Managua. AFP. El Congreso de Nicaragua discutirá el lunes un paquete de leyes enviadas de “urgencia” por Daniel Ortega, quien procura mayores facultades para movilizar hombres y recursos en caso de un conflicto.
Los proyectos de “Ley de Defensa Nacional de la República de Nicaragua, Ley de la Seguridad Nacional de la República de Nicaragua y Ley de Régimen Jurídico de las Fronteras” buscan crear “un solo instrumento jurídico” para la defensa, según el plan.
El presidente de la Comisión de Justicia, el opositor José Pallais, declaró que con estas iniciativas pareciera que Ortega “aprovecha del conflicto con Costa Rica” para “avanzar” en la centralización del poder.
Los planes de defensa tendrán “carácter de secreto de Estado” y estarán a disposición para dichos fines, como “recursos estratégicos de la nación”, todos los recursos humanos y materiales, bélicos como no bélicos.
El texto introduce el concepto de “movilización nacional” como conjunto de actividades y medidas para “disponer en su totalidad de los recursos humanos, técnicos y materiales en función del Plan de Defensa”.
También establece la movilización de los reservistas del Ejército. En caso de que el presidente decrete Estado de Emergencia por conflictos o calamidades públicas, las dependencias estatales y funcionarios que sean de utilidad para la defensa “quedarán bajo control del Ejército de Nicaragua”. Esa disposición choca con el artículo 96 de la Constitución, que establece que "no habrá servicio militar obligatorio y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército y Policía.
jueves, 2 de diciembre de 2010
¿Nueva crisis o vestigios de la Guerra Fría?
Ricardo A. De León Borge * |
Los recientes ataques a la Isla Yeonpyeong de Corea del Sur, por parte de su vecina Corea del Norte, han desatado nuevamente las alarmas de un posible enfrentamiento militar entre ambos países. Hay que recordar la guerra que enfrentó a ambas naciones en los años 1950-1953, tras la invasión del Norte al Sur, y que se enmarcó en un conflicto derivado de la dinámica del bipolarismo imperante en ese período, como parte de la Guerra Fría que enfrentó a las dos superpotencias Estados Unidos y la hoy desaparecida Unión Soviética.
Las dos Coreas todavía el día de hoy están técnicamente en guerra, y la zona desmilitarizada -remanente de la guerra- divide la península coreana. De hecho el ejército estadounidense mantiene miles de efectivos en Corea del Sur. Esto a pesar de negociaciones que se han abierto y han dado algunos frutos para llevar la paz a esta zona del mundo.
Ya en 2006 y 2009, Corea del Norte hizo exhibiciones de lanzamientos de cohetes con el fin de demostrar su poder nuclear disuasorio. En marzo de 2010, la crisis volvió a retomarse tras el misterioso hundimiento de un buque armado de Corea del Sur, en aguas fronterizas, y que se acusó a Corea del Norte de la destrucción. Posteriormente se dio un intercambio de disparos entre las fuerzas armadas de ambos países en la zona de división territorial.
Este ataque norcoreano se puede atribuir a dos cuestiones, la proximidad del cambio de líder del régimen, que será Kim Jong-un, hijo del actual lider Kim Jong II, con lo cual se mantiene la dictadura dinástica; la renovación de esfuerzos por parte de Estados Unidos para reiniciar las pláticas a seis bandas, dando por hecho que Corea del Norte es un país con capacidad nuclear, de lo contrario no se reiniciarían las negociaciones.
Negociaciones
En el año 2003 se conformó un grupo de seis bandas, conformadas por las dos Coreas, Rusia, China, Japón y Estados Unidos, para fomentar el diálogo, revisión de armamento nuclear y búsqueda de entendimiento. Posteriormente en 2006 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas formuló resoluciones para que Pyongyang no siguiera haciendo pruebas nucleares.
En 2007 el presidente de Corea del Sur, Roh Mooo Hyun (qepd) y el líder norcoreano Kim Jong Il, firmaron un acuerdo que fue considerado histórico por el mundo entero, en el cual daban pasos en la dirección de poner fin al estado de guerra existente y de restablecer canales de comunicación para que las familias que quedaron divididas tuvieran la oportunidad de reencontrarse. De esta forma dar lugar a un espacio de reconciliación y cooperación a través de un diálogo franco y fluido entre sus gobernantes
En el momento esas negociaciones fueron consideradas como el fin de uno de los últimos vestigios de conflicto de la Guerra Fría y como un impulsor de una posible reunificación. Sin embargo, la coyuntura interna en Corea del Sur y el férreo control de Kim Jong II, jugaron en contra de este proceso que apuntalaba a dar fin formal al conflicto armado.
Reacción Internacional
Como era de esperarse, los países aliados a Corea del Sur reaccionaron fuertemente en contra de ese ataque, que incluyó la muerte de al menos 2 civiles y 2 militares, como en los tiempos del bipolarismo donde Estados Unidos, Europa y otras naciones occidentales además de Japón se plegaban en un solo bloque. Por el otro lado, tanto China como Rusia, los mayores aliados del régimen dictatorial comunista de Corea del Norte, han pedido calma y han evitado condenar los ataques. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será el encargado de decidir sobre este nuevo punto conflictivo.
¿Conflicto armado?
La actual coyuntura de tensiones de máxima alerta, las divergencias entre las dos Coreas y la reacción internacional, podrían favorecer un enfrentamiento, que sin lugar a dudas sería catastrófico para esa parte del mundo y pondría a prueba las alianzas de ambos países y el alcance y participación que países como Estados Unidos, Japón, Rusia y China tengan, ya sea en la búsqueda del diálogo para bajar las tensiones o en azuzar viejos fantasmas antagónicos de la Guerra Fría.
