Las razones de nuestro Movimiento
Las vandálicas acciones de pandillas armadas de morteros, de piedras y de una voluntad perversa de destrucción, ocurridas la semana anterior, no fueron de generación espontánea, sino el cumplimiento de una práctica constante organizada por el gobierno orteguista en contra de las libertades de reunión y movilización, con el fin de provocar el terror entre la ciudadanía que le permita crear condiciones para cumplir la pretensión reeleccionista y continuista del presidente Daniel Ortega.
El país lleva ya tres años durante los cuales el orteguismo ha venido realizando una continua actividad violatoria de la Constitución Política, buscando cómo darle una imagen de legalidad a sus aspiraciones personales y de grupo, contrarias al espíritu y la letra de las leyes y la Constitución, y estas falsificaciones atentan contra el desarrollo social democrático que necesita nuestro país.
Dentro de este proceso de falsificaciones, está el decreto del 9 de octubre de 2009, emitido por una Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, constituida de forma ilegal solamente por magistrados orteguistas, con el cual llegaron al colmo de reformar la Constitución en su artículo 147 y, con ello, declararla, absurdamente, “inconstitucional”, porque no le permite al presidente Ortega la reelección continua y porque, además, está ejerciendo la presidencia por la segunda vez constitucionalmente permitida. También, con ese decreto, usurpan el derecho que sólo tiene una mayoría calificada del sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional, o sea, de 56 votos, para ser reformada legalmente.
El otro decreto, el 03-2010, con el cual el presidente usurpa la facultad de de prorrogar en el cargo a 25 funcionarios de dos Poderes del Estado, cuya elección sólo corresponde a la Asamblea Nacional. Para el robo de esta facultad, el orteguismo cometió el absurdo de exhumar el artículo transitorio, el 201, de la Constitución aprobada en 1987, cuya vigencia murió por la reforma de la misma Asamblea Nacional, publicada el 6 de marzo de 1990, y por haber cambiado, el 9 y el 25 de abril de 1991, la situación para la cual se había aprobado.
En plena manipulación y violaciones constitucionales, el orteguismo pasó de inmediato a la etapa de la represión violenta contra quienes se oponen a sus desmanes ilegales, por medio de pandillas armadas de morteros y piedras, desconociendo su inmunidad de los diputados y su derecho de reunirse en la sede de la Asamblea Nacional, y en cualquier otra parte, como lo hicieron en un hotel capitalino. En el inicio de esta etapa de violencia, los ex magistrados del orteguismo en la Corte Suprema de Justicia demostraron, con su presencia física entre las turbas represivas, que no les importan las leyes ni la Constitución, sino satisfacer ambiciones propias y ajenas, y que utilizan el poder como su propia empresa o hacienda para siempre.
Estas acciones ilegales y violentas del orteguismo tienen sus antecedentes inmediatos en la represión, utilizando piedras y morteros, que desató contra las protestas por el fraude cometido por su Consejo Supremo Electoral con las elecciones de noviembre del 2008. Hecho lamentable y significativo en esta escalada represiva gubernamental, ha sido la pasividad –que para muchos es también complicidad—, de los mandos de la Policía Nacional, que previa, continua y peligrosamente para la estabilidad democrática, han venido siendo influenciados por el presidente Ortega, como un recurso más de los que utiliza para culminar sus pretensiones continuistas.
Inseparable de esta ofensiva contra los derechos democráticos de los nicaragüenses, se observa la complacencia del gobierno orteguista con la corrupción de los personajes ligados directamente a las violaciones a la legalidad y la transparencia de las elecciones. Pero la complacencia con estos personajes no sólo premia su actuación en el fraude del 2008, sino también porque ellos han montado y manejan una maquinaria electoral apta para cometer fraude en cualquier elección futura, por lo cual, la reelección de los magistrados del CSE, es parte inseparable de un fraude en marcha. Por ello, la lucha por que se nombren nuevos magistrados en el CSE, debe incluir la depuración de la maquinaria que han logrado montar. Por tal motivo, no puede haber un verdadero movimiento cívico contra la reelección, sino se acompaña con las acciones contrarias al permanente fraude electoral que significa la continuidad del mismo corrupto Consejo Supremo Electoral.
Todos estos, y otros, problemas creados por este gobierno, nos han impelido a buscarles salidas democráticas y reivindicativas de los derechos de los nicaragüenses, por medio de la unidad de las buenas voluntades y las decisiones de lucha por las libertades públicas, en un movimiento no partidario, pero con un proyecto político, amplio y democrático, para cuya legitimación ahora lanzamos un pronunciamiento público a consideración del pueblo nicaragüense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario