CSJ lo confirma: no produce peras el olmo

Onofre Guevara López

El fallo de la nominal Corte Suprema de Justicia, rechazando los 31 recursos por inconstitucionalidad de la Ley 800, ni siquiera puede ser imaginado como el “Parto de los montes”, porque nadie esperaba que de allí surgiera algo importante y trascendente, sino lo que tenía que salir: un aborto jurídico anti democrático y pro dictatorial. Aunque esos recursos contra la Ley de la Concesión del Gran Canal Interoceánico (no importa a quién, pues los resultados serán los mismos) se introdujeron para cubrir formalismos legales, dejar constancia de patriotismo y poder recurrir a otras instancias.

Ese fallo es consustancial a la naturaleza de este gobierno, en nada asociada ni asociable a la característica democrática aspirada y necesitada por la vida institucional de nuestro país. Por ende, el fallo solo armoniza con el carácter anti democrático del régimen orteguista, y, antes que ser motivo de sorpresa, es acto de confirmación de la condición dócil y cómplice de los magistrados de facto de la CSJ.

Lo del Canal, como se sabe, tiene una complementariedad lógica con las contrarreformas, y no por un evento casual. Es el resultado de una acción planificada con exactitud de parte de quienes han tomado y manejan el Estado nicaragüense como un instrumento de su propiedad.

¿Qué decir que no se haya dicho respecto a los objetivos de las contrarreformas, si no confirmar que todas las críticas han sido certeras en sus apreciaciones acerca de su utilidad para las finalidades dictatoriales de Ortega?

Todo el paquete contra reformista –cual paca de ropa usada— contenía piezas descartables para Ortega, igual que ha sido para él la Constitución, sin que por ello pusiera en riesgo ni descuidara la efectividad de su negocio político. Lo principal de sus objetivos logrados se resume en unas cuantas piezas vitales para la prolongación de su régimen: 1) la posibilidad real de su reelección indefinida; 2) haber constitucionalizado el gran negocio del Canal, cualquiera sea el destino del mismo, pues le quedarían los negocios colaterales del proyecto canalero; 3) la confirmación jurídica, pero no legítima, de su dominio absoluto sobre todos los poderes del Estado; 4) la confirmación de la obsecuencia del jefe del Ejército y de la comisionada general de la Policía y, a través suyo, la sujeción de las fuerzas armadas a su voluntad omnímoda.

Con el dominio sobre el poder militar y con este controlando las instituciones civiles, Ortega establecerá su dictadura de forma plena, apenas encubierta con espurios mecanismos jurídicos, y pretendidamente justificada con eufemismos del montón sobre la “revolución” que ya no es, y el progreso social que nunca ha sido. Pero si una dictadura sigue siendo definida académicamente como “el ejercicio sin control del poder absoluto y soberano”, su significado real es la negación de las libertades públicas y la constitucionalidad. La democracia no depende ni requiere de definiciones, porque se hace sentir o se niega en la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

La reacción contra la dictadura tendrá que verse más eficiente en el futuro, aunque no se le pueda precisar fecha ni calcularle el tiempo, pero será un proceso con su inevitable desenlace final. La propia actividad de quienes ejercen los cargos públicos –máxime si lo hacen de manera fraudulenta, como efectivamente lo hacen— generará nuevas contradicciones y acrecentará los conflictos ya existentes. Toda contradicción, tarde o temprano, por medio de la lucha, termina resolviéndose a favor de los pueblos.

No podemos precisar a qué costo se resolverán estas contradicciones, pero todos lo podemos imaginar, incluso, grandes sectores de la población, por su edad, pueden calcularlo recurriendo a su propia experiencia. Pero siempre será más positivo pensar en que las contradicciones pudieran tener soluciones conforme medios cívicos, justos y democráticos, aunque, con el peso de la realidad actual, pocas libertades les quedan a la imaginación y a los buenos deseos de ver soluciones pacíficas y justas.

Habrá que agregar a todos los problemas causados por el autoritarismo, la velocidad con la cual Daniel Ortega, ahora dictador por “méritos” propios y derechos constitucionales auto otorgados, está desarrollando su plan “de trabajo”. Apenas aprobadas las reformas al Código Militar, ya puso en práctica la desprofesionalización del Ejército Nacional con el retiro del Mayor General Oscar Balladares –el lógico sucesor inmediato del General Julio César Avilés—, y destinado ya a ejercer funciones civiles creadas ad hoc para él, pero con mayor dependencia jerárquica ante Ortega.

Con el fallo espurio de la CSJ y la ruptura de la lógica cadenas de mandos del Ejército, los nicaragüenses ya no solo estamos avisados de que estamos entrando a una nueva etapa de las contradicciones dictadura-democracia, sino también estamos retados a no dejar a las nuevas generaciones las duras condiciones de la lucha que le depararán el deber de liberarse de otra dictadura. Y de eso, nadie será más culpable ante la historia, que quien encabeza la banda que –por su ambición desmedida de poder y riqueza— solo ofrecen al pueblo un futuro de sometimiento al estilo somocista, del cual solo pudo salir sobre la base de sacrificios, sangre y muerte. Aunque quisiéramos atenuar tan tremenda visión del futuro, nuestra trágica historia está ahí, inconmovible, con sus trágicos ejemplos.

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Paráfrasis



“Existen distintas circunstancias que pueden llevar al retiro”, pero el retiro del Mayor General Balladares… ¡es una circunstancia artificial creada por Daniel Ortega!