Desde el punto de vista geopolítico, un conflicto derivaría en graves e inmensas oleadas de refugiados que afectarían principalmente a China, y en dado caso el conflicto diera como vencedor a Corea del Sur, situación que podría mejorar las posibilidades de una reunificación coreana. En este caso la configuración de la nueva frontera le sería desfavorable a China, que vería como un aliado estratégico estadounidense y con aproximadamente 25,000 marines estacionados en esa nación, estarían a pocos kilómetros y dominando militar y estratégicamente la zona.
* MSc. Relaciones Internacionales y Profesor Universitario
Los recientes ataques a la Isla Yeonpyeong de Corea del Sur, por parte de su vecina Corea del Norte, han desatado nuevamente las alarmas de un posible enfrentamiento militar entre ambos países. Hay que recordar la guerra que enfrentó a ambas naciones en los años 1950-1953, tras la invasión del Norte al Sur, y que se enmarcó en un conflicto derivado de la dinámica del bipolarismo imperante en ese período, como parte de la Guerra Fría que enfrentó a las dos superpotencias Estados Unidos y la hoy desaparecida Unión Soviética.
Las dos Coreas todavía el día de hoy están técnicamente en guerra, y la zona desmilitarizada -remanente de la guerra- divide la península coreana. De hecho el ejército estadounidense mantiene miles de efectivos en Corea del Sur. Esto a pesar de negociaciones que se han abierto y han dado algunos frutos para llevar la paz a esta zona del mundo.
Ya en 2006 y 2009, Corea del Norte hizo exhibiciones de lanzamientos de cohetes con el fin de demostrar su poder nuclear disuasorio. En marzo de 2010, la crisis volvió a retomarse tras el misterioso hundimiento de un buque armado de Corea del Sur, en aguas fronterizas, y que se acusó a Corea del Norte de la destrucción. Posteriormente se dio un intercambio de disparos entre las fuerzas armadas de ambos países en la zona de división territorial.
Este ataque norcoreano se puede atribuir a dos cuestiones, la proximidad del cambio de líder del régimen, que será Kim Jong-un, hijo del actual lider Kim Jong II, con lo cual se mantiene la dictadura dinástica; la renovación de esfuerzos por parte de Estados Unidos para reiniciar las pláticas a seis bandas, dando por hecho que Corea del Norte es un país con capacidad nuclear, de lo contrario no se reiniciarían las negociaciones.
Negociaciones
En el año 2003 se conformó un grupo de seis bandas, conformadas por las dos Coreas, Rusia, China, Japón y Estados Unidos, para fomentar el diálogo, revisión de armamento nuclear y búsqueda de entendimiento. Posteriormente en 2006 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas formuló resoluciones para que Pyongyang no siguiera haciendo pruebas nucleares.
En 2007 el presidente de Corea del Sur, Roh Mooo Hyun (qepd) y el líder norcoreano Kim Jong Il, firmaron un acuerdo que fue considerado histórico por el mundo entero, en el cual daban pasos en la dirección de poner fin al estado de guerra existente y de restablecer canales de comunicación para que las familias que quedaron divididas tuvieran la oportunidad de reencontrarse. De esta forma dar lugar a un espacio de reconciliación y cooperación a través de un diálogo franco y fluido entre sus gobernantes
En el momento esas negociaciones fueron consideradas como el fin de uno de los últimos vestigios de conflicto de la Guerra Fría y como un impulsor de una posible reunificación. Sin embargo, la coyuntura interna en Corea del Sur y el férreo control de Kim Jong II, jugaron en contra de este proceso que apuntalaba a dar fin formal al conflicto armado.
Reacción Internacional
Como era de esperarse, los países aliados a Corea del Sur reaccionaron fuertemente en contra de ese ataque, que incluyó la muerte de al menos 2 civiles y 2 militares, como en los tiempos del bipolarismo donde Estados Unidos, Europa y otras naciones occidentales además de Japón se plegaban en un solo bloque. Por el otro lado, tanto China como Rusia, los mayores aliados del régimen dictatorial comunista de Corea del Norte, han pedido calma y han evitado condenar los ataques. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será el encargado de decidir sobre este nuevo punto conflictivo.
¿Conflicto armado?
La actual coyuntura de tensiones de máxima alerta, las divergencias entre las dos Coreas y la reacción internacional, podrían favorecer un enfrentamiento, que sin lugar a dudas sería catastrófico para esa parte del mundo y pondría a prueba las alianzas de ambos países y el alcance y participación que países como Estados Unidos, Japón, Rusia y China tengan, ya sea en la búsqueda del diálogo para bajar las tensiones o en azuzar viejos fantasmas antagónicos de la Guerra Fría.
Desde el punto de vista geopolítico, un conflicto derivaría en graves e inmensas oleadas de refugiados que afectarían principalmente a China, y en dado caso el conflicto diera como vencedor a Corea del Sur, situación que podría mejorar las posibilidades de una reunificación coreana. En este caso la configuración de la nueva frontera le sería desfavorable a China, que vería como un aliado estratégico estadounidense y con aproximadamente 25,000 marines estacionados en esa nación, estarían a pocos kilómetros y dominando militar y estratégicamente la zona.
* MSc. Relaciones Internacionales y Profesor Universitario
Quejarse públicamente da resultado
Tania Montenegro | Hace más de un mes hice una denuncia pública sobre el mal servicio del 118, número de emergencia de la Policía Nacional, cuando llamé de madrugada para informar de un asalto contra tres chavalas y encontrarme con una chocante respuesta y mucho silencio ante mis insistentes llamadas de auxilio (ver en confidencial.com.ni, y laprensa.com.ni).
La denuncia que circuló por redes sociales, fue publicada primero en Confidencial, luego en La Prensa y diversos blogs, medios nacionales e incluso uno sueco, quienes la comentaron añadiendo quejas o uniéndose a la demanda de una mejor atención de esa institución que está nuestro servicio como ciudadanía.
