Onofre Guevara López
Cuando hace dos años se discutía la conveniencia o no conveniencia de que los diputados electos por la Alianza-PLI ocuparan sus curules, unos alegaban que habiendo habido un fraude electoral, incorporarse a la Asamblea Nacional era legitimarlo. Los partidarios de que se incorporaran, argumentaron que no hacerlo significaría burlar el voto popular –igual que lo hicieron los autores del fraude—, por cuanto ellos eran verdaderos diputados y no todos los oficialistas, pues entre estos habían muchos productos del fraude. Es decir, que los orteguistas eran quienes deberían sentir vergüenza de ir a la Asamblea por el origen fraudulento de sus curules, y no los diputados opositores.
Pero se argumentó además, que su asistencia a una Asamblea Nacional con una espuria mayoría orteguista, no tendría justificación si lo hicieran para acomodarse al burocratismo parlamentario; y que solo justificarían su incorporación, si optaran por hacer una activa oposición, opuesta a la acostumbrada compra-venta de votos. Y hubo, también, la sugerencia de que no se limitaran solo a la actividad parlamentaria, sino mantener los vínculos con los sectores populares, acompañándoles en sus acciones políticas anti dictatoriales en todo terreno.
Se incorporaron, y su cumplimiento ha sido deficitario; incluso, se produjeron deserciones de miembros de su bancada, y aunque en general han mantenido una oposición activa, han tenido también debilidades frente a algunas iniciativas del orteguismo y en sus vínculos con los sectores populares.
Me refiero a ese tema, porque se relaciona con el suceso político opositor del recién pasado 20 de agosto, cuando se estructuró la Unidad por la República, y contó con la integración de la bancada opositora. Ello es positivo, dado que se trata de una nueva oportunidad para darle mayor agresividad a su oposición parlamentaria, y ahora vinculada a las acciones políticas de Unidad por la República.
En cuanto a este enésimo esfuerzo por consolidar la unidad en la acción de fuerzas políticas disímiles, en lo político-ideológico y, para ser objetivos, debemos reconocer que tampoco podrá ser el último esfuerzo, porque quedan tareas de fondo pendientes; pero la situación política actual demanda poner mayor interés en que este sea el último esfuerzo de esta etapa frente al orteguismo autoritario, anti constitucional y corrupto. Aparte de las lógicas dificultades que trae el hecho de consolidar una alianza con actores tan heterogéneos como esta, la causa por la cual se formó ahora, es mucho más fuerte, importante y patriótica que muchas de las causas que anteriormente demandaron la unidad en la acción opositora. Esa causa, claro está, es el regalapatria convenio Ortega-Wang.
Frente a ese punto esencial para la unidad, y ante la contundencia argumental a su rechazo expresada en los 32 recursos de inconstitucional introducidos ante la Corte Suprema de Justicia –espuria y comprometida como es, pero paso necesario para otros que deberán venir—, Ortega ha reforzado el sometimiento del poder judicial con el nombramiento de Lenin Cerna, como su comisario político para sus jueces y magistrados.
Eso deja en segundo plano las defensas vergonzantes del convenio regalapatria en los medios de comunicación orteguistas, cuyos argumentos no trascienden las descalificaciones contra sus adversarios y la promoción de las supuestas bondades que traería el canal. Pero no se atreven a mencionar la renuncia a la soberanía por su nombre, sino que recurren a frases eufemísticas, como esa de que las leyes deben ser ajustadas “a los nuevos tiempos”. Con eso quieren significar, que si tienen disposición de renunciar a la soberanía nacional, deben armonizarla con la máxima ley de la república. Algo así, como: si vamos a regalar el país, que no sea en contra de la letra constitucional, por lo tanto, hay que reformar la Constitución para adaptarla “a los nuevos tiempos”… que exigen los dueños del canal.”
Y no serán esas ilusiones vendidas en los discursos del oficialismo a las que tendrá que enfrentarse en el futuro inmediato el patriotismo nicaragüense, a través de la Unidad por la República, sino a la férrea disposición de hacer los negocios del siglo a costa del país, que tienen las clases dominantes –políticas y económicas— mancomunadas en torno al proyecto canalero. Se enfrentará a un aparato judicial, para lo cual ha sido reforzado como agencia partidaria orteguista, y no le valdrán las razones jurídicas de los recursos interpuestos. Están preparando el poder judicial para ubicarlo en la primera línea de combate del oficialismo. En cumplimiento de ese fin, la CSJ rechazará los recursos de inconstitucionalidad con sus acostumbrados, retorcidos y mañosos recursos jurídicos, o los pondrá a dormir el sueño eterno en sus gavetas burocráticas.
La sospecha de que ese será el destino de los recursos, es clave para que la nueva alianza política se sienta obligada a demostrar con sus acciones unidas, que este, en verdad, puede ser el último esfuerzo para rescatar el sentido real al título de república que aún ostenta oficialmente nuestro país. Además, la alianza deberá estar convencida de que esta es la tarea patriótica prioritaria, y que sin resolverla ahora, no podrá abordar con éxito las otras tareas pendientes.
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Paráfrasis
Enriquecidos, prepeados y con victorias recuperadas…
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