Dos reflexiones

Dos reflexiones
El diferendo tico, la OEA y el fraude electoral
Carlos F. Chamorro | 8/11/2010

La demostración de apoyo nacional que se expresó la semana pasada al proyecto del dragado del Río San Juan, --una vieja aspiración que por cierto fue bloqueada por intereses políticos mezquinos en la contraloría durante el gobierno de Enrique Bolaños-- evidencia que, por encima de cualquier diferencia política, estamos ante un proyecto de carácter nacional.

Nuestros derechos soberanos en el Río San Juan, la demanda del amojonamiento de la frontera con Costa Rica, igual que el reclamo de nuestros derechos territoriales en la plataforma del mar caribe en las zonas limítrofes con Honduras y Colombia, responden a una política de Estado. Quizás es la única estrategia de consenso que ha existido en el país en las últimas tres décadas, y ha sido practicada por gobiernos de distintos signos políticos. Por eso mismo, porque se trata de una política de Estado que cuenta con un respaldo nacional, los gobernantes, en este caso le toca al presidente Daniel Ortega, deben ser particularmente responsables en representar el interés nacional, defendiendo la soberanía en el ámbito más estricto de la legalidad, pues de lo contrario, se debilitaría la posición de Nicaragua.

A nuestro país le conviene que se esclarezcan las contradicciones que han surgido en torno al trazado fronterizo que establecen los mapas históricos, así como los propios mapas nicaragüenses y costarricenses, para despejar cualquier duda sobre el territorio que están ocupando las tropas nicaragüenses. Porque aquí lo que está en juego no es la palabra de Edén Pastora, el funcionario del gobierno a cargo del dragado, sino la credibilidad y la confianza en el ejército de Nicaragua que está ejerciendo una función de soberanía en esta zona. Y así como las bancadas opositoras en la Asamblea han respaldado la gestión del gobierno y del ejército, el gobierno debería actuar en consecuencia con absoluta responsabilidad y transparencia.

En Nicaragua, nadie debería hacer cálculos de obtener réditos políticos de una situación, donde lo único que debe prevalecer es el interés nacional. En el caso de Costa Rica, es evidente que el gobierno de la presidente Chinchilla actuó con precipitación y desmesura al denunciar una supuesta invasión militar de Nicaragua, y debería abstenerse de escalar el conflicto involucrando a terceros países.

El amojonamiento de la línea fronteriza que ha propuesto Nicaragua, es un asunto de interés binacional, que debería facilitar una solución permanente al diferendo con Costa Rica. Y ojalá que el proyecto del dragado sea el punto de partida para poner en la agenda nacional el ejercicio pleno de la soberanía en el Río San Juan con proyectos de desarrollo, en una zona de nuestro territorio, que se ha mantenido en el abandono desde siempre, a pesar de la advertencia que hiciera hace cuarenta años mi padre Pedro Joaquín Chamorro, cuando después de recorrer el río hasta San Juan del Norte, bautizó esta zona como “los pies descalzos de Nicaragua”.

La OEA y el fraude

Si el tema del Río San Juan es uno en el que Nicaragua cuenta con una posición sólida porque existe un consenso nacional, nuestro sistema electoral evidencia que al romperse el consenso nacional, la posición del país resulta sumamente vulnerable. Me refiero al descrédito por el que atraviesa la institución electoral, al cumplirse la próxima semana 2 años después de un escandaloso fraude en más de 40 municipios, que ha sido ampliamente documentado. Un fraude que rompió el consenso en las reglas del juego más elementales de la competencia democrática.

Dos años después, en vez de corregirse los errores la situación del Consejo Suprema Electoral esta igual o peor. Porque se ha impuesto una política de fuerza y de violación a la Constitución, que pretende justificarse en base al cinismo oficial y la ambición de poder del presidente Ortega.

Y ahí están los resultados a la vista de todos: unos magistrados electorales de facto, la prohibición de la observación electoral nacional, y ahora se convoca a nuevas elecciones con ese mismo consejo y la misma maquinaria del fraude.

Irónicamente, mientras ocurre este virtual golpe a la institucionalidad democrática, llega al país invitado por el gobierno el secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, a mediar por el conflicto diplomático con Costa Rica. Muchos ciudadanos se sienten frustrados porque la OEA no ha reclamado al gobierno por la violación a la carta democrática. Pero es evidente que mientras el pueblo nicaragüense no reclame con beligerancia la violación a la Constitución y el fraude electoral, la OEA no va a ejercer ninguna presión efectiva sobre el gobierno.

Por eso insistimos en que la crisis política del país, no la va a resolver la OEA sino únicamente la presión del pueblo organizado, y de ello depende enteramente el futuro electoral de Nicaragua en el 2011.