Yo envié la carta al correo de Asuntos Internos de la Policía, que se encarga de investigar las denuncias que cualquier persona hace de una o un oficial de esta institución. De forma inmediata la comisionada Carolina Torres, jefa de Asuntos Internos, me respondió diciendo que mi denuncia sería procesada debidamente.
En menos de cuatro días recibí varias llamadas del subcomisionado Manuel Gaitán y del comisionado Tomás Velásquez, éste último, jefe del Centro de Emergencias, para contarme cómo iba la investigación.
En resumen, ese día había cuatro mujeres de turno y como ninguna admitió haber recibido las llamadas, me pidieron que tratara de identificar la voz que me sonara por teléfono, ya que no había manera técnica de saber cuál de las cuatro o cuáles habían recibido mis insistentes llamadas.
A mí me pareció bien rústico el método, ya que parte de mi queja es que levantaban y colgaban sin hablar, sólo en dos ocasiones escuché la voz de una mujer y no se puede recordar una voz que ni siquiera me dio chance de grabar en la memoria. De todas maneras hicimos la prueba y evidentemente no pude reconocer a ninguna, ni me sonaron, ni podía ser tan irresponsable de incriminar a alguien con ese método.
Tomando en cuenta otros aspectos, el resultado final de la historia es que se investigó a dos de las cuatro oficiales de las que hubo sospecha y se comprobó responsabilidad administrativa contra una, según consta en la notificación oficial que me entregó en mano el subcomisionado Gaitán, quien llegó a mi oficina en días pasados.
Me queda claro que en principio, toda persona que trabaja en el Estado y recibe una llamada debe identificarse en primer lugar y que si algún funcionario o funcionaria de la Policía no cumple con su deber se puede escribir a asuntosinternos@policia.gob.ni o llamar al 2277-4130 para que comience una investigación y se sancione a la persona responsable.
Este martes hablé con la comisionada Torres y me explicó que otra de las medidas que se tomaron fue remover de ese puesto a las cuatro oficiales que estaban de turno, se les sancionó con recargo de servicio que significa que su jornada laboral se alarga --esto incluyó al supervisor de turno-- y además hicieron un fuerte llamado de atención a todo el personal del Centro de Emergencias que atiende el 118.
Tomando en cuenta que una respuesta a tiempo puede frustrar un asalto, violación e incluso una muerte, es importante que el personal que atiende un número de emergencia tome conciencia de la importancia del puesto que ocupa, y que no sólo tenga preparación técnica, sino que esté sensibilizado a la problemática y sepa manejar situaciones de crisis.
Por esta razón, la comisionada me aseguró que a partir de la denuncia se inició un “proceso de reingeniería” y metieron a todo el personal del Centro a un curso de atención con derechos humanos, para evitar que a otra persona le pase lo que me ocurrió ese día. Incluso hasta la Procuraduría de Derechos Humanos me llamó para iniciar una investigación de oficio.
Por eso quiero invitar a que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y tomemos conciencia del poder de la palabra y del impacto que tienen los medios de comunicación para cambiar las cosas. También que nos caiga el peso en la chiclera de que al quedarnos en silencio nos convertimos en cómplices de los hechos injustos de los cuales somos testigos. E insisto, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un problema personal, sino social y cada persona puede hacer algo contra los delitos que ponen en peligro nuestra seguridad y nuestra vida.
Ese día las chavalas no fueron auxiliadas ni por la Policía ni por los bomberos, sino por unos amigos que pasaron por la esquina tiempo más tarde, según me contó el vigilante. Si esa llamada hubiera sido respondida a tiempo, quizá la historia hubiese tenido otro final. Pero toda acción para buscar justicia tiene un efecto, no desistamos.
La denuncia que circuló por redes sociales, fue publicada primero en Confidencial, luego en La Prensa y diversos blogs, medios nacionales e incluso uno sueco, quienes la comentaron añadiendo quejas o uniéndose a la demanda de una mejor atención de esa institución que está nuestro servicio como ciudadanía.
Yo envié la carta al correo de Asuntos Internos de la Policía, que se encarga de investigar las denuncias que cualquier persona hace de una o un oficial de esta institución. De forma inmediata la comisionada Carolina Torres, jefa de Asuntos Internos, me respondió diciendo que mi denuncia sería procesada debidamente.
En menos de cuatro días recibí varias llamadas del subcomisionado Manuel Gaitán y del comisionado Tomás Velásquez, éste último, jefe del Centro de Emergencias, para contarme cómo iba la investigación.
En resumen, ese día había cuatro mujeres de turno y como ninguna admitió haber recibido las llamadas, me pidieron que tratara de identificar la voz que me sonara por teléfono, ya que no había manera técnica de saber cuál de las cuatro o cuáles habían recibido mis insistentes llamadas.
A mí me pareció bien rústico el método, ya que parte de mi queja es que levantaban y colgaban sin hablar, sólo en dos ocasiones escuché la voz de una mujer y no se puede recordar una voz que ni siquiera me dio chance de grabar en la memoria. De todas maneras hicimos la prueba y evidentemente no pude reconocer a ninguna, ni me sonaron, ni podía ser tan irresponsable de incriminar a alguien con ese método.
Tomando en cuenta otros aspectos, el resultado final de la historia es que se investigó a dos de las cuatro oficiales de las que hubo sospecha y se comprobó responsabilidad administrativa contra una, según consta en la notificación oficial que me entregó en mano el subcomisionado Gaitán, quien llegó a mi oficina en días pasados.
Me queda claro que en principio, toda persona que trabaja en el Estado y recibe una llamada debe identificarse en primer lugar y que si algún funcionario o funcionaria de la Policía no cumple con su deber se puede escribir a asuntosinternos@policia.gob.ni o llamar al 2277-4130 para que comience una investigación y se sancione a la persona responsable.
