El diario granadino EL CORREO (1913-1934), fué fundado por quien fuera su Director, Carlos Rocha Avellán y es sobre todo recordado por haber dado acogida a las publicaciones literarias del Movimiento de Vanguardia, "Rincón de Vanguardia" y "Página de Vanguardia", a cargo de Pablo Antonio Cuadra Cardenal y Octavio Rocha Bustamante, hijo éste último de don Carlos y padre de Luis Rocha Urtecho, quien, junto con su nieto Luis Javier Espinoza Rocha, retoman hoy "El Correo Nicaragüense"; un blog pluralista, que agradece la reproducción de su contenido.

lunes, 24 de junio de 2013

MANIFIESTO A LOS NICARAGÜENSES EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

                        Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua



El pueblo de Nicaragua ha tenido a lo largo de su historia el legítimo anhelo de que las ventajas que ofrece la geografía del país den paso a la construcción de un canal interoceánico, que a la vez de significar la transformación económica y el desarrollo nacional sea fuente de bienestar con justicia para todos.
            Pero esta justa aspiración ha sido repetidas veces malversada, resultando en una venta de ilusiones de riqueza y progreso, en oscuras manipulaciones, en mampara para afirmar ambiciones desmedidas de poder y la reafirmación del caudillismo, y lo que es peor, en la entrega de la soberanía patria, el más caro de nuestros bienes, como ocurrió ya antes con la firma del tratado Chamorro-Bryan de 1914, cuando partes sustanciales de nuestro territorio fueron vendidas a Estados Unidos por 3 millones de dólares. 
            Hoy la historia vuelve a revestirse de los mismos colores oscuros con la firma del tratado Ortega-Wang Ying, que enajena por el plazo de un siglo nuestra soberanía a una compañía privada originaria de la República Popular China, el nuevo gran poder mundial emergente, con lo que de nuevo volvemos a convertirnos en un peón de los intereses de dominio de las superpotencias.
El tratado, negociado por Ortega en secreto, se ha consumado de espaldas a los nicaragüenses, sin ninguna transparencia y sin ninguna clase de consenso nacional. Sin un debido proceso de licitación previa, tratándose de una obra de 40 mil millones de dólares, se conceden por el plazo de un siglo los derechos absolutos de construcción y explotación de un canal interoceánico, de una vía ferroviaria de costa a costa, puertos, aeropuertos, oleoductos y zonas francas comerciales y otras muchas obras, por la irrisoria suma de 10 millones de dólares anuales, lo que ni siquiera se establece como una obligación, y el 1 por ciento de las acciones de la compañía, endosado también de manera anual. Estos derechos absolutos pueden ser traspasados a cualquier tercero, sea un Estado u otra compañía, en todo, o en partes, por la sola voluntad del concesionario extranjero.
            Por ese mismo término, un siglo, en el que se compromete el futuro de generaciones de nicaragüenses que aún no han nacido, y que nacerán prácticamente sin patria, se entrega a una compañía con sede en Hong Kong y recién inscrita en Gran Caimán, reconocido paraíso fiscal en el Caribe, la tierra, las aguas marítimas, fluviales y lacustres, el aire y los recursos naturales, en una extensión territorial que al firmarse el tratado ni siquiera ha sido definida, y se cede también la soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera del país.
Las reservas del Banco Central se otorgan como garantía frente a un tratado que sólo genera obligaciones para el Estado de Nicaragua y ninguna para los intereses que representa el gran beneficiario extranjero, que también obtiene el derecho de confiscar propiedades de particulares en cualquier lugar del territorio nacional y a su propio arbitrio, con lo que viene a crearse un estado de alarmante inseguridad jurídica.
De la misma manera, el tratado violenta los derechos de las comunidades indígenas del Caribe sobre sus tierras ancestrales bajo régimen comunal, derechos previamente reconocidos por el Estado, que ahora quedan sometidos también a la confiscación, a pesar de hallarse protegidos por las leyes de la república.
            Este tratado inicuo amenaza, asimismo, con liquidar la riqueza ecológica de Nicaragua, empezando por el más substancial de nuestros recursos naturales, el Gran Lago Cocibolca, una de las más importantes reservas de agua dulce de América, y arriesga gravemente también la conservación de nuestras cuencas hidrográficas, selvas, bosques y humedales, en una catástrofe de consecuencias incalculables, sin precedentes, sin que al firmarse el tratado se haya presentado un solo estudio que demuestre que esta riqueza quedará a salvo de la destrucción.
            El concesionario absoluto, Wang Ying, haciendo uso adelantado de los atributos de soberanía nacional que el tratado le concede, ha negociado con la república de Costa Rica que el canal no atravesará las aguas del río San Juan, “a fin de no provocar conflictos internacionales”, según sus propias declaraciones, una decisión que solamente debería corresponder al Estado de Nicaragua, pero que él asume como un derecho que Ortega le ha otorgado junto a la concesión canalera.
            Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional se han convertido en cómplices del negocio Ortega- Wang Ying al haber aprobado en menos de 72 horas el tratado, violentando más de 30 artículos de la Constitución Política, y en la misma ley de aprobación se comprometieron a reformar la misma Constitución, para adecuarla a los intereses de la parte china, y completar así las condiciones para que se cree en el país un verdadero enclave extranjero, sin competencia alguna de las autoridades judiciales, militares y de policía, tal como el tratado ya lo establece, con lo que la seguridad nacional en los territorios concedidos pasará a quedar en manos privadas, o eventualmente de otro Estado. Nicaragua y los nicaragüenses, hemos quedado en indefensión.
            Esto viene a demostrar que en Nicaragua lo que impera es un sistema autoritario, que somete a las instituciones a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que tienen que ver con toda la nación y con su futuro, sin ninguna consideración al orden constitucional ni a las leyes vigentes, ni a los intereses nacionales soberanos. Por otra parte, Daniel Ortega pretende aparecer como imprescindible en el poder para consumar un proyecto de largo plazo, un elefante blanco que ni siquiera se sabe cuándo empezará ni cuándo se completará su construcción, ni qué clase de negocios o manipulaciones financieras se encuentran escondidos tras la mampara del tratado.

            Vivimos tiempos de globalización, de grandes avances tecnológicos y de un incremento del comercio mundial sin precedentes, por lo que un segundo canal interoceánico en América sería de incontestable utilidad para el comercio internacional. Pero la globalización y el comercio no significan de ninguna manera que los países deban renunciar a su soberanía y a sus riquezas naturales, entregándolas a compañías o países extranjeros. Al contrario, los gobiernos que respetan la dignidad nacional, defienden su soberanía y protegen celosamente su patrimonio ecológico y su medio ambiente, los salvaguardan al insertarse en la globalización.

            Llamamos a todos los nicaragüenses, sin distingos de ninguna clase, a tomar conciencia de este atropello sin precedentes contra la integridad de nuestra patria, y a que unánimemente alcemos nuestra voz de protesta y de condena al tratado Ortega-Wang Ying, exigiendo su inmediata anulación.

(Cienes de firmas)

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