La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son
derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense.
Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier
intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber
de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.
Artículo 1 de la Constitución Política de la
República de Nicaragua
El pueblo de Nicaragua ha tenido a lo largo de
su historia el legítimo anhelo de que las ventajas que ofrece la geografía del
país den paso a la construcción de un canal interoceánico, que a la vez de
significar la transformación económica y el desarrollo nacional sea fuente de
bienestar con justicia para todos.
Pero
esta justa aspiración ha sido repetidas veces malversada, resultando en una
venta de ilusiones de riqueza y progreso, en oscuras manipulaciones, en mampara
para afirmar ambiciones desmedidas de poder y la reafirmación del caudillismo,
y lo que es peor, en la entrega de la soberanía patria, el más caro de nuestros
bienes, como ocurrió ya antes con la firma del tratado Chamorro-Bryan de 1914,
cuando partes sustanciales de nuestro territorio fueron vendidas a Estados
Unidos por 3 millones de dólares.
Hoy
la historia vuelve a revestirse de los mismos colores oscuros con la firma del
tratado Ortega-Wang Ying, que enajena por el plazo de un siglo nuestra
soberanía a una compañía privada originaria de la República Popular China, el
nuevo gran poder mundial emergente, con lo que de nuevo volvemos a convertirnos
en un peón de los intereses de dominio de las superpotencias.
El tratado, negociado por
Ortega en secreto, se ha consumado de espaldas a los nicaragüenses, sin ninguna
transparencia y sin ninguna clase de consenso nacional. Sin un debido proceso
de licitación previa, tratándose de una obra de 40 mil millones de dólares, se conceden
por el plazo de un siglo los derechos absolutos de construcción y explotación
de un canal interoceánico, de una vía ferroviaria de costa a costa, puertos, aeropuertos,
oleoductos y zonas francas comerciales y otras muchas obras, por la irrisoria
suma de 10 millones de dólares anuales, lo que ni siquiera se establece como
una obligación, y el 1 por ciento de las acciones de la compañía, endosado
también de manera anual. Estos derechos absolutos pueden ser traspasados a
cualquier tercero, sea un Estado u otra compañía, en todo, o en partes, por la
sola voluntad del concesionario extranjero.
Por
ese mismo término, un siglo, en el que se compromete el futuro de generaciones
de nicaragüenses que aún no han nacido, y que nacerán prácticamente sin patria,
se entrega a una compañía con sede en Hong Kong y recién inscrita en Gran
Caimán, reconocido paraíso fiscal en el Caribe, la tierra, las aguas marítimas,
fluviales y lacustres, el aire y los recursos naturales, en una extensión
territorial que al firmarse el tratado ni siquiera ha sido definida, y se cede
también la soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera del
país.
Las reservas del Banco
Central se otorgan como garantía frente a un tratado que sólo genera
obligaciones para el Estado de Nicaragua y ninguna para los intereses que
representa el gran beneficiario extranjero, que también obtiene el derecho de
confiscar propiedades de particulares en cualquier lugar del territorio
nacional y a su propio arbitrio, con lo que viene a crearse un estado de alarmante
inseguridad jurídica.
De la misma manera, el
tratado violenta los derechos de las comunidades indígenas del Caribe sobre sus
tierras ancestrales bajo régimen comunal, derechos previamente reconocidos por
el Estado, que ahora quedan sometidos también a la confiscación, a pesar de
hallarse protegidos por las leyes de la república.
Este
tratado inicuo amenaza, asimismo, con liquidar la riqueza ecológica de
Nicaragua, empezando por el más substancial de nuestros recursos naturales, el
Gran Lago Cocibolca, una de las más importantes reservas de agua dulce de
América, y arriesga gravemente también la conservación de nuestras cuencas
hidrográficas, selvas, bosques y humedales, en una catástrofe de consecuencias
incalculables, sin precedentes, sin que al firmarse el tratado se haya
presentado un solo estudio que demuestre que esta riqueza quedará a salvo de la
destrucción.
El
concesionario absoluto, Wang Ying, haciendo uso adelantado de los atributos de
soberanía nacional que el tratado le concede, ha negociado con la república de
Costa Rica que el canal no atravesará las aguas del río San Juan, “a fin de no
provocar conflictos internacionales”, según sus propias declaraciones, una
decisión que solamente debería corresponder al Estado de Nicaragua, pero que él
asume como un derecho que Ortega le ha otorgado junto a la concesión canalera.
Los
diputados oficialistas de la Asamblea Nacional se han convertido en cómplices
del negocio Ortega- Wang Ying al haber aprobado en menos de 72 horas el tratado,
violentando más de 30 artículos de la Constitución Política, y en la misma ley
de aprobación se comprometieron a reformar la misma Constitución, para
adecuarla a los intereses de la parte china, y completar así las condiciones
para que se cree en el país un verdadero enclave extranjero, sin competencia
alguna de las autoridades judiciales, militares y de policía, tal como el
tratado ya lo establece, con lo que la seguridad nacional en los territorios
concedidos pasará a quedar en manos privadas, o eventualmente de otro Estado.
Nicaragua y los nicaragüenses, hemos quedado en indefensión.
Esto
viene a demostrar que en Nicaragua lo que impera es un sistema autoritario, que
somete a las instituciones a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que
tienen que ver con toda la nación y con su futuro, sin ninguna consideración al
orden constitucional ni a las leyes vigentes, ni a los intereses nacionales
soberanos. Por otra parte, Daniel Ortega pretende aparecer como imprescindible
en el poder para consumar un proyecto de largo plazo, un elefante blanco que ni
siquiera se sabe cuándo empezará ni cuándo se completará su construcción, ni
qué clase de negocios o manipulaciones financieras se encuentran escondidos tras
la mampara del tratado.
Vivimos
tiempos de globalización, de grandes avances tecnológicos y de un incremento
del comercio mundial sin precedentes, por lo que un segundo canal interoceánico
en América sería de incontestable utilidad para el comercio
internacional. Pero la globalización y el comercio no significan de ninguna
manera que los países deban renunciar a su soberanía y a sus riquezas naturales,
entregándolas a compañías o países extranjeros. Al contrario, los gobiernos que
respetan la dignidad nacional, defienden su soberanía y protegen celosamente su
patrimonio ecológico y su medio ambiente, los salvaguardan al insertarse en la
globalización.
Llamamos
a todos los nicaragüenses, sin distingos de ninguna clase, a tomar conciencia
de este atropello sin precedentes contra la integridad de nuestra patria, y a
que unánimemente alcemos nuestra voz de protesta y de condena al tratado
Ortega-Wang Ying, exigiendo su inmediata anulación.
(Cienes de firmas)
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