Este martes hablé con la comisionada Torres y me explicó que otra de las medidas que se tomaron fue remover de ese puesto a las cuatro oficiales que estaban de turno, se les sancionó con recargo de servicio que significa que su jornada laboral se alarga --esto incluyó al supervisor de turno-- y además hicieron un fuerte llamado de atención a todo el personal del Centro de Emergencias que atiende el 118.
Tomando en cuenta que una respuesta a tiempo puede frustrar un asalto, violación e incluso una muerte, es importante que el personal que atiende un número de emergencia tome conciencia de la importancia del puesto que ocupa, y que no sólo tenga preparación técnica, sino que esté sensibilizado a la problemática y sepa manejar situaciones de crisis.
Por esta razón, la comisionada me aseguró que a partir de la denuncia se inició un “proceso de reingeniería” y metieron a todo el personal del Centro a un curso de atención con derechos humanos, para evitar que a otra persona le pase lo que me ocurrió ese día. Incluso hasta la Procuraduría de Derechos Humanos me llamó para iniciar una investigación de oficio.
Por eso quiero invitar a que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y tomemos conciencia del poder de la palabra y del impacto que tienen los medios de comunicación para cambiar las cosas. También que nos caiga el peso en la chiclera de que al quedarnos en silencio nos convertimos en cómplices de los hechos injustos de los cuales somos testigos. E insisto, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un problema personal, sino social y cada persona puede hacer algo contra los delitos que ponen en peligro nuestra seguridad y nuestra vida.
Ese día las chavalas no fueron auxiliadas ni por la Policía ni por los bomberos, sino por unos amigos que pasaron por la esquina tiempo más tarde, según me contó el vigilante. Si esa llamada hubiera sido respondida a tiempo, quizá la historia hubiese tenido otro final. Pero toda acción para buscar justicia tiene un efecto, no desistamos.
Wikileaks
Sofía Montenegro |
•¡Qué bochorno!
Ese calor sofocante que enrojece el rostro cuando algo molesta y avergüenza, es el que ha de estar sintiendo la diplomacia norteamericana tras el monumental destape de los más de 250 mil documentos del Departamento de Estado hecho por Wikileaks y publicado por cinco de los más serios y prestigiosos diarios del mundo, que permite acercarse a lo que francamente piensa Estados Unidos de los demás. El temerario y tozudo Julian Assange, es el artífice de esta burla al poder y al secretismo, convirtiendo al portal de filtraciones en un mediador que fiscaliza la política tras bambalinas de la principal potencia del mundo. Wikileaks fue el que filtró a principios de año el video de una brutal matanza de civiles en Irak y después los papeles de Afganistán, en el que se reveló la muerte de 20 mil afganos. Ha golpeado la mesa de los políticos pero también la de los medios, sobre la necesidad de transparentar lo que ocurre en el mundo, por encima del ruido y la banalidad hipercomunicacional producida por la aceleración de las nuevas tecnologías. Los cinco periódicos ratificaron con la publicación de la información, que no es su obligación proteger a gobiernos o políticos de situaciones bochornosas, sino que se deben al derecho de los ciudadanos a saber lo que hacen y no dicen sus gobernantes.
•Crónicas diplomáticas
“La pesadilla del diplomático, es el sueño del historiador” dijo el diario inglés The Guardian, señalando que lo normal es que el historiador tenga que esperar décadas para tener acceso a esta visión interna acerca de personajes, acciones y acontecimientos, narradas desde el sobaco de la confianza por unos cronistas políticos especiales. Si bien la mayoría de la información filtrada no tiene nada del otro mundo, pues muchas de ellas son lugares comunes en la opinión pública mundial (“Chávez esta loco”, “En Honduras hubo golpe de Estado”, “Berlusconi hace fiestas salvajes”, “hay que detener a Irán”), lo interesante es que son relatos de primera mano a veces escritos con agudeza y buena prosa sobre otros líderes políticos y países. Los retratos de algunos personajes no tienen desperdicio y son hasta chistosos: un Berlusconi inepto y vanidoso, un Ghadaffi hipocondríaco y narcisista que se inyecta botox, Putin como Batman y el presidente de Rusia como Robin. Ya se puede uno imaginar lo que van a decir las crónicas sobre Nicaragua. Con declaraciones como las de Edén Pastora de que “la soberanía es cuestión de machos” está claro que el bochorno es para los nicas. Le ha ahorrado el trabajo a la Embajada con este autorretrato: “Yo no soy mujeriego, soy preñador… si no fui el mejor padre, fue por ser el mejor patriota. Diez mujeres me han dado 21 hijos en Costa Rica, México, Honduras… En eso he sido internacionalista”. Seguro que Doña Hillary no dará crédito a sus ojos cuando lo lea.
•Gol al portero
El gobierno de Estados Unidos ha calificado las revelaciones de Wikileaks como “un ataque a la comunidad internacional” y ya hay voces que demandan la persecución de Julian Assange y de Wikileaks. El asunto es que las filtraciones realizadas están en la categoría de información pública, o sea, referida a todos los actos públicos políticos que conciernen al interés general. La información pública tiene el propósito que la sociedad ejerza la función crítica y control sobre el aparato estatal, que exista un Estado democrático y que la sociedad se autogobierne. El acceso a esta información es indispensable para la transparencia y permite valorar el carácter de las decisiones político-administrativas y su impacto, mientras que la falta de ella alimenta la corrupción. Así, cuando el Estado no rinde cuentas, oculta la información o miente y la prensa falla en su rol de fiscalización, el recurso de las filtraciones parece inevitable. Tal vez si el gobierno de Bush no hubiera mentido al mundo sobre las inexistentes armas nucleares de Irak para lanzar la invasión y la prensa norteamericana no hubiera aceptado cubrir la guerra de Irak con los periodistas “incrustados” en las tropas, a lo mejor los ciudadanos no hubieran tenido que meterle este gol, tipo Barsa, a la portería del Estado.
