Consecuencias de la masacre

Onofre Guevara López

La Comisionada General de la Policía no contestó las insistentes preguntas de los periodistas sobre los vacíos e incongruencias que dejó sobre el móvil de la masacre, cuando presentó ocho de los nueve autores del acto terrorista del 19 de julio, suponiendo quizá que tenían intención política. Es lo habitual entre los funcionarios públicos negarse a responder cuando son inquiridos sobre algo de interés nacional.

Al margen del criterio que tenga un periodista al preguntar sobre determinado asunto, para él es un deber elemental elaborar la noticia e informar, respondiendo al dónde, cómo, quién, cuándo y por qué ocurre un suceso determinado. Las respuestas a sus preguntas pues, son claves para ofrecer la versión completa del suceso, y negarse a responder es la clave de los secretismos oficiales. La Policía asegura que los individuos presentados decidieron cometer ese acto criminal, simplemente porque son delincuentes comunes con ganas de matar.

Hay un empeño en no reconocer que pudieran tener motivaciones políticas, como si no hubiese crímenes políticos. Según la Comisionada Granera…“No tiene necesariamente que haber robo para ser un acto criminal, son criminales con antecedentes delictivos…” Pero si se ha comprobado que varios de los capturados tienen antecedentes políticos, su crimen tiene implicaciones necesariamente políticas, aunque su visión y su actuación políticas sean aberraciones y al margen de un partido. Veámos un caso contrario: si un funcionario –que para serlo, aquí, tiene que ser político oficialista— roba en el Estado, comete un delito común, pero con un matiz político, porque su robo es parte de la corrupción política de su partido. No hay barreras infranqueables entre ambos delitos, menos cuando se cometen en una simbólica fecha política y las víctimas son partidarias del gobierno.

Aparte de eso, la condena nacional de la masacre como resultado del ataque armado en Darío contra celebrantes del 19 de julio, fue un apoyo moral a la Policía en sus tareas de investigar, capturar y llevar los asesinos ante los tribunales de justicia. Ese apoyo tradujo la confianza de la opinión pública en que la institución policial cumpliría su misión, no solo por reclamarlo su carácter criminal y antisocial, sino también porque, siendo las víctimas partidarias del partido oficial, le daba un estímulo adicional que no lo tuvo para investigar hechos criminales anteriores, donde las víctimas fueron opositoras. No obstante, la condena de la masacre del 19 de julio, ningún sector social y político la condicionó al cambio de la negligencia y la parcialidad policial.

La actitud positiva de la ciudadanía no es correspondida, pues más bien la Policía provocó reclamos por la violencia utilizada, sus métodos irrespetuoso de los derechos humanos, el terror en muchos hogares a deshora y golpizas a los capturados contra todo derecho, aun cuando tuvieran pruebas de su culpabilidad. Esas irregularidades –que se han vuelo regulares en la Policía—las acompañaron con otras, como el secuestro de personas sobre cuyo paradero no dieron información a sus familiares durante varios días. Este es un proceder policial vengativo, más que justiciero.

Pero ha confirmado que este gobierno actúa al margen del derecho, y esto no es una revelación, sino un hecho de vieja data, porque todas las fuentes del poder –el aparato estatal, la Policía, el Ejército y “el partido”—, están bajo el control absoluto de una persona y su familia. El llamado “partido” no existe en la forma clásica que conocemos de un partido político. Este es un aparato burocrático dirigido con autoritarismo, por jefes impuestos sobre una masa obediente de “militantes”, cuyos carnés ganaron con el miedo a perder el empleo en el Estado, con su ciega adhesión a las consignas oficiales o con la esperanza de conseguir “algo”.

Ese hecho se hizo presente cuando después de la captura de los cuatro que supuestamente se habían reunido para tirar piedras a los autobuses y facilitar la masacre, de inmediato aparecieron los carnés de cada quien. ¿Son verdaderos militantes, o son “militantes” de carnés regalados para obtener sus votos?

Para ampliar ese panorama aberrante de la política, los propagandistas del orteguismo, quienes anteponen la adulación a la verdad para proteger los privilegios de que disfrutan, se burlaron de las madres y otros familiares que protestaron por las capturas sin orden judicial, rompiendo puertas a patadas que causaron crisis emocionales a los niños, argumentando que eso es inevitable, que sucede “en todas partes” y que ninguna Policía del mundo les envía una nota de cortesía al sospechoso, pidiéndole que saque a sus niños de casa para que no sufran violencia; si los niños sufren, es culpa de los sospechosos, no de la Policía, se dijo. (Versión nica del argumento sionista que justifica matar niños en Gaza, porque allí hay terroristas).

El autor de ese cinismo es un señor que en el pasado sufrió violencia con la destrucción de su radio de parte de quienes ahora son sus ídolos y benefactores. Entonces se lamentaba de la violencia, ahora le parece normal. Blanco preferido de sus ataques, son también los miembros de los organismos defensores de los derechos humanos, quienes con humanismo, valor personal y leyes en manos, denuncian las violaciones e ilegalidades de la Policía. A los riesgos físicos que corren estos defensores, el periodista oficialista les suma ataques personales, acusándoles de hacer labor anti policial, “porque así se ganan la vida”.

¿Es que ellos, los oficialistas, acaso no se ganan la vida defendiendo abusos del orteguismo y su corrupción? Otros se ganan la vida robando en el Estado, cepillando a sus jefes, muchos más explotando gente, traficando influencias y atropellando derechos humanos. Aquí, todo el mundo sabe cómo se gana la vida cada quién.

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Paráfrasis



“El que no trabaja no come”, decía una vieja consigna que solo ha sido efectiva… ¡para los desempleados forzosos!