El tour de los empresarios

¿Se atreverán el Cosep y Amcham a formular las preguntas que Ortega y Wang deben responder?

Carlos F. Chamorro



Una veintena de empresarios de las cámaras del Cosep y Amcham, viajaron a China escoltados por Laureano Ortega Murillo, hijo del Presidente y enlace del mandatario con el empresario chino Wang Jing, y por el jefe de la bancada parlamentaria del FSLN, Edwin Castro, presuntamente para conocer de primera mano las empresas de Wang y sus planes para desarrollar la concesión canalera otorgada en junio de este año de forma atropellada por la Asamblea Nacional.

Lo primero que los viajeros están obligados a aclarar es si este tour está siendo financiado Wang Jing, o por la agencia de inversión Pro Nicaragua que alega representar Laureano Ortega. El detalle tiene suma relevancia. Si el que paga los costos del viaje es Wang Jing, sus invitados deberían admitirlo para que sepamos a qué atenernos a la hora de valorar los resultados de sus gestiones.


En el mismo sentido, si se trata de una iniciativa de la agencia público privada promotora de inversiones, de reconocida eficiencia y profesionalismo, también debería hacerse público cuál el origen de los fondos. Porque si ese fuera el caso, no encontramos ninguna justificación para que hayan sido excluidos de la delegación el jefe de la bancada opositora, así como científicos, economistas, juristas y ambientalistas independientes, que demandan un estándar riguroso de transparencia sobre este megaproyecto. En ausencia de estas voces críticas e independientes, este viaje luce como una típica operación concebida por lobistas profesionales para orquestar una caja de resonancia que se hará eco de lo que quieren decir y escuchar los que la están financiando.

Pero los empresarios del Cosep y Amcham merecen que se les otorgue el beneficio de la duda. Hace cuatro meses, ellos demandaron al gobierno un asiento en la Comisión del canal interoceánico para monitorear desde adentro este proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo y la Asamblea no les concedieron esa representación institucional. Ahora tienen la oportunidad de tomársela por la vía de los hechos. La pregunta clave es ¿si fueron a China a una gira turística para explorar únicamente sus propias oportunidades de negocios, o si las cámaras empresariales pueden representar el interés nacional, en un asunto de máxima trascendencia para el país?

Esto último requeriría, como mínimo, que los empresarios al menos formulen las preguntas que hasta ahora Ortega y el concesionario chino se han negado reiteradamente a responder sobre el megaproyecto del canal interoceánico.

¿Indagarán los empresarios sobre cómo hizo su “fortuna” Wang Jing, a quien los medios de comunicación internacionales describen como un personaje misterioso, que nunca ha exhibido su hoja de vida más elemental, ni ha podido explicar cuál es el origen de su capital?

¿Investigarán si Wang Jing es de verdad un empresario privado como presume, o acaso, como muchos expertos internacionales sospechan, es más bien una pantalla, un “frontin”, un testaferro de poderosos intereses del establecimiento político y económico de la República Popular China?

¿Le pedirán cuentas, por ejemplo, sobre por qué nueve meses después de que Telcor le otorgó una concesión a Xinwei, para invertir 700 millones de dólares anuales por tres años en telecomunicaciones, esta empresa no ha invertido ni un centavo en la instalación de una sola línea telefónica en Nicaragua? Si hasta ahora Xinwei ha sido un fiasco como inversionista, ¿qué tipo de arreglo secreto hizo Wang con Ortega para que éste le otorgara la concesión más vendepatria de la historia nacional, por un monto veinte veces mayor, que compromete el medio ambiente y a las generaciones futuras?

¿Se atreverán a encarar al beneficiario de una concesión que fue escogido por el dedo presidencial, sin someterse a una licitación, y sin una debida consulta nacional en la Asamblea Nacional? ¿Es ese el esquema mercantilista de negocios con el Estado que ellos desean perpetuar en Nicaragua, eliminando toda clase de competencia?

¿Le recordarán a Wang que la concesión canalera enfrenta 31 recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, por violaciones a la soberanía nacional y a la Constitución de la República?

¿Demandarán al concesionario que ponga a disposición de instituciones no oficiales, como la Academia de Ciencias o Transparencia internacional, los términos de referencia de los contratos suscritos con todas las empresas consultoras, para que sean sometidos a un escrutinio independiente?

¿Podremos, finalmente, los nicaragüenses a través de Cosep y Amcham acceder a los millonarios contratos de consultoría, incluidos los de impacto y factibilidad ambiental, que el propio gobierno de Nicaragua dice desconocer, y evaluar los eventuales resultados sobre los estudios del canal?

En realidad, nadie espera que las cámaras empresariales llenen el vacío que ha dejado la capitulación del Estado ante Wang Jing, pero los empresarios tienen una oportunidad privilegiada para brindarle un servicio invaluable al país. Ello depende de si en verdad tienen un compromiso con el interés nacional, o si únicamente están al servicio de sus propios intereses de negocios, al amparo del modelo corporativista.

El promotor de la ley menos transparente de la historia de Nicaragua, que además podría desembocar en el mayor acto de corrupción de todos los tiempos, confía a ciegas en que los grandes capitales avalarán este negocio multimillonario con su socio Wang Jing, a cambio de la promesa de alguna tajada del pastel.

¿Pueden el Cosep y Amcham demostrar que Ortega está equivocado?

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