La licencia del Gran Canal de Nicaragua que el Ejecutivo de Daniel Ortega entregará esta semana a una misteriosa empresa china pone en riesgo la soberanía del país y viola expresamente cuatro principios de la Constitución, sostiene el jurista Óscar Castillo, decano de la escuela de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
Después de leer los cinco documentos que Ortega envió a la Asamblea, el constitucionalista advirtió que se viola el principio de soberanía nacional radicado en el pueblo, el cual se encuentra expresado en el artículo dos de la carta Magna.
Pero además libro en mano cita el artículo 100 de la Constitución que faculta al Estado para promover inversiones extranjeras que no sean en perjuicio de la soberanía de la nación, tal como él considera que ocurre con la entrega de la concesión a la empresa china HK Nicaragua Canal Developtment Investment Co con oficinas en Hong Kong y cuyos socios hasta ahora son unos desconocidos para los nicaragüenses.
Ortega renunció en su nuevo proyecto a la propiedad del 51% de las acciones del Estado en la empresa que se crearía para desarrollar el gigantesco proyecto –según se estableció originalmente en la ley 800 aprobada el año pasado-- estimado en 40 mil millones de dólares, y en su lugar lo entregó en el 100% a la empresa china, que revertirá a favor del Nicaragua la cantidad de acciones de la que es propietaria en un 1% cada año mientras dure la licencia.
“Estás haciendo reformas (a la ley 800, marco jurídico del Gran Canal) con la intención de favorecer a un grupo económico, a empresas oscuras, porque son tres empresas distintas: Hong Kong, Caimán, Nicaragua y de repente sólo un chino aparece dando la cara por todo”, dijo Castillo, para quien hubiera procedido una reforma primero a la ley 800.
El empresario escogido por Ortega
Castillo se refiere a Wang Jing, presidente de HK Nicaragua y de la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., la firma local inscrita en el Registro Mercantil de Managua para desarrollar el gran proyecto.
Wang es también la cara pública de la inversión que hará supuestamente en Nicaragua la empresa telefónica Xinwei, que tenía previsto inyectar este año 700 millones de dólares de acuerdo con la proyección del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, el ente regulador, aunque a la fecha no ha realizado ninguna inversión.
Wang dijo a Ortega en septiembre de 2012 que revolucionarían las telecomunicaciones en el país (hasta ahora no tienen ni siquiera las oficinas) y que el proyecto del Canal sería realizable, entre otras cosas, porque como empresarios no están pidiendo todo a Nicaragua a cambio del dinero y además porque este país “ama el gobierno del presidente Ortega”.
Según el acuerdo marco de concesión con el Estado de Nicaragua, la empresa de Hong Kong es propietaria de la compañía HKND Group Holding Limited, inscrita en las islas Caimán el siete de noviembre de 2012, y el “dueño indirecto” del 100% de las acciones del inversionista al momento de la iniciativa de Ortega.
De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el gran canal implica la construcción individual de dos aeropuertos internacionales, dos puertos de aguas profundas, uno en el pacífico y otro en el Caribe; un ferrocarril, una zona de libre comercio, un oleoducto para totalizar una inversión de 40 mil millones de dólares.
“Me parece una perfecta irresponsabilidad (el favorecimiento de Ortega a la empresa china), pero vos y yo sabemos, y la ciudadanía sabe que tiene la intención de favorecer a una familia, un grupo o una persona”, dijo Castillo.
El derecho a la consulta
Castillo defendió el derecho de la población a que se le consulte un tema tan importante como éste y recordó que en la Constitución se establece la participación de la ciudadanía en la gestión pública.
“Estos temas que son de suma importancia para el país deben someterse a consulta popular a través de esas dos figuras que la Constitución señala como es el plebiscito y referéndum”, dice el especialista.
Las expropiaciones son también otro punto que preocupan, las que se encuentran consignadas en el artículo 44 de la Constitución y que el Estado hace cuando la propiedad privada puede ser de utilidad pública, “pero hay una serie de artículos que distorsionan el proceso de expropiación y van a poner en riesgo la propiedad de mucha gente”.
Según el inciso i) del artículo 12 la comisión gubernamental, a cargo del tema del gran canal, emitirá una declaración final de expropiación a los propietarios en un plazo de 45 días a partir de la entrega de la notificación, “independientemente de que la comisión reciba o no una objeción de los propietarios”.
Esa comisión es presidida por Manuel Coronel Kautz, autoridad del Gran Canal, pero la forman varios ministros, entre ellos el de Hacienda y Crédito Público, el de Puertos, Medioambiente, Aeropuerto, el de Petronic (Francisco López Centeno), el hijo del Presidente, Laureano Ortega, como delegado de inversiones y el secretario nacional de Políticas Públicas Paul Oquist, entre otros.
