Enfrentarse a la suspensión de pagos

Enfrentarse a la suspensión de pagos

Paul Krugman, profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008

Es posible que los republicanos hayan decidido elevar el techo de la deuda sin poner condiciones (los detalles no están claros todavía). Tal vez este sea el final de su particular táctica de extorsión, pero también puede que no lo sea porque, en el mejor de los casos, sólo estamos contemplando una ampliación a muy corto plazo. La amenaza de llegar a ese límite sigue estando ahí, especialmente si la estrategia del bloqueo sigue volviéndose en contra del Partido Republicano.

¿Y qué opciones tenemos si tocamos techo? Como podrán suponer, son todas malas, de modo que la pregunta es cuál de las malas opciones haría menos daño.

Ahora bien, el Gobierno insiste en que no hay ninguna alternativa, que si alcanzamos el techo de la deuda, la Administración de EE UU dejará de pagar todos sus gastos. Muchas personas, incluso las que apoyan al Gobierno, sospechan que esto no es más que lo que los funcionarios tienen que decir en este momento, que no pueden darles a los republicanos ninguna excusa para restarle importancia a la gravedad de lo que están haciendo. Pero supongamos que es verdad. ¿Cómo sería una suspensión de pagos total?

Un informe del Departamento del Tesoro del año pasado indicaba que si se alcanzaba el techo de la deuda, entraríamos en un “régimen de retraso en los pagos”: las facturas, entre ellas las de los intereses devengados de la deuda federal, se pagarían en el orden en que se recibiesen, a medida que se dispusiese de efectivo. Dado que las facturas recibidas cada día superarían los ingresos de efectivo, esto se traduciría en retrasos cada vez mayores. Y esto generaría una crisis financiera inmediata, porque la deuda de EE UU —hasta ahora considerada el activo seguro por excelencia— se recalificaría y pasaría a ser un activo en situación de impago, lo que posiblemente obligaría a las instituciones financieras a vender sus bonos del Tesoro y a buscar otras formas de garantía.

La perspectiva da miedo. Hay muchísimas personas —sobre todo economistas de tendencias republicanas, aunque no solo ellos— que han insinuado que el Departamento del Tesoro podría, en lugar de eso, “establecer prioridades”: podría pagar todo lo correspondiente a los bonos, de modo que toda la carga de la escasez de efectivo recayese en otras cosas. Y al decir “otras cosas” nos referimos principalmente a la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que representan la mayor parte del gasto federal que no se dedica a la defensa y el pago de intereses de la deuda.

Quienes abogan por priorizar el gasto parecen creer que todo irá bien mientras se paguen los intereses. Déjenme darles cuatro razones por las que se equivocan.

En primer lugar, la Administración de EE UU seguirá estando abocada a la suspensión de pagos, incapaz de cumplir con la obligación legal de pagar sus deudas. Se podría argumentar que cosas como los cheques de la Seguridad Social no son lo mismo que los intereses devengados de los bonos porque el Congreso no puede negarse a pagar una deuda, pero sí puede, si así lo decide, aprobar una ley que reduzca las prestaciones. Pero el Congreso no ha aprobado dicha ley y, hasta que lo haga o a menos que lo haga, las prestaciones de la Seguridad Social tienen la misma condición de inviolables que los pagos a los inversores.

En segundo lugar, dar prioridad al pago de los intereses reforzaría el terrible precedente que sentamos tras la crisis de 2008, cuando se rescató a Wall Street, pero los propietarios de viviendas y los trabajadores en apuros recibieron poco o nada. Una vez más, estaríamos dando a entender que el sector financiero recibe un trato especial porque, de no recibirlo, puede amenazar con paralizar la economía.

En tercer lugar, los recortes del gasto darían lugar a muchas penurias económicas si se prolongasen, por poco que fuese. Piensen en los beneficiarios de Medicare rechazados por los hospitales porque la Administración no paga las facturas.