•Nicaleaks
En Nicaragua, donde el acceso a la información pública es inexistente pese a lo que dice la ley y donde la estrategia del gobierno es la incomunicación, el secretismo y una agenda informativa de verdad absoluta e “incontaminada”, ciudadanos y funcionarios han venido creando lo que podría llamarse “nicaleaks” en apoyo a la prensa nacional, como mecanismo para combatir la corrupción, los abusos y la injusticia. Y el ciudadano de la calle tiene, a falta de Internet, su propio portal de la imperecedera “radio bemba”. Y es que la información aumenta la libertad de los ciudadanos, puesto quien carece de ella en realidad no puede ejercer la capacidad de elegir o discernir. Tampoco hay sociedad democrática sin opinión pública madura, razonante y responsable. De ahí que ante el cierre de la información pública, el cinismo y las mentiras oficiales, las filtraciones sean un síntoma de buena salud de la opinión pública. Los “nicaleaks” demuestran la inutilidad de la estrategia de desinformación del orteguismo, puesto que ni los datos oficiales ni sus funcionarios tienen credibilidad y al final hay suficiente capacidad en la sociedad para levantar su información, construir datos, hacer su análisis y divulgarlo. De nada le ha servido al gobierno su “estrategia de comunicación” para ocultar el robo de las elecciones, los Albanegocios, la compra de partidos o diputados, o a Roberto Rivas, para esconder el avión que se compró con fondos públicos. Es que la realidad es más testaruda que cualquier discurso y como dijo Sócrates, la mentira nunca vive hasta llegar a vieja.
•¡Qué bochorno!
Ese calor sofocante que enrojece el rostro cuando algo molesta y avergüenza, es el que ha de estar sintiendo la diplomacia norteamericana tras el monumental destape de los más de 250 mil documentos del Departamento de Estado hecho por Wikileaks y publicado por cinco de los más serios y prestigiosos diarios del mundo, que permite acercarse a lo que francamente piensa Estados Unidos de los demás. El temerario y tozudo Julian Assange, es el artífice de esta burla al poder y al secretismo, convirtiendo al portal de filtraciones en un mediador que fiscaliza la política tras bambalinas de la principal potencia del mundo. Wikileaks fue el que filtró a principios de año el video de una brutal matanza de civiles en Irak y después los papeles de Afganistán, en el que se reveló la muerte de 20 mil afganos. Ha golpeado la mesa de los políticos pero también la de los medios, sobre la necesidad de transparentar lo que ocurre en el mundo, por encima del ruido y la banalidad hipercomunicacional producida por la aceleración de las nuevas tecnologías. Los cinco periódicos ratificaron con la publicación de la información, que no es su obligación proteger a gobiernos o políticos de situaciones bochornosas, sino que se deben al derecho de los ciudadanos a saber lo que hacen y no dicen sus gobernantes.
•Crónicas diplomáticas
“La pesadilla del diplomático, es el sueño del historiador” dijo el diario inglés The Guardian, señalando que lo normal es que el historiador tenga que esperar décadas para tener acceso a esta visión interna acerca de personajes, acciones y acontecimientos, narradas desde el sobaco de la confianza por unos cronistas políticos especiales. Si bien la mayoría de la información filtrada no tiene nada del otro mundo, pues muchas de ellas son lugares comunes en la opinión pública mundial (“Chávez esta loco”, “En Honduras hubo golpe de Estado”, “Berlusconi hace fiestas salvajes”, “hay que detener a Irán”), lo interesante es que son relatos de primera mano a veces escritos con agudeza y buena prosa sobre otros líderes políticos y países. Los retratos de algunos personajes no tienen desperdicio y son hasta chistosos: un Berlusconi inepto y vanidoso, un Ghadaffi hipocondríaco y narcisista que se inyecta botox, Putin como Batman y el presidente de Rusia como Robin. Ya se puede uno imaginar lo que van a decir las crónicas sobre Nicaragua. Con declaraciones como las de Edén Pastora de que “la soberanía es cuestión de machos” está claro que el bochorno es para los nicas. Le ha ahorrado el trabajo a la Embajada con este autorretrato: “Yo no soy mujeriego, soy preñador… si no fui el mejor padre, fue por ser el mejor patriota. Diez mujeres me han dado 21 hijos en Costa Rica, México, Honduras… En eso he sido internacionalista”. Seguro que Doña Hillary no dará crédito a sus ojos cuando lo lea.
•Gol al portero
El gobierno de Estados Unidos ha calificado las revelaciones de Wikileaks como “un ataque a la comunidad internacional” y ya hay voces que demandan la persecución de Julian Assange y de Wikileaks. El asunto es que las filtraciones realizadas están en la categoría de información pública, o sea, referida a todos los actos públicos políticos que conciernen al interés general. La información pública tiene el propósito que la sociedad ejerza la función crítica y control sobre el aparato estatal, que exista un Estado democrático y que la sociedad se autogobierne. El acceso a esta información es indispensable para la transparencia y permite valorar el carácter de las decisiones político-administrativas y su impacto, mientras que la falta de ella alimenta la corrupción. Así, cuando el Estado no rinde cuentas, oculta la información o miente y la prensa falla en su rol de fiscalización, el recurso de las filtraciones parece inevitable. Tal vez si el gobierno de Bush no hubiera mentido al mundo sobre las inexistentes armas nucleares de Irak para lanzar la invasión y la prensa norteamericana no hubiera aceptado cubrir la guerra de Irak con los periodistas “incrustados” en las tropas, a lo mejor los ciudadanos no hubieran tenido que meterle este gol, tipo Barsa, a la portería del Estado.
