Fallas jurídicas, peores que las geológicas

Onofre Guevara López

Las falacias de los oficialistas con las que pretenden justificar el maquillaje que les hicieron a las contrarreformas –obligados por la avalancha de críticas merecidamente recibidas—, siguen sin poder disimular la gravedad que representan para la institucionalidad del país. Muestras de esa falacia, son las siguientes declaraciones, contenidas en una noticia de El Nuevo Diario del martes 4/12/13:

“…según el diputado Edwin Castro (después de los remiendos), se mantiene la independencia de los poderes del Estado y se incorpora la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2009, que destraba la prohibición de la reelección.”

Primera falacia: no se puede mantener lo que no existe: los poderes del Estado –en primer lugar la CSE—, dejaron de tener independencia, si es que alguna la tuvieron, desde el 2007. Ahora, son totalmente dependientes de la voluntad y las órdenes de Daniel Ortega y, un poco antes, esa voluntad y esas órdenes las acordaba con Arnoldo Alemán.

Segunda falacia: que la sentencia de la CSJ (más bien de una de sus Salas ilegalmente integrada), “destraba la prohibición de la reelección”. Ese argumento tiene de serio lo que podría tener la actuación de un payaso en un funeral. Para que esos magistrados “mata-Constitución” pudieran tener legitimidad, sus cargos vencidos debieron haber sido prolongados por la Asamblea Nacional, y no por Ortega con un simple decreto. Pero, aun cuando tuvieran tenido legitimidad, tampoco estaban autorizados para hacer nada de lo que solo corresponde a la Asamblea Nacional, como es reformar o derogar un artículo constitucional. La riña que tiene el orteguismo con la Constitución será tan indefinida como pretenden sea la reelección.

Pero el problema no solo consiste en hacer desaparecer ilegalmente la prohibición de la reelección del Artículo 147, pues seguirán vigentes los numerales 1, 2 y 7 del Artículo 138 Cn., acerca de las atribuciones robadas a la Asamblea Nacional. El numeral 1, dice: “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”. El numeral 2, concede a la Asamblea Nacional: “La interpretación auténtica de la ley.” Casualmente, la máxima ley de Nicaragua, su Constitución Política.

Y el numeral 7, le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de: “Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.”

Ninguno de esos tres numerales del Artículo 138 Cn. ha sido propuesto a ser eliminados por las contrarreformas orteguistas, lo cual lo significará que también violarán su propio mamotreto de Constitución. Estamos claros de que nada de eso le preocupa al orteguismo, por cuanto ya se acostumbró a ejercer el poder violando todas las leyes.

Cualquiera puede comprobar que los numerales 1 y 2 del Artículo 138, dicen exactamente lo mismo en la Constitución de 1987, en la reformada de 1995 y en el proyecto de las reformas orteguistas. El numeral 7, en su primera parte, es igual también en cuanto a que la Asamblea Nacional seguirá con la facultad de: “Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. La diferencia es que en la de 1987 se incluye la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, y en la reformada de 1995 se elimina la mención a este último, y se agrega: elegir “… de listas separadas propuestas por el presidente de la república y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”.

Estos hechos les dan un total desmentido al falso argumento de que las contrarreformas van dirigidas a corregir las reformas que “la derecha” les impuso a la Constitución de 1987, en el año1995. Pero con sus contrarreformas, el orteguismo le hace oposición también a la Constitución original, la de 1987.

Demostradas las falsedades esgrimidas en el intento de justificar el decreto de Ortega que le dio continuidad a los cargos vencidos de los magistrados, así como el absurdo de que una simple Sala ilegalmente integrada de la CSJ, tiene facultad de declarar inaplicable el Artículo 147 constitucional, cabe preguntar: ¿sobre qué bases jurídicas y morales el oficialismo está haciendo descansar sus contrarreformas?

Huelga la respuesta. Lo confesado por el bufón jefe de la corte Ortega-Murillo en la Asamblea Nacional, no hace si no revelar que el edificio de la Constitución orteguista lo están levantando sobre fallas jurídicas, hecho tan peligroso como levantar un edificio sobre fallas geológicas, cuando no se toman las medidas técnicas apropiadas. Eso lo expone a que un fuerte sismo lo derribe.

En el caso del edificio constitucional, sin las medidas adecuadas, que serían las consultas y el consenso con la mayoría de los nicaragüenses, y no en contra de su opinión, como está ocurriendo ahora, su caída lo provocará un sismo social que sería de mayor duración y mayores daños que un sismo geológico. Lo injusto no será que el edificio cayera sobre los “constructores” y sus cómplices, sino que aplastará también a quienes se opusieron a su construcción y a los indiferentes.

Las contrarreformas pronto serán aprobadas de forma expedita por una dócil tropa parlamentaria que, paradójicamente, no puede parlamentar en torno a ninguna ley, pues está autorizada a solo efectuar una simple presión digital para aprobarlas. Eso constituye un símbolo de lo anti constitucional, y, por ende, también un presagio del advenimiento de una plena dictadura.

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Paráfrasis



“Nos sentimos agradecidos de Dios y de la Virgen por darnos el don de la fe” en nuestras contrarreformas… ¡para tener mayores poderes!