Por último, aunque establecer prioridades podría evitar una crisis financiera inmediata, seguiría teniendo unos efectos económicos devastadores. Nos enfrentaríamos a un recorte del gasto inmediato y comparable aproximadamente al hundimiento de la inversión en vivienda que tuvo lugar tras el estallido de la burbuja, hundimiento que fue la principal causa de la Gran Recesión de 2007-2009. Eso por sí solo seguramente bastaría para conducirnos a una recesión.

Y la cosa no acabaría ahí. Cuando la economía de EE UU entrase en recesión, la recaudación fiscal caería en picado y la Administración, incapaz de conseguir préstamos, se vería obligada a aplicar una segunda tanda de recortes del gasto, lo que agravaría la crisis económica, reduciría los ingresos todavía más y así sucesivamente. De modo que, aunque nos librásemos de una debacle financiera como la de Lehman Brothers, seguiríamos expuestos a una crisis económica peor que la Gran Recesión.

¿Y hay alguna otra alternativa? Muchos expertos legales opinan que hay otra opción: de un modo u otro, el presidente podría sencillamente optar por desobedecer al Congreso y hacer caso omiso del límite de endeudamiento.

¿No sería esto una infracción de la ley? Puede que sí, puede que no; hay diferencia de opiniones. Pero incumplir las obligaciones federales también es una infracción de la ley. Y si los republicanos de la Cámara presionan al presidente hasta ponerlo en una situación en la que tiene que infringir la ley haga lo que haga, ¿por qué no elegir la opción que menos perjudique a Estados Unidos?

Eso, por supuesto, causaría mucho revuelo y probablemente muchos problemas legales, aunque si yo fuese republicano, lo que de verdad me preocuparía es entablar una demanda contra el Gobierno para impedir que pague las facturas hospitalarias de los ancianos. Así y todo, como he dicho, no hay ninguna opción buena.

¿Y qué pasará cuando alcancemos el techo de la deuda, si llega a ocurrir? Esperemos no averiguarlo.

Cinco años en el limbo

Joseph E. Stiglitz premio Nobel de Economía, es catedrático de la Universidad de Columbia.

Aparentemente, cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers colapsó en 2008 y detonó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, se formó un amplio consenso sobre la causa de la crisis.

Un sistema financiero inflado y disfuncional había asignado incorrectamente el capital y en vez de gestionar el riesgo, lo creó.

La desregulación financiera —junto con el dinero barato— contribuyó a una excesiva toma de riesgos. Y la política monetaria sería relativamente ineficaz para revivir la economía, incluso si se lograba evitar el colapso total del sistema financiero con dinero aún más barato. Por tanto, sería necesaria una mayor dependencia de la política fiscal (un mayor gasto público).

Cinco años más tarde, mientras algunos se felicitan a sí mismos por evitar otra depresión, nadie en Europa o Estados Unidos puede afirmar que la prosperidad ha regresado. La Unión Europea está empezando a emerger de la recaída en la recesión (y en algunos casos, de una doble recaída), mientras que algunos Estados miembros están en depresión. En muchos países de la UE, el PIB se mantiene por debajo, o insignificantemente por encima, de los niveles previos a la recesión. Casi 27 millones de europeos están en el paro.

Algo similar ocurre en Estados Unidos: 22 millones de personas que desean un empleo a tiempo completo no logran encontrarlo. La tasa de actividad en la fuerza de trabajo estadounidense ha caído a niveles que no se veían desde que las mujeres comenzaron a ingresar en el mercado laboral de forma masiva. El ingreso y la riqueza de la mayoría de los estadounidenses se encuentran por debajo de niveles muy anteriores a la crisis. De hecho, la renta típica de un trabajador masculino a tiempo completo es menor que hace más de cuatro décadas.

Sí, hemos hecho algunas cosas para mejorar los mercados financieros. Ha habido algún aumento en los requisitos de capital, pero mucho menos de lo necesario. Algunos de los derivados más arriesgados —las armas financieras de destrucción masiva— han sido incluidos en las Bolsas de valores. Eso ha aumentado su transparencia y ha reducido el riesgo sistémico, pero aún se negocia un elevado volumen en opacos mercados no organizados, lo que significa que sabemos poco sobre la exposición al riesgo de algunas de nuestras mayores instituciones financieras.