•Nicaleaks
En Nicaragua, donde el acceso a la información pública es inexistente pese a lo que dice la ley y donde la estrategia del gobierno es la incomunicación, el secretismo y una agenda informativa de verdad absoluta e “incontaminada”, ciudadanos y funcionarios han venido creando lo que podría llamarse “nicaleaks” en apoyo a la prensa nacional, como mecanismo para combatir la corrupción, los abusos y la injusticia. Y el ciudadano de la calle tiene, a falta de Internet, su propio portal de la imperecedera “radio bemba”. Y es que la información aumenta la libertad de los ciudadanos, puesto quien carece de ella en realidad no puede ejercer la capacidad de elegir o discernir. Tampoco hay sociedad democrática sin opinión pública madura, razonante y responsable. De ahí que ante el cierre de la información pública, el cinismo y las mentiras oficiales, las filtraciones sean un síntoma de buena salud de la opinión pública. Los “nicaleaks” demuestran la inutilidad de la estrategia de desinformación del orteguismo, puesto que ni los datos oficiales ni sus funcionarios tienen credibilidad y al final hay suficiente capacidad en la sociedad para levantar su información, construir datos, hacer su análisis y divulgarlo. De nada le ha servido al gobierno su “estrategia de comunicación” para ocultar el robo de las elecciones, los Albanegocios, la compra de partidos o diputados, o a Roberto Rivas, para esconder el avión que se compró con fondos públicos. Es que la realidad es más testaruda que cualquier discurso y como dijo Sócrates, la mentira nunca vive hasta llegar a vieja.
Miles de empleados públicos despedidos, violando la Ley 476
Reportaje especial: la barrida en el gobierno Ortega
Primera entrega
Roberto Fonseca L. |
Yahaira del Carmen Sánchez conoce en carne propia que en la sede central del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no cobra importancia, ni se practica, aquella máxima del Comandante Ernesto “Ché” Guevara, referida a “la cualidad más linda del revolucionario”. La de sentir en carne propia cualquier injusticia, en cualquier parte del mundo.
Esta mujer, ex Secretaria Ejecutiva del MTI y Secretaria de Actas y Acuerdos del sindicato “Andrés Castro” de esa institución pública, fue despedida injustamente en febrero del 2007. Hoy tiene dos sentencias judiciales a su favor. La primera, del Juzgado Primero de Distrito del Trabajo y la segunda, del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua Sala de lo Laboral.
Ambas ordenan a las autoridades del MTI reintegrarla en las mismas condiciones laborales y pagarle además los salarios caídos desde su despido (febrero 2007). Sin embargo los altos funcionarios de ese ministerio, con Pablo Fernando Martínez a la cabeza, han ignorado y desacatado ambas sentencias, pese a que la resolución del Tribunal de Apelaciones les recordó que el incumplimiento conlleva a acciones legales establecidas en el Arto. 438 del Código Penal de Nicaragua y el Arto. 167 de la Constitución. Multas e inhabilitación especial para ejercer el cargo.
“Tengo un año de estar esperando que hagan justicia conmigo, que cumplan con las resoluciones judiciales, que me reintegren y me cancelen los salarios caídos, pero a la fecha nada. Este ha sido el período más difícil de mi vida, ha sido una pesadilla. Quiero que termine este capítulo y que concluya a mi favor”, señaló.
Yahaira Sánchez ingresó al MTI como Secretaria Ejecutiva en el Departamento de Transporte Acuático, en 2006, tres años después de entrar en vigencia la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, que fue aprobada para dar estabilidad a los empleados del sector público. Según esta Ley 476, el empleado público sólo puede ser separado de su puesto en dos circunstancias: por renuncia del mismo o despedido debido a reestructuración y reorganización institucional. Sin embargo, ése no fue su caso.
A partir del 10 de enero del 2007, tras el cambio de gobierno, relató que empezaron los despidos arbitrarios por oleadas en el MTI. El 15 de febrero le tocó el turno al Departamento de Transporte Acuático, donde Yahaira laboraba junto a unas 30 personas. Le pidieron presentarse ante Recursos Humanos, donde una señora de nombre Francis le entregó una carta indicándole que “por órdenes superiores” prescindían de sus servicios. Ninguna referencia al Código del Trabajo, ni al procedimiento establecido en la Ley 476.
“Ella me dio la carta, pero no se la recibí porque era un despido injusto, ilegal”, así que pasó directamente a las instancias judiciales. A su favor se pronunció primero el Juzgado Primero Distrito del Trabajo de la Circunscripción Managua, el 20 de mayo del 2009, indicando que el Estado de Nicaragua –en los siguientes tres días-- debía reintegrarla a su mismo puesto de trabajo, en idénticas condiciones de empleo y debería pagarle los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su efectivo reintegro. A esta sentencia apeló el representante del MTI.
Apelaciones falla a su favor
Meses después, el 13 de noviembre del 2009, se pronunció a su favor también la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, con los votos a favor de dos Magistrados (Humberto Solís Baker y O. Lúquez G.) y el disentimiento de la magistrada Aidalina García, ya que según la funcionaria judicial, el cargo de Secretaria Ejecutiva entra en el campo de Cargo de Confianza, por tanto no procedía la acción de reintegro. Sin embargo, prevaleció la mayoría.
Un año después, las autoridades del MTI siguen en rebeldía, ya que no la han reintegrado, ni le han pagado un centavo. Así que ha vivido verdaderos apuros. Redujo drásticamente sus gastos. Vive actualmente con su mamá, quien la ha apoyado siempre. Y a su hija Alejandra García, de 8 años, la colocó en una escuela pública.
Para enfrentar las restricciones y superar los apuros, ha hecho trabajitos temporales, entre ellos, como asistente de ventas en una empresa privada. Son “rumbitos” para sobrevivir, ya que en el mejor de los casos sólo ha logrado reunir un tercio de lo que devengaba en el MTI.
