Opositores cuestionan una propuesta que nace sin estudio de factibilidad y que además tiene implicaciones legales y ambientales.
Roberto González Jiménez
roberto.gonzalez@prensa.com
Con una celeridad que recuerda a las prácticas legislativas locales, el Congreso de Nicaragua y el presidente de esta república centroamericana, Daniel Ortega, aprobaron y firmaron una concesión que faculta a un empresario chino para construir y operar un canal que conectaría las costas del Pacífico y del Atlántico, un servicio similar al que presta desde hace cerca de 100 años el Canal de Panamá.
La bancada oficialista aprobó el jueves la denominada “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, una suerte del tratado Hay-Bunau Varilla que otorga a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment una concesión por 50 años, prorrogables por 50 años más, para desarrollar y explotar el proyecto. Durante los primeros años de operación del canal, la empresa estaría obligada a transferir $10 millones anuales al país.
Quienes avalan el proyecto ven en la construcción del canal una salida a la delicada situación económica del país, uno de los más pobres del continente. Las estimaciones oficialistas señalan que el producto interno bruto (PIB) del país tendría un crecimiento real de 10.8% en 2014 y de 15.1% en 2015, lo que le convertiría en el país de mayor crecimiento de la región.
Además, la generación de empleo formal en 2018 sería tres veces superior a la de 2013, y la recaudación fiscal aumentaría en esos cinco años en $2 mil 318 millones.
La concesión no es solo para la construcción de un canal marítimo. También incluye puertos a ambos lados de la vía, un oleoducto, una vía férrea que funcionaría como canal seco, zonas libres de comercio en los márgenes del canal y aeropuertos.
Por tanto, haciendo gala de la conocida habilidad oriental en el arte de la réplica, el empresario Wang Jing, presidente de HK Nicaragua Canal Development Investment, estaría reproduciendo en suelo nicaragüense todo el sistema logístico panameño, ese que junto a las telecomunicaciones representa más del 20% de la economía local.
“Este es un proyecto que viene a combatir la extrema pobreza, a traer bienestar, prosperidad y felicidad al pueblo nicaragüense”, dijo Ortega el viernes tras firmar la concesión a Wang Jing, en un acto transmitido por radio y televisión.
Escepticismo
A pesar de las bondades predicadas por el oficialismo nicaragüense, el proyecto está rodeado de una extensa lista de interrogantes que ponen en tela de juicio su ejecución exitosa.
La concesión está siendo cuestionada por motivos legales, sociales, económicos y medioambientales; por la falta de estudios sobre su factibilidad; y por la escasa transparencia con la que se manejó su adjudicación, para la que no hubo licitación ni consulta popular alguna.
Ayer, representantes de organismos civiles y de partidos políticos anunciaron la conformación de un bloque contra la concesión y anunciaron futuras acciones jurídicas y políticas, informó la agencia DPA.
Las sesiones de la Asamblea en las que se aprobó la ley estuvieron rodeadas de manifestaciones de quienes consideran que el pueblo estaría perdiendo la soberanía de su territorio en favor de la empresa china.
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada anunció que interpondrán un recurso por inconstitucionalidad parcial al considerar que la Ley de Concesión del Canal modifica el derecho de propiedad, informó el diario nicaragüense La Prensa.
El editor de política de este diario, César Úbeda, comentó vía telefónica que la concesión estaría violando al menos seis artículos de la Constitución política.
Úbeda destacó el hecho de que el Congreso y el presidente han otorgado una concesión por 50 años para desarrollar un proyecto del que no se tiene estudio de factibilidad y del que se desconoce, incluso, la ruta que se trazará para conectar los océanos.
Lo que sí parece definido es que se utilizarían las aguas del lago Cocibolca como parte de la ruta, con el consiguiente impacto ambiental y social.
“Estamos en una encrucijada porque o utilizas el lago Cocibolca para barcos flotantes o lo utilizas para agua potable, pero no lo puedes utilizar para las dos cosas a la vez”, apuntó Víctor Campos, director asistente de la organización medioambiental Humboldt Center, citado por la agencia AP.
Otro de los motivos que genera serias dudas es el empresario que está detrás del proyecto y su capacidad para ejecutarlo, toda vez que el Gobierno chino no lo está respaldado. Al menos públicamente.
Wang Jing, que dice estar dispuesto a invertir $40 mil millones en la obra, tiene desde hace meses una concesión de telecomunicaciones para operar en el país y hasta la fecha “no ha puesto una sola antena”, recuerda Úbeda. Al empresario no se le conoce experiencia en proyectos de esta envergadura y el hecho de que una de las sociedades de su red esté afincada en Islas Caimán ha despertado dudas sobre quién estaría detrás de este entramado en realidad.
La oposición nicaragüense no ha dudado en señalar al propio Ortega, extremo negado por Ronald Maclean, vocero de HK Nicaragua Canal Development Investment.
Según el propio Maclean, el estudio de factibilidad durará de uno a dos años, fecha en la que se conocerá la viabilidad del proyecto. Para entonces debe estar operando la ampliación del Canal de Panamá, ruta que sería tres veces más corta que la de Nicaragua si se toma como referencia el largo estimado de 286 kilómetros. “Por lo que al final no hay ventaja en tiempo sobre nuestra ruta”, apunta Jorge Luis Quijano, administrador del Canal de Panamá, quien, no obstante, hace hincapié en que “dado que la información que existe a la fecha del proyecto en cuanto a su ruta, su financiamiento y los aspectos técnicos es virtualmente inexistente, a nosotros se nos dificulta poder analizar y comentar sobre el mismo”.
Habrá que esperar por tanto para saber si la apuesta del tándem Ortega-Wang termina haciendo realidad una aspiración histórica nicaragüense o si pasa a la historia como un gran bluf, como otro megaproyecto lleno de sombras que no pasa del papel, lo que también recuerda algún episodio de la historia local reciente.
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