Edmundo Jarquín | 11/12/2010
En adición a las especulaciones sobre el nerviosismo que seguramente habrá en los círculos más estrechos del Orteguismo al revelarse, a través de las filtraciones de WikiLeaks, que algunos miembros de esa intimidad han cuestionado la salud mental del Presidente, lo único que podría tener cierta trascendencia son las informaciones sobre la penetración del narcotráfico en el sistema judicial.
La trascendencia no procede de la novedad de la información, porque toda había sido conocida en su oportunidad a través de los medios de comunicación nicaragüenses, siendo, como muchos ya lo han señalado, lo que en términos informativos se conoce como un “refrito”.
Las implicancias están en que seguramente se abrirá en las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos un cierto debate al respecto. El Presidente Ortega se ha venido empeñando en ofrecer a los Estados Unidos un pacto tácito, semejante al que durante décadas explícitamente prevaleció en las relaciones entre el régimen de los Somoza y los diversos gobiernos norteamericanos. En este caso era mayor seguridad anticomunista y menos democracia, como ocurrió con tantas otras dictaduras y gobiernos autoritarios en América Latina, hasta el fin de la guerra fría. En el caso de Ortega es mayor seguridad en la lucha contra el narcotráfico, que ha pasado a ser una de las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos, a cambio de mayor tolerancia frente a menos democracia.
Es tal el empeño de Ortega al respecto, que hemos visto que el argumento de la lucha contra la narcoactividad se ha esgrimido también a propósito del diferendo limítrofe con Costa Rica.
El caso, sin embargo, e independientemente de las responsabilidades individuales que puedan ser establecidas, es que no puede haber un sistema judicial contaminado por la corrupción de la política que no termine contaminado por la corrupción del narcotráfico. Se ha visto en el caso de las narcoliberaciones, que han frustrado en varias ocasiones el esfuerzo de la policía y el ejército que habían capturado a los narcoliberados.
Así como en la seguridad anticomunista de Somoza se incubó una revolución, en la seguridad antinarcotráfico del gobierno de Ortega podría estarse incubando una narcoexplosión, como la que ya padecen otros países.
Y este es otro ángulo. Independientemente de las relaciones con los Estados Unidos, es por nuestra propia salud como sociedad que requerimos un sistema judicial sano, que sea un muro de contención frente a la narcoactividad y todas las manifestaciones del crimen organizado. Y esto significa más, y no menos democracia, que es lo que Ortega ofrece.
Seguridad democrática
En el contexto de la maquillada que se está dando en la Asamblea Nacional a las leyes que sobre defensa, seguridad y territorios limítrofes propuso el Presidente Ortega, la llamada ley de seguridad nacional establece un pomposo Sistema Nacional de Seguridad Democrática.
Más allá de la retórica y los enunciados, varios diputados y analistas insisten que en su esencia esas leyes han quedado intactas, y las mismas deberían ser objeto de mayor estudio y debate.
Pero a propósito del Sistema Nacional de Seguridad Democrática, en el contexto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se aprobó en los años 90 un Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática. En el marco de ese Tratado existe una Comisión de Seguridad, y ocurre que desde hace algún tiempo el gobierno de Ortega ha venido progresivamente autoexcluyéndose de la misma, al extremo que últimamente ha dejado de participar casi totalmente.
Si de ser consistentes se trata, se debería entender que no habrá seguridad democrática dentro de Nicaragua si no la hay, también, en el vecindario.
Seguridad democrática sin democracia
Pero la pregunta de fondo es si acaso puede haber seguridad democrática sin democracia.
El piso de la democracia son elecciones libres y confiables, en que los votos se cuentan bien. Sería bueno que los diputados que se dan por satisfechos con la maquillada que se ha dado a la ley de seguridad nacional se pregunten en qué medida esa ley nos ayudará a tener unas elecciones verdaderamente democráticas en noviembre del próximo año.
También sería bueno que se pregunten en qué medida esa ley nos ayudará a tener un mejor sistema judicial y un verdadero Estado de Derecho.
Lo que resulta más ligero de la mencionada ley es que enuncia, y con buen fundamento, que la seguridad democrática también requiere eliminar la pobreza, pero ocurre que para tal fin no basta establecerlo en una ley, sino que se adopten las políticas que efectivamente conduzcan a eliminar la pobreza, y no es lo que está ocurriendo con el gobierno de Ortega.
Más que ligereza, escarnio
Más que ligereza, esos enunciados de la mencionada ley lucen como un escarnio.
En los 12 años precedentes al gobierno de Ortega, el ingreso por habitante creció en promedio 2.2% cada año, lo que de por si era poco si se quería remontar los grandes déficits económicos y sociales que se acumularon en los años 80. Pero al menos estaba creciendo el ingreso por habitante.
Es el caso, en cambio, que en los casi cuatro años de gobierno de Ortega el crecimiento del ingreso por habitante ha sido casi cero. Así es sencillamente imposible abatir la pobreza.
Entonces, sin institucionalidad democrática y con estancamiento económico, el Sistema Nacional de Seguridad Democrática no pasará de ser un enunciado, tan alejado de la realidad como los rótulos del escarnio que llaman a celebrar 31 años de triunfos.
Luces y sombras
Un visitante hospedado en el hotel Princess Hilton me comentó que desde su ventana se aprecia, en lo que el Orteguismo ha bautizado como Plaza de las Victorias, un engalanamiento de luces navideñas que no tiene nada que envidiar a lo que se aprecia en ciudades de países más ricos.
Sí, le dije, pero cuando pasen los artificios navideños volverán las sombras, las sombras en que viven la inmensa mayoría de nicaragüenses.
(Este texto corresponde a la edición 130 de la columna El Pulso de la Semana, que el autor transmite por Radio Corporación)
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