporteros que no se ubican en su redil.
El más reciente caso fue la primera transacción en su sucre —la moneda del Alba— que hizo el país la semana pasada, la que no contó con una cobertura adecuada de los medios de comunicación nacionales, incluido Canal 12, después de orientaciones que bajaron desde la presidencia del Banco Central de Nicaragua (BCN), dirigido por Alberto Guevara.
Valle dice que un equipo informativo de su noticiero no pudo entrar al sitio. “El presidente del Banco Central le permitió la entrada al Canal 4, habiendo estado nosotros del otro lado, solo permitió la entrada a Canal 4. ¡Es inaudito que nos hayan mandado hasta Venezuela con Telesur para hacer una nota que nos competía a los nicaragüenses!”, lamentó la propietaria de Canal 12.
Narradores de la “gesta heroica”
El primero de marzo pasado, en su alocución del mediodía, la Primera Dama Rosario Murillo, secretaria de comunicación de Ortega, marcó una diferencia entre el trabajo de sus medios de comunicación y el resto.
Si en el pasado había prevenido a sus partidarios de que ofrecer información a los medios independientes podría provocar la contaminación de la información, esta vez habló de que ellos están al servicio de la ciudadanía y los describió como los narradores de la gesta heroica de un pueblo.
“Nosotros sabemos que el Protagonista, la Protagonista de todos los Procesos… Políticos, Sociales, Culturales, Económicos, és el Pueblo, és el Hombre, és la Mujer (…) y sobre todo, cuando esos pueblos han decidido, por sus luchas, por su valor, transitar rutas de liberación”, dijo Murillo que dijo sentirse periodista.
Para Murillo, esas rutas representan Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, los lemas de su gobierno.
Oscurantismo en la función pública
*Fundación Violeta B. de Chamorro evalúa acceso a la información pública
Un ciudadano en Carazo preguntó por el Programa Hambre Cero y recibió hasta vídeos que cantaban las loas de la administración de Ortega, cuenta Guillermo Medrano, oficial de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Ese comportamiento no es el mismo cuando las preguntas son más críticas. Medrano dice que lo primero que hacen es preguntarle para qué quiere la información, y a quién le trabaja.
Medrano explica que la dificultad mayor es que los funcionarios no responden a las solicitudes de información tan variadas como los requisitos para postular a una concesión de transporte, estadísticas, ejecuciones de proyectos en el caso de las municipalidades, el manejo de los bienes incautados por el narcotráfico en Matagalpa.
“Es frustrante para el ciudadano que más del 30 por ciento de las solicitudes no sean respondidas aún después de seis años de implementación de la ley de acceso, pero no olvidemos el sistema bajo el que estamos, estamos ante un gobierno que su política principal es el silencio”, añade Medrano.
La ley de acceso a la información pública fue aprobada en 2007, uno de los principales promotores era el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero cuando estaba en la oposición.
El otro problema es que actualmente no existe una instancia (oficina de coordinación de acceso) ante la que los ciudadanos puedan recurrir cuando no les dan la información en las instituciones, tras el vencimiento de los 25 días como máximo que la ley da como plazo a las autoridades para proporcionar la información.
Lo que ha ocurrido entonces es que acuden, pero en muy casos, a instancias judiciales donde pueden dormir hasta diez años sin una resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El otro punto son hojas electrónicas de las instituciones. Únicamente el BCN, el Instituto Nicaragüense de Energía y la Empresa de Transmisión Eléctrica tienen información de interés público colgada en sus portales electrónicos, apenas el 5% de las entidades del Estado evaluadas: 13 ministerios, 31 entes autónomos y 7 empresas, el poder electoral, judicial, Asamblea Nacional y diez gobiernos municipales.
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