Ortega, ¿de la “sociedad civil”?

Onofre Guevara López

Suena absurdo, luce indigerible, pero lo han dicho. Antes de ver cómo y porqué se atreven a retar toda razón con esa absurdidad, veamos algo sobre el concepto de sociedad civil, para poder observar cuán inaceptable es esa afirmación.

El concepto de sociedad civil, según los entendidos, fue usado por varios filósofos anteriores a Marx, y Gramsci lo definió en el siglo pasado. En nuestro país, ese concepto pareciera algo nuevo, pues lo tiene de “moda” la mayoría de las personas y, en consecuencia, también los medios de comunicación. No obstante, en nuestro país se acostumbra reducir su aplicación exclusivamente a las Organizaciones No Gubernamentales, conocidas como ONG.

Uno de los entendidos, Carlos Pereyra, opina que para Marx sociedad civil es igual “a condiciones materiales de vida”, una “forma de intercambio” social o “el conjunto de la estructura económica y social en un período determinado”. Esquemático, pero no se trata de abordar el tema en toda su complejidad. Aparte de que la idea de Marx es mucho más amplia, en opinión de Pereyra, el concepto de Gramsci es más claro y sencillo: “la sociedad civil solo pertenece a la superestructura”. Eso significa, que pertenece al campo de la confrontación de las ideas que desarrollan los miembros de los organismos integrados a la actividad política y al debate ideológico. Más concretamente, la sociedad civil la componen “instituciones y organizaciones no integrantes de las estructuras del Estado”.

Siempre interpretando a Gramsci, Pereyra incluye entre los principales componentes de la sociedad civil a los partidos políticos y los sindicatos, más los medios de comunicación, las congregaciones religiosas, las organizaciones empresariales y los colegios profesionales. En tal caso, las ONG se ubican en la sociedad civil como una parte de ella. No son toda la sociedad civil ni tiene su representación exclusiva, como se las considera en nuestro país.

Pocas personas comparten esta última interpretación, entre las que nos encontramos, y por ello hemos preferido utilizar para las ONG la definición de “organizaciones sociales”, partes integrantes de la sociedad civil. Sin la pretensión de corregir a nadie, sino simplemente por pensar que se corresponde mejor con la realidad. Sobre todo, porque para comprender mejor la función de la sociedad civil –en su sentido amplio, no exclusivista— se debe recordar que ella es la contraria de la “sociedad política”, representada en el Estado.

Como es sabido, el Estado no es una entelequia, algo ficticio, sino un aparato real de dominación de clase sobre el resto de la sociedad, con sus clásicos componentes, los llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y (en Nicaragua, por puro gusto) también el electoral. A cada poder corresponde su órgano represivo: ejército, policía, tribunales, etcétera.

Significa que la relación contradictoria entre la sociedad civil y el Estado es el problema o la confrontación principal dentro del país. Y está fuera de la realidad suponer que solo las ONG son las organizaciones sociales que se oponen a las políticas de Estado –la “sociedad política”—, sino toda la sociedad civil.

Esta observación e nos pareció necesaria, primero, para evitar confusión sobre la sociedad civil, y segundo, principalmente, por la falsa afirmación de que los recursos de la colaboración venezolana no necesitan pasar por el Presupuesto General de la República, porque no es una cooperación de Estado a Estado, sino una cooperación con la “sociedad civil”. Ergo: como el manejador de esa cooperación en Nicaragua es Daniel Ortega, ¡él vendría a ser la representación de la sociedad civil!

Con esta absurda afirmación no solo se arrastra por el suelo las ideas de Marx, Gramsci y de todos los mortales que aquí piensan que Daniel Ortega no solo ostenta el cargo presidencial de forma ilegal, sino que, como titular del ejecutivo del Estado nicaragüense, ha ejercido de forma autoritaria la representación del Estado –la “sociedad política”— en contra de los intereses de la sociedad civil.

¿Cómo puede, entonces, suponerse que este señor y sus empresas que manejan y se lucran con el dinero venezolano, representan a la sociedad civil, siendo el jefe de “sociedad política”, o sea, del Estado? ¿O querrán hacer creer que en Nicaragua ha desaparecido la diferencia entre el Estado y la sociedad civil y existe una relación armoniosa e idílica entre ellos, al extremo de hacerse un solo cuerpo, como no es posible verlo en ningún lugar de este planeta Tierra?

Es el mayor absurdo de todos los absurdos que se escuchan cotidianamente en la propaganda oficialista. Y si el señor Ortega fuera de verdad un representante de la sociedad civil y jefe del Estado a la vez, con tamaño fenómeno de armonía, nuestro país estaría a la vanguardia de los avances socio-políticos de toda la humanidad.

Con ese absurdo, ya no hay dudas de que en nuestro país existe mucha gente que –por fanatismo político— está deslizándose por la pendiente de la irracionalidad, y aproximándose a la locura. Pero, dado que realmente no es ninguna locura, sino una forma de justificar el enamoramiento del poder político, y todo lo que de ello se deriva, a esto le cabe mejor llamarlo un mal parto de la ambición extrema por continuar el enriquecimiento personal desde el Estado y a costa de la sociedad civil.

Si está claro que esa relación contradictoria es el problema principal de toda sociedad, entonces, combatir esa otra aberración de que Ortega es la “sociedad civil”, se vuelve también una obligación de la ciudadanía sensata y patriótica.

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Paráfrasis



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