De igual manera, se ha puesto freno a algunas prácticas crediticias predatorias y discriminatorias y a comportamientos abusivos de las tarjetas de crédito, pero todavía sobreviven conductas con el mismo nivel de explotación. Los trabajadores pobres continúan siendo explotados demasiado a menudo a través de anticipos salariales con intereses de usura. Los bancos que dominan el mercado aún obtienen elevadas tarifas por las transacciones con tarjetas de débito y crédito a los comerciantes, quienes se ven obligados a pagar varias veces el precio que toleraría un mercado verdaderamente competitivo. Esto es, sencillamente, un impuesto que enriquece las arcas privadas en vez de destinarse a propósitos públicos.

Otros problemas continúan sin ser tratados y algunos han empeorado. El mercado hipotecario estadounidense aún sigue conectado a un respirador: el Gobierno ahora asegura más del 90% de las hipotecas y la Administración del presidente Barack Obama ni siquiera ha propuesto un nuevo sistema que garantice préstamos responsables con términos competitivos. El sistema financiero se ha concentrado aún más, algo que exacerbó el problema de los bancos, que no solo son demasiado grandes y están demasiado interconectados y correlacionados para caer, sino que también son demasiado grandes para ser gestionados y para pedirles responsabilidades. A pesar de un escándalo tras otro, desde lavado de dinero y manipulación del mercado hasta discriminación racial en los créditos y las ejecuciones hipotecarias ilegales, ningún funcionario de alto nivel ha sido señalado como responsable; cuando se impusieron sanciones financieras, fueron mucho menores de lo necesario, no fuera a ser que las entidades sistémicamente importantes pudieran verse en peligro.

Las agencias de calificación de riesgo han sido declaradas responsables en dos juicios privados. Pero también en este caso lo que pagaron fue una fracción de las pérdidas que causó su actuación. Algo más importante aún, el problema subyacente —un sistema de incentivos perversos en el que reciben dinero de las empresas a las que califican—, aún debe cambiar.

Los banqueros presumen de haber pagado totalmente los fondos de rescate que recibieron del Gobierno cuando comenzó la crisis. Pero nunca parecen mencionar que cualquiera que hubiera recibido enormes créditos gubernamentales a tasas de interés cercanas a cero podría haber ganado miles de millones con el mero hecho de prestar nuevamente ese dinero al Gobierno. Tampoco mencionan los costosos impuestos al resto de la economía: una pérdida acumulada del producto en Europa y EE UU que supera largamente los 5 billones de dólares.

Mientras tanto, resultó que quienes sostuvieron que la política monetaria no sería suficiente estaban en lo cierto. Sí, todos fuimos keynesianos, pero durante demasiado poco tiempo. El estímulo fiscal fue reemplazado por la austeridad, con efectos adversos predecibles —y predichos— sobre el desempeño de la economía.

Hay en Europa quienes están contentos porque la economía puede haber tocado fondo. Con el regreso del crecimiento del producto, la recesión —definida como dos trimestres consecutivos de contracción económica— oficialmente ha terminado. Pero sin importar cómo se la mire en busca de resultados significativos, una economía en la cual los ingresos de la mayoría de la gente se encuentran por debajo de sus niveles previos a 2008 aún está en recesión. Y una economía en la cual el 25% de los trabajadores (y el 50% de los jóvenes) están desempleados —como ocurre en Grecia y en España— continúa deprimida. La austeridad ha fracasado y no hay perspectivas de un pronto regreso al pleno empleo (no sorprende que las perspectivas para EE UU, con su versión más limitada de la austeridad, sean mejores).

El sistema financiero puede ser más estable que hace cinco años, pero eso implica un bajo listón: en aquel momento se tambaleaba al borde del precipicio. Quienes se felicitan a sí mismos en el Gobierno y el sector financiero por el regreso de los bancos a la rentabilidad y por las tibias —aunque difíciles de conseguir— mejoras regulatorias deben centrarse en lo que todavía resta por hacer. Solo un cuarto del vaso está, como mucho, lleno; para la mayor parte de la gente, las tres cuartas partes están vacías.