Mónica Zalaquett
La declaración: “me duelen los errores de policías”, expresada la semana pasada por la Jefa de la Policía Nacional, Comisionada Aminta Granera, en referencia a la denuncia de violación contra una niña con discapacidades, resulta dolorosamente contrastante con las declaraciones del padre de la víctima, que recuerda que la pequeña llegó “ arruinada, desbaratada, sin ganas de vivir, derrotada, ensangrentada” .
¿Es un “error” hacerle esto a una niña? Parece mentira que muchas personas califiquen estos crímenes como “debilidades”, “errores”, “cosas que ocurren”, “bandidencias”, “problemas aislados”, expresiones que minimizan la gravedad de los hechos y sugieren por lo tanto que no son tan punibles.
A esto nos referimos cuando decimos que entre las mentalidades que prevalecen en nuestra sociedad y las leyes, como la recientemente aprobada acerca de la violencia contra las mujeres, media un abismo que vuelve muy complejo el acceso real a la justicia.
Habría que preguntarse cómo habría calificado este crimen la Comisionada Granera si los acusados no hubiesen sido policías. Si su voluntad era tratarles así por tratarse de policías detenidos, le recordamos que debería ser al contrario, pues precisamente quienes tienen más poder tienen más responsabilidades, y las leyes contemplan agravantes para esos casos. Mejor hubiera sido valorar y felicitar la acción del subcomisionado Donald López, que actuó como se debía, al igual que tantos policías honestos, comprometidos y rectos que existen en la institución y cuyo comportamiento no debería ser la excepción sino la regla.
Lamentablemente se percibe que mientras más poder se tiene más impunidad, y más temor existe en la ciudadanía a denunciar delitos sexuales que ponen en entredicho las creencias de género acerca de la supremacía de los hombres sobre los cuerpos femeninos e infantiles.
Por lo tanto, el poder y la impunidad van de la mano, y cuando se ha vivido por siglos en una cultura autoritaria, es el silencio y no la denuncia lo que va a imperar. De ahí que sea normal que tanta gente considere que “el pecado está en el escándalo” y sospeche, culpabilice o castigue a la víctima por atreverse a desafiar al poder, sea este familiar, público o institucional.
Se hace cada vez más urgente e impostergable frenar una situación que cotidianamente trae la desgracia a millares de víctimas y a sus familiares y que impacta de una manera u otra en toda la sociedad. El adultismo, como una de las manifestaciones más perversas de la creencia patriarcal, debe ceder paso a la defensa real del interés superior del niño y la niña. El Estado de Nicaragua que ha firmado una diversidad de convenios internacionales sobre el tema y debe respetarlos y hacerlos respetar. Los niños y niñas no tienen las mismas posibilidades de los adultos de defenderse, por lo cual hay que protegerlos y esto no es una elección ES UNA OBLIGACIÓN de cada adulto, de las instituciones públicas y privadas y del Estado nacional.
Se hace urgente educarnos sobre las leyes y convenios existentes, pero sobre entender la raíz cultural de estos crímenes. Como nos recuerda este doloroso caso, el abuso sexual acaba de golpe y para siempre con la autoestima, la confianza y alegría infantil, y deja huellas permanentes, emocionales y psicológicas que en la vida adulta pueden llevar a la persona a su autodestrucción y/o a la destrucción de otros y otras. Por ello señalamos a la violencia sexual como un crimen emocional, porque sus secuelas físicas no se comparan con el impacto inmediato y mediato que tendrá a lo largo de toda la vida de la víctima y de sus familiares.
Para que niños, niñas y adolescentes puedan romper el silencio, se necesita una sociedad dispuesta a nombrar como se debe a los delitos sexuales, a brindar credibilidad, proteger y no culpar a las víctimas, a hacer justicia y castigar a los agresores, pero sobre todo una sociedad dispuesta a prevenir que esto ocurra, para lo cual es urgente una intensa y permanente labor educativa que permita entender sus causas y consecuencias, su magnitud tan silenciada y su inmensa gravedad.
*Directora del Centro de Prevención de la Violencia,
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