En febrero del 2010, tras meses de desacato, recibió una carta del MTI solicitándole que sostuvieran una reunión, para “negociar” el pago de los salarios caídos. “Dijeron que no tenían dinero y que me pagarían en cuotas, yo les pedí que cumplieran con la sentencia, mi reintegro y el pago de los salarios caídos, así que no se dio la negociación”.
Cansada de la insensibilidad institucional y oficial, acudió recientemente –el 3 de noviembre—ante el Ministerio Público, para que la acompañe en una acusación contra el Ministro del MTI, Pablo F. Martínez, por desacato contra la autoridad, discriminación y desobediencia de autoridad de funcionario público, tipificado en los Arto. 427 y 438 del Código Procesal Penal.
“Dijeron que van a ayudarme, que van a acompañarme en esta demanda penal, veremos si cumplen”, dijo.
A la vez, junto a su abogado defensor, Yahaira Sánchez prepara una demanda contra el Estado de Nicaragua ante una instancia internacional de justicia, ya que en nuestro país se sigue incumpliendo la justicia. “Yo no me meto en política, pero no me gustan las injusticias”, concluyó.
* FEDETRASEP y CPDH contabilizan un total de 18,538
Desde enero 2007 hasta agosto 2010, la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (FEDETRASEP) y la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabilizan un total de 18,538 empleados públicos despedidos. Si se excluyen a los de las Alcaldías Municipales, sumarían 14,785 personas.
Según estos reportes elaborados por las oficinas de la FEDETRASEP en cada una de las instituciones públicas y entes autónomos, el Ministerio de Salud (MINSA) ha despedido o forzado a renunciar a 1,556 empleados. Le siguen el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MINED), con 1,322 empleados y la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con 1,130.
“La Ley 476 y su Reglamento nacen con el propósito y el objetivo de darle estabilidad al servidor público del Estado de la República de Nicaragua, específicamente a aquellos que dependen del Poder Ejecutivo en el organigrama de la Ley 290, y con este gobierno se iba a poner a prueba verdaderamente su efectividad. Pero tristemente, hasta la fecha, la Ley 476 ha sido pisoteada, violentada, con los despidos masivos”, afirmó el Dr. Alvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de FEDETRASEP.
Además, en ese mismo período contabilizan 54 organizaciones sindicales, que han sido descabezadas por razones políticas o ideológicas, amparados en el despido de sus líderes o dirigentes de base, pese a que gozan del fuero sindical. Por tanto, es importante apuntar que el Estado de Nicaragua viola sus derechos constitucionales, laborales y sindicales, cometiendo incluso delitos.
Leiva aseguró que las cifras proporcionadas se basan en el monitoreo constante que la FEDETRASEP realiza sobre más de 50 instituciones públicas, entes autónomos, poderes del Estado y Alcaldías, donde tienen presencia sindical. Según las estimaciones de Leiva, al ritmo con que se ejecutan los despidos, no duda que la administración de Ortega cerrará con unos 25,000 empleados públicos despedidos u obligados a renunciar por presiones políticas.
“Podríamos decir que la Ley 476 ha fracasado con este gobierno, el cual ha demostrado no tener la menor sensibilidad por la condición humana, ni voluntad de respetar las leyes ni los derechos humanos. Hay que decirlo con claridad, el Estado de Nicaragua va a terminar siendo acusado ante instancias internacionales de justicia y tendrá que verse obligado a pagarnos, ya que aquí se nos ha negado la justicia”, dijo Leiva, quien fue despedido injustamente del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), quien fue despedido en septiembre de 2008.
“Estoy seguro que la justicia tendrá que ventilarse y encontrarse en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que hay retardación y recursos de amparo oscuros, que han sido admitidos por los conjueces y que representan atrocidades contra los trabajadores”, añadió Leiva, sin entrar en mayores detalles.
Primera entrega
Roberto Fonseca L. |
Yahaira del Carmen Sánchez conoce en carne propia que en la sede central del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no cobra importancia, ni se practica, aquella máxima del Comandante Ernesto “Ché” Guevara, referida a “la cualidad más linda del revolucionario”. La de sentir en carne propia cualquier injusticia, en cualquier parte del mundo.
Esta mujer, ex Secretaria Ejecutiva del MTI y Secretaria de Actas y Acuerdos del sindicato “Andrés Castro” de esa institución pública, fue despedida injustamente en febrero del 2007. Hoy tiene dos sentencias judiciales a su favor. La primera, del Juzgado Primero de Distrito del Trabajo y la segunda, del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua Sala de lo Laboral.
Ambas ordenan a las autoridades del MTI reintegrarla en las mismas condiciones laborales y pagarle además los salarios caídos desde su despido (febrero 2007). Sin embargo los altos funcionarios de ese ministerio, con Pablo Fernando Martínez a la cabeza, han ignorado y desacatado ambas sentencias, pese a que la resolución del Tribunal de Apelaciones les recordó que el incumplimiento conlleva a acciones legales establecidas en el Arto. 438 del Código Penal de Nicaragua y el Arto. 167 de la Constitución. Multas e inhabilitación especial para ejercer el cargo.
“Tengo un año de estar esperando que hagan justicia conmigo, que cumplan con las resoluciones judiciales, que me reintegren y me cancelen los salarios caídos, pero a la fecha nada. Este ha sido el período más difícil de mi vida, ha sido una pesadilla. Quiero que termine este capítulo y que concluya a mi favor”, señaló.
Yahaira Sánchez ingresó al MTI como Secretaria Ejecutiva en el Departamento de Transporte Acuático, en 2006, tres años después de entrar en vigencia la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, que fue aprobada para dar estabilidad a los empleados del sector público. Según esta Ley 476, el empleado público sólo puede ser separado de su puesto en dos circunstancias: por renuncia del mismo o despedido debido a reestructuración y reorganización institucional. Sin embargo, ése no fue su caso.
