Las reformas constitucionales del 2013

por Mario Saravia




En primer lugar, deseo aclarar que este artículo se inscribe como un análisis desde la perspectiva estrictamente política y no constitucional de las reformas. La principal razón de este enfoque, radica en el periódico y sistemático irrespeto que el danielismo ha hecho de la constitución, razón que me lleva a efectuar este análisis desde una perspectiva que sea más útil para afrontar el problema de tal manera que facilite la presentación de alternativas desde un enfoque más realista.





El constitucionalismo para el danielismo, no es más que un intento burgués de pretender establecer límites al ejercicio del poder autocrático que a su vez pretende encontrar su justificación en el hecho de que el caudillo sea el representante de la voluntad popular, en otras palabras, en el soberano, y, establecer límites para el soberano no es una de sus prioridades. No está de más añadir que el ejercicio de este poder ha llevado al enriquecimiento de la familia presidencial, sus socios y allegados, en perjuicio del pueblo nicaragüense.





Una vez que se empezaron a romper los diques de contención que servían para el establecimiento de estos límites, a partir del pacto caudillesco entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, aproximadamente a partir del año dos mil, y que bajó el techo para la elección presidencial del 45% al 35%, se vino resquebrajando el sistema institucional de pesos y contrapesos. Esta situación permitió la elección presidencial de Daniel Ortega en el año 2006, con un apoyo electoral del 38% de la población. A pesar de ser una minoría, el nuevo presidente resultó electo de conformidad con las reglas del juego vigentes desde el año 2000. Sin embargo, fue con las elecciones municipales celebradas en el año 2008, que el fraude electoral masivo supuso la ruptura de las posibilidades democráticas de participación.





Los continuos fraudes, fraguados y documentados en los comicios municipales de los años 2008 y 2012, más el cometido en las elecciones generales del año 2011, no sólo supusieron el quebrantamiento del respeto a la voluntad popular y las posibilidades de participación democrática, de hecho, sino que también arrastraron la legitimidad de la que podía estar dotada esta participación. En otras palabras, la oposición política reconoció y admitió los resultados de una elección fraudulenta.





Como resultado de lo anterior, y en lo que nos concierne directamente en la actualidad, las reformas constitucionales propuestas responden a la mayoría absoluta de la que goza el danielismo en la Asamblea Nacional, mediante mecanismos fraudulentos. El conocimiento de esta situación era algo sabido y sospechado desde antes de la misma proclamación de los resultados oficiales en noviembre del 2011 y sólo era una cuestión de tiempo para esperar que las reformas que pretenden legitimar todos los atropellos cometidos a partir de los fraudes documentados, pasaran por el seno de la Asamblea Nacional. En este sentido, nada nuevo bajo el sol. Lo único, recalcar nuevamente que el reconocimiento de estos resultados electorales implicaba un suicidio político para la oposición, una vez que el sentido de la polis, en su significado más genuino, se vació cuando se estableció que unos votos contaban, mientras otros no. La ruptura del principio de igualdad, en este caso, llevó a despojar a un grupo indeterminado de ciudadanos, de su derecho de elegir, de conocer los resultados de las votaciones y de que su voto fuese respetado en consonancia, y la pérdida de estos derechos se debe entender como su muerte política. En este contexto, la oposición política asumió su diezmada representación sobre los cadáveres políticos de un indefinido número de ciudadanos privados de sus derechos.





El argumento de que la oposición política en la Asamblea Nacional podía representar a una mosca cojonera para la aplanadora oficial, no trasciende del hecho de ser una mosca. Si hemos de establecer alguna especie de paralelismo entre lo que el sandinismo ha significado en otras épocas, desde los tiempos de Sandino, difícilmente podríamos encontrar algún ejemplo de entre sus miembros que haya esperado realizar algún tipo de oposición fructífera desde la sede de la Asamblea Nacional, hasta el año 1979. El deseo era insostenible en tanto que vedado, pero en realidad tampoco era representativo de deseo alguno en ese contexto. Por el contrario, cada vez más nos acercamos al establecimiento de paralelismos con el régimen somocista y ante esta desagradable realidad o desgracia, es necesario definir una auténtica estrategia de oposición que pueda dar como resultado una suerte de milagro: conducir a cambios democráticos en medio de un sistema institucional que por su naturaleza y manera de ejercer el poder es antidemocrático.





En este contexto, no podemos esperar resultados apegados a derecho por parte de las instituciones, bajo el dominio de la voluntad dictatorial de Daniel Ortega. Cualquier demanda que no convenga a sus intereses será descartada, lo que también incluye las alternativas que se puedan plantear en la Asamblea Nacional. Contribuir a cambiar la gramática del texto constitucional no contribuirá en un ápice al cambio de su sentido, que será interpretado según la voluntad del dictador. Sólo un proceso de educación continua y sistemática de algunos focos populares puede contribuir a la toma de conciencia de las mayorías de que es necesario revertir el proceso actual en su propio beneficio. Esta labor de hormigas tiene su precedente en los procesos de formación política, principalmente urbanos, en la época de la dictadura somocista, y a partir de esos precedentes deben beber nuestras fuentes. Con una diferencia sustancial, no optar por la intensificación del conflicto, al menos, en cuanto provocado por nuestra parte.