Violación a ley de aguas
Consultado sobre el tema, el ecólogo y asesor del mandatario en temas ambientales, Jaime Incer Barquero, recordó que una disposición como la que ahora plantea Ortega, cuyo canal pasaría por el Gran Lago de Nicaragua, violaría la ley de aguas.
“En la ley general de aguas nacionales hay un artículo que se refiere al destino del lago de Nicaragua, que se define como reserva natural con el propósito de provisión de agua para abastecimiento humano. Existe la ley y tendría que ser derogada, porque eso quita cualquier uso que no sea el expreso”, cuestionó Incer Barquero en breves declaraciones a Confidencialen las que ratificó su preocupación por el riesgo ambiental que supone para el país un proyecto de tales magnitudes.
Cuando finalmente el viernes pasado salió de la comisión de infraestructura, después de cuatro horas de consulta, el llamado a dar las explicaciones se calló sobre el proyecto en general. Manuel Coronel Kautz, la autoridad del gran canal, dijo que ese era un tema importante que solo el mandatario podía detallar. “Me van a matar”, les dijo a los periodistas cuando salía raudo del Parlamento y se encontró con el muro de comunicadores dispuesto a cuestionarlo.
Megaexoneraciones y prácticas predatorias autorizadas a chinos
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El miércoles pasado el mandatario nicaragüense sorprendió a la opinión pública enviando un proyecto de ley que modificó sustancialmente el régimen jurídico del Gran Canal, publicado en la Gaceta desde el nueve de julio de 2012.
El cambio sustancial, que Ortega hace en ese proyecto, está relacionado con el porcentaje accionario que tendría Nicaragua que deja ahora de tener el 51% del capital accionario consignado en el artículo 15 de la ley 800, así como las ganancias equivalentes al mismo porcentaje.
Pero además, tras las derogaciones que hace Ortega, el Estado pierde el dominio de las tierras donde se desarrollará la obra y los territorios aledaños (artículo 29) que fue simplemente derogado.
El proyecto de Ortega maltrata los derechos de las autoridades de las regiones autónomas de la Costa Caribe. De hecho, en su iniciativa los conmina a tomar decisiones en relaciones al uso de tierras y de recursos naturales en un plazo que no supere los siete días.
Comisión de Ortega puede decidir
“Tras el vencimiento de ese término, habiendo o sin haber recibido opinión de dicho Concejo Regional o Municipalidad, sin requerir el Proyecto o Sub-Proyecto correspondiente consentimiento o aprobación de dicho Concejo Regional o Municipalidad, la comisión podrá emitir cualquier consentimiento para la ejecución de El Proyecto o subproyecto correspondiente”, dice el artículo 5 inciso H del documento enviado por Ortega al Parlamento.
Ortega también le da 14 días a las empresas del Estado para dar respuesta a las solicitudes del inversionista, después se aplicaría el concepto de silencio administrativo.
La administración gubernamental plantea una serie de exoneraciones de impuestos contempladas en el marco de concesión que van desde la importación de equipos y materiales necesarios, así como el menaje de casas, computadoras de los trabajadores expatriados, el limbo en el que quedan los trabajadores que lleguen hasta la zona del Canal porque Ortega dejó claro que no están sometido a la legislación laboral nicaragüense.
“Cómo se le ocurre al Estado renunciar a esta jurisdicción cuando ni siquiera Nicaragua tiene relaciones diplomáticas con China. Si fuese el caso, por lo menos establecerías entre los Estados un mecanismo de intervención en que el ciudadano mío y el chino pueda atender una jurisdicción quien sea un problema, pero aquí no tenés relación”, comentó el doctor Oscar Castillo, decano de derecho de la UPOLI.
La empresa china también podrá tener prácticas predatorias, autorizadas por Ortega y prohibidas en la ley de competencia 206 que el mandatario ordena incluir como excepción a la aplicación de esa legislación en el caso de lo relacionado al gran canal.
“Prácticas predatorias es el comportamiento desarrollado por agentes económicos, que puede consistir en vender bienes o servicios por debajo de los costos marginales o cualquier acción anticompetitiva tendiente a encarecer los costos de los competidores, siempre que se lleve a cabo con el propósito de restringir la libre competencia”, define la ley de competencia este tipo de prácticas.
Castillo cree que todas estas violaciones de parte del Ejecutivo forman parte de su visión del país. “No lo ve así—lamenta—, sino como una hacienda estilo Somoza, se siente su dueño”.
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