A partir del 10 de enero del 2007, tras el cambio de gobierno, relató que empezaron los despidos arbitrarios por oleadas en el MTI. El 15 de febrero le tocó el turno al Departamento de Transporte Acuático, donde Yahaira laboraba junto a unas 30 personas. Le pidieron presentarse ante Recursos Humanos, donde una señora de nombre Francis le entregó una carta indicándole que “por órdenes superiores” prescindían de sus servicios. Ninguna referencia al Código del Trabajo, ni al procedimiento establecido en la Ley 476.
“Ella me dio la carta, pero no se la recibí porque era un despido injusto, ilegal”, así que pasó directamente a las instancias judiciales. A su favor se pronunció primero el Juzgado Primero Distrito del Trabajo de la Circunscripción Managua, el 20 de mayo del 2009, indicando que el Estado de Nicaragua –en los siguientes tres días-- debía reintegrarla a su mismo puesto de trabajo, en idénticas condiciones de empleo y debería pagarle los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su efectivo reintegro. A esta sentencia apeló el representante del MTI.
Apelaciones falla a su favor
Meses después, el 13 de noviembre del 2009, se pronunció a su favor también la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, con los votos a favor de dos Magistrados (Humberto Solís Baker y O. Lúquez G.) y el disentimiento de la magistrada Aidalina García, ya que según la funcionaria judicial, el cargo de Secretaria Ejecutiva entra en el campo de Cargo de Confianza, por tanto no procedía la acción de reintegro. Sin embargo, prevaleció la mayoría.
Un año después, las autoridades del MTI siguen en rebeldía, ya que no la han reintegrado, ni le han pagado un centavo. Así que ha vivido verdaderos apuros. Redujo drásticamente sus gastos. Vive actualmente con su mamá, quien la ha apoyado siempre. Y a su hija Alejandra García, de 8 años, la colocó en una escuela pública.
Para enfrentar las restricciones y superar los apuros, ha hecho trabajitos temporales, entre ellos, como asistente de ventas en una empresa privada. Son “rumbitos” para sobrevivir, ya que en el mejor de los casos sólo ha logrado reunir un tercio de lo que devengaba en el MTI.
En febrero del 2010, tras meses de desacato, recibió una carta del MTI solicitándole que sostuvieran una reunión, para “negociar” el pago de los salarios caídos. “Dijeron que no tenían dinero y que me pagarían en cuotas, yo les pedí que cumplieran con la sentencia, mi reintegro y el pago de los salarios caídos, así que no se dio la negociación”.
Cansada de la insensibilidad institucional y oficial, acudió recientemente –el 3 de noviembre—ante el Ministerio Público, para que la acompañe en una acusación contra el Ministro del MTI, Pablo F. Martínez, por desacato contra la autoridad, discriminación y desobediencia de autoridad de funcionario público, tipificado en los Arto. 427 y 438 del Código Procesal Penal.
“Dijeron que van a ayudarme, que van a acompañarme en esta demanda penal, veremos si cumplen”, dijo.
A la vez, junto a su abogado defensor, Yahaira Sánchez prepara una demanda contra el Estado de Nicaragua ante una instancia internacional de justicia, ya que en nuestro país se sigue incumpliendo la justicia. “Yo no me meto en política, pero no me gustan las injusticias”, concluyó.
* FEDETRASEP y CPDH contabilizan un total de 18,538
Desde enero 2007 hasta agosto 2010, la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (FEDETRASEP) y la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabilizan un total de 18,538 empleados públicos despedidos. Si se excluyen a los de las Alcaldías Municipales, sumarían 14,785 personas.
Según estos reportes elaborados por las oficinas de la FEDETRASEP en cada una de las instituciones públicas y entes autónomos, el Ministerio de Salud (MINSA) ha despedido o forzado a renunciar a 1,556 empleados. Le siguen el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MINED), con 1,322 empleados y la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con 1,130.
“La Ley 476 y su Reglamento nacen con el propósito y el objetivo de darle estabilidad al servidor público del Estado de la República de Nicaragua, específicamente a aquellos que dependen del Poder Ejecutivo en el organigrama de la Ley 290, y con este gobierno se iba a poner a prueba verdaderamente su efectividad. Pero tristemente, hasta la fecha, la Ley 476 ha sido pisoteada, violentada, con los despidos masivos”, afirmó el Dr. Alvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de FEDETRASEP.
Además, en ese mismo período contabilizan 54 organizaciones sindicales, que han sido descabezadas por razones políticas o ideológicas, amparados en el despido de sus líderes o dirigentes de base, pese a que gozan del fuero sindical. Por tanto, es importante apuntar que el Estado de Nicaragua viola sus derechos constitucionales, laborales y sindicales, cometiendo incluso delitos.
Leiva aseguró que las cifras proporcionadas se basan en el monitoreo constante que la FEDETRASEP realiza sobre más de 50 instituciones públicas, entes autónomos, poderes del Estado y Alcaldías, donde tienen presencia sindical. Según las estimaciones de Leiva, al ritmo con que se ejecutan los despidos, no duda que la administración de Ortega cerrará con unos 25,000 empleados públicos despedidos u obligados a renunciar por presiones políticas.
“Podríamos decir que la Ley 476 ha fracasado con este gobierno, el cual ha demostrado no tener la menor sensibilidad por la condición humana, ni voluntad de respetar las leyes ni los derechos humanos. Hay que decirlo con claridad, el Estado de Nicaragua va a terminar siendo acusado ante instancias internacionales de justicia y tendrá que verse obligado a pagarnos, ya que aquí se nos ha negado la justicia”, dijo Leiva, quien fue despedido injustamente del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), quien fue despedido en septiembre de 2008.
“Estoy seguro que la justicia tendrá que ventilarse y encontrarse en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que hay retardación y recursos de amparo oscuros, que han sido admitidos por los conjueces y que representan atrocidades contra los trabajadores”, añadió Leiva, sin entrar en mayores detalles.
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