El profesor John
Maynard Keynes sentenció que “Cuando piensas que va a suceder lo inevitable,
surge lo imprevisto". Sin embargo la improvisación del profesor de
economía inglés no surgirá en nuestro país, cuando las autoridades públicas
coordinen el consenso de las ideas entre trabajadores y empresarios sobre cómo
evitar la quiebra financiera técnica del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social, que ha sido pronosticada para el año 2021.
El 22 de julio
2004 escribí un artículo económico, publicado en ese entonces por uno los diarios
de mayor circulación del país, que intitulé “Es el mercado laboral, banqueros”,
cuando, con la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el poder
político en el poder, que estaba rodeado y grandemente influenciado por
banqueros, trató de privatizar la administración de los fondos de pensiones de
seguridad social a través del establecimiento de varias entidades Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP), y cada una de ellas unida con un cordón umbilical
a una entidad bancaria del país.
Ese intento
fracasó con las cuantiosas inversiones que hicieron ciertos bancos para iniciar
el nuevo negocio financiero rentable de administrar los fondos de pensiones de
seguridad social, que también los proveería de una gran liquidez en cada mes. Y
fracasó porque para los economistas era evidente el problema estructural del
mercado laboral, porque en 2001, de acuerdo con datos oficiales, el promedio de
escolaridad de los nicaragüenses era 5.1 años, el 50% de los ocupados era
asalariado, y el 66.1% de las empresas no contaban con un registro contable
sencillo y caracterizadas por puestos de trabajo precarios con una baja
productividad económica. En 2003, año, en que fracasó ese intento, los
servicios de la seguridad social apenas cubrían al 15.5% de la población
económicamente activa.
Ese fracaso nos
dio una gran lección: no seguir negociando el bienestar social de los
nicaragüenses en conversaciones clandestinas entre técnicos de instituciones internacionales y funcionarios públicos, que
no gozaban de un pleno respaldo de la sociedad civil. Ahora ante la quiebra
inminente del INSS a inicios de la próxima década, se han alzado algunas voces, unas con una gran autoridad y otras, con
grandes aversiones a su aceptación.
El problema
estructural del mercado laboral no se ha reducido en los últimos 11 años; al
contrario, al mirar los datos laborales de 2012 se puede confirmar que ese
problema ha crecido, porque la informalidad, es decir, el porcentaje de las
empresas que no tienen un registro contable simple –y por ello no pagan
impuestos directos ni contribuyen a la seguridad social- se elevó casi 10
puntos porcentuales hasta 76.2%, mientras que el 23% de los ocupados trabajan
menos de 8 horas diarias, tal como lo manda nuestro Código Laboral, el 29% de
los ocupados devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal, lo
cual es prohibido por la ley; y el 18% de los ocupados activos, o sea, el 17%
de la población económicamente activa, cotiza la seguridad social.
El Presidente
del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, ha
señalado atinadamente que “cualquiera que sea la respuesta que se va a negociar
tiene que ser una respuesta de costos compartidos”; en otras palabras, todos
los agentes económicos, trabajadores, Estado y empresarios tienen la obligación
de compartir los costos del rescate del INSS. Es obvio que el líder empresarial
ha tomado en cuenta que las condiciones estructurales del mercado laboral se
han empeorado, por lo cual cualquier artificio financiero que se aplique en
función de salvar de la quiebra técnica al INSS será, como en 2013, un gran
fracaso. Sin embargo, como lo afirmé a mediados del año pasado, la reforma del
INSS debe ser hecha por nicaragüenses y sin la intromisión de instituciones y
personas foráneas.
Con la libertad
de expresión que existe en nuestro país, hasta los presuntos delincuentes
pueden opinar sobre nuestros problemas. Eduardo Montealegre, que se ha escudado
en la inmunidad que le confiere el cargo de diputado para desacatar dos
mandatos judiciales y evadir la Justicia de nuestro país, dijo que advirtió
este problema al gobierno hace varias semanas y que el salvataje financiero del INSS “fundamentalmente
pasa por enfrentar la deuda del INSS de la misma manera que se enfrentó el
problema de los confiscados”. Esa opción del banquero y diputado, que no muestra
distancia en absoluto con las entidades financieras, también conduciría de
nuevo al nuevo al fracaso la operación de salvar financieramente al INSS,
porque el paso fundamental no es pagar deuda con bonos del Tesoro que al final
sean redimidos por algunos grupos financieros, sino con una efectiva propuesta
de políticas públicas que tiendan a resolver el problema estructural del
mercado laboral antes planteado.
Pagar la deuda tanto pública como privada a
favor del INSS no resuelve su problema financiero, que es tan estructural como
lo es nuestro mercado laboral, mejor dicho nuestro modelo económico, un modelo
que no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza. Salvar al INSS
significa salvar la economía de Nicaragua de su baja productividad, salvar a
las empresas de su baja competitividad y salvar a nuestra población de su baja
escolaridad.
Por consiguiente, se necesita la promoción de
tecnología para ese 80% de las empresas que no pueden comprarla; la concesión
de crédito y tecnología a través de una banca de fomento de la producción, que
no existe en nuestro país; una mejor educación primaria, secundaria y técnica
media y superior, para rescatar la productividad laboral; un gasto público eficiente
en el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura económica, que
atraiga y estimule la inversión privada; el establecimiento de una política
financiera eficaz coordinada desde la autoridad monetaria, que no se concentre exclusivamente
en las necesidades de capital de trabajo sino en el financiamiento de una
cartera de inversión privada que responda a una estrategia de crecimiento y
desarrollo económico nacional, que también requiere ser fortalecida con un
consenso nacional, así como lo demanda la solución del problema financiero del
INSS.
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