Durante más de ocho años los nicaraguenses hemos sido sometidos a un bombardeo sistemático a través de los medios de comunicación oficiales y el modelo de intercambio de servicios públicos condicionado a lealtades políticas, según los cuales todo lo bueno que ocurre en el país es el resultado de la gracia del “comandante Ortega y la compañera Rosario”. Usando la fuerza y la cooptación, el régimen orteguista ha intentado construir el monopolio de la intermediación política hacia la población, especialmente con los más pobres, apuntalado en el desvío y la ilegal apropiación de la millonaria cooperación estatal venezolana.
La comunidad de Rancho Grande ha hecho el milagro en estos días de exhibir la fragilidad del monólogo oficial, exponiendo los pies de barro en que se sostienen los ídolos monumentales del Orteguismo. Miles de personas en este municipio, en su mayoría campesinos, le han demostrado al país que los cambios sociales en realidad radican única y exclusivamente en el poder de la gente y en su capacidad de organización y movilización que pueden lograr, incluso, que un gobierno autoritario rectifique un acto considerado ya como un hecho consumado.
La sorpresiva denegación de un permiso de explotación minera en Rancho Grande, solo se explica por la persistencia de este movimiento campesino autoconvocado, que ha logrado poner en primer plano de la agenda nacional la necesidad de debatir a fondo el tema de la minería a cielo abierto. Pero sobre todo está reinvindicando el derecho a la participación ciudadana y la consulta popular, derechos constitucionales conculcados por el régimen que ahora empiezan a ser restituidos por la gente en un acto de soberanía popular.
Esta irrupción de los ciudadanos demandando participación y ser tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales, cuestiona también el modelo imperante del corporativismo autoritario que invoca un “consenso” basado en la relación exclusiva de los grandes grupos empresariales y el gobierno, excluyendo a amplios sectores de la población. La protesta de Rancho Grande y el sorpresivo viraje gubernamental, revela que la discrecionalidad presidencial nunca podrá sustituir una auténtica institucionalidad democrática para desarrollar un esquema de negocios sostenible. Porque, además, cuando se trata del cálculo político los compromisos adquiridos por el gobernante resultan prescindibles, y el comandante Ortega está demostrando que a pesar de su aparente fortaleza, sí está legítimamente preocupado por las elecciones presidenciales y legislativas del 2016.
Como bien han explicado los analistas del Centro Humboldt que monitorean el proyecto de Rancho Grande desde sus inicios, la súbita preocupación ambientalista del gobierno a través de Marena no ha hecho más que retomar las objeciones y preocupaciones de la población, que antes habían sido expuestas y documentadas en informes y hasta en un recurso de amparo, que fueron ignorados por el gobierno. Enhorabuena, si de verdad Marena tiene el compromiso de hacer cumplir las leyes ambientales, pues ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en el caso de la onerosa concesión del canal interoceánico.
Rancho Grande enseña también que la protesta pacífica, cuando tiene arraigo popular, puede vencer al paramilitarismo, las amenazas de violencia y las contramarchas oficiales. Pero nadie debe hacerse falsas ilusiones. El milagro de Rancho Grande no cayó del cielo, aunque contó con el apoyo decidido del obispo de Matagalpa que le dio una proyección nacional. La movilización no fue el producto de un acto espontáneo o de la inspiración divina de líderes mesiánicos, sino más bien la cosecha de un movimiento campesino que tiene casi una década de gestación. Bien harían los líderes políticos y sobre todo los jóvenes que aspiran a promover una agenda de cambio, en conocer y aprender de esta experiencia, para fijar sus metas a largo plazo.
El milagro de Rancho Grande ha sido redescubrir el